Coalición negocia fórmula para deuda con judiciales que se arrastra desde gobierno de Mujica

Los diputados Conrado Rodríguez (Partido Colorado), Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional) e Iván Posada (Partido Independiente) tienen avanzada una fórmula que permite otorgar el aumento salarial del 26,03% a los funcionarios judiciales para saldar el conflicto generado en 2011 con la votación del Presupuesto. En aquel momento se aprobó ese incremento salarial para los ministros de Estado que no tuvo en cuenta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia están equiparados constitucionalmente a los primeros, y su vez, a los ministros de la Corte están enganchados salarialmente los restantes funcionarios judiciales.

Sin embargo, la fórmula a la que se llegó ahora deja por fuera a los magistrados (ministros de la Corte y demás jueces) para no agrandar la brecha que existe entre ministros de Estado y ministros de la Suprema Corte. Actualmente éstos cobran casi $ 30 mil más que los ministros de gobierno. De aplicarse la fórmula acordada también a los jueces, esa brecha se agrandaría a $ 50 mil (de $ 280 mil a $ 320 mil aproximadamente).

Para aprobar la reforma salarial los legisladores deberán, entre otras cosas, cambiar otras leyes, reconsiderar votaciones e incluir excepciones en el Presupuesto. A los funcionarios, además, se les pedirá que firmen por escrito su "renuncia a promover cualquier tipo de reclamación en sede administrativa o jurisdiccional", según los documentos a los que accedió El Observador. 

Desde la coalición argumentan que los jueces ya cobran un aumento del 14% acordado con el Poder Ejecutivo en la administración anterior y no tienen sentencias favorables ya que todos se fueron excusando de actuar en el caso por estar involucrados y ser parte del conflicto. 

El dinero para pagar este acuerdo saldrá del propio Poder Judicial y de una partida asignada a “Diversos créditos” para pagar intereses de las sentencias por este conflicto. La base de esta solución es el proyecto que presentó el organismo de Justicia en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto. 

Pero no fue fácil y en el intento, los legisladores casi generan un nuevo conflicto con el Poder Judicial. El congelamiento de las partidas de vivienda y formación académica era parte del combo inicial que permitiría conseguir una solución. Pero los legisladores no sabían que se trataba de partidas salariales y tuvieron que dar marcha atrás y quitarlo del Presupuesto luego de haberlo votado en comisión. 

Los legisladores esperan cerrar la fórmula en las próximas horas para presentársela a las autoridades del Ministerio de Economía que, inicialmente, estaban de acuerdo con avanzar en este tema. 

La fórmula

La solución que están a punto de cerrar los diputados de la coalición implica que se le otorga el 26% de aumento salarial a 2024 a todos los funcionarios judiciales, salvo a los jueces. En algunos casos se trata del 26% completo y en otros se debe completar la diferencia de lo ya acordado en convenios con el Ejecutivo anterior (en algunos casos es el 18%). 

Una de las ideas es otorgarle el aumento general de los funcionarios públicos a todos los funcionarios judiciales –incluido los jueces-. Eso implica modificar el artículo 4 de la ley de Presupuesto (ya votado en Diputados) y excepcionar a los jueces del inciso 10.

Ese inciso plantea que los funcionarios que cobren más que un ministro de gobierno ($ 280 mil) van a tener aumentos nulos durante el período de gobierno. De esta forma, los jueces sí tendrían un aumento cercano al 5% en 2021. 

Pero en ese tema todavía hay diferencias porque hay legisladores que entienden que ese aumento tampoco debería ir para los magistrados. 

La readecuación salarial hasta el 26%, que se completaría en 2024, sería solo para los funcionarios judiciales. 

Pero, además, es necesario modificar la ley que establece la escala salarial de los funcionarios, ya que el subdirector de servicios administrativos del Poder Judicial tiene enganchado su salario a los ministros (cobre un % de lo que cobran los altos mandos) y, a su vez, los salarios del resto de los funcionarios están establecidos a partir de ese cargo. 

El problema es que al aumentar el salario de los funcionarios y no de los jueces, esa escala se rompería. Por lo tanto, para lograr esta readecuación, es necesario modificar también esa ley. 

La redacción de la propuesta de la Corte, que es la base de lo que manejan los legisladores, establece que en 2021 se pagará a los funcionarios que ingresaron luego de la firma del convenio para equiparar a todos los trabajadores. Ese dinero saldrá de los recursos del Poder Judicial. 

En un segundo artículo, y a pagar en 2022, se hará efectiva otra partida para "uniformizar la escala salarial de los funcionarios del Poder Judicial para todos los cargos que aún no perciben al 1 de enero de 2022 todas las retribuciones establecidas para cada escalafón". Esto comprende a los funcionarios que tengan sentencias favorables y que incluyan condenas "a futuro". Es decir, a quienes todavía no se les pagó las demandas ganadas. 

Aquellos que estén en proceso pero todavía no tengan sentencia, también estarán incluidos en este segundo paso. De esa forma se equiparará a todos para que llegue al porcentaje acordado en 2018 (18,8%). En 2018 el Poder Ejecutivo y la Asociación de Funcionarios Judiciales llegaron a un acuerdo por el cual el gobierno se comprometía a pagar cerca de un 18% de aumento. Sin embargo, no todos acordaron por ese monto y, por lo tanto, el primer paso de esta fórmula es que a 2022 todos los funcionarios perciban ese aumento. Entre 2023 y 2024 se pagará el resto para llegar al 26%. 

El tercer artículo plantea llevar el aumento hasta el 26,03% establecido inicialmente. Esta es la partida más grande y que en los cálculos del Poder Judicial (que incluyen a los jueces) es de $ 220 millones.

¿Y la plata?

La idea que manejan en la coalición multicolor es que con el dinero previsto en el Presupuesto para las sentencias, se cancelen en una sola cuota. Cancelarlo de esa forma permitirá utilizar una partida que está dentro de diversos créditos y que se iba a destinar al pago de intereses. Se trata de unos $ 93 millones por año. 

Por otro lado, según el trabajo realizado por los legisladores, existe una partida asignada al rubro 0 (salarios) del Poder Judicial de cerca de $ 100 millones que no se utiliza. En el último ejercicio, según dijo el diputado Rodríguez, se devolvió cerca de un tercio de ese dinero a rentas generales y en otros casos se utilizó para dar partidas extras a los funcionarios. 

De esa forma, tendrían $ 193 millones por año para utilizar. Según los cálculos realizados, sin incluir a los jueces, la readecuación salarial tiene un costo de $ 545 millones en el período. Si se incluyera a los jueces sería de $ 620 millones

Partidas

El congelamiento de las partidas de formación y vivienda de los magistrados era para poder incluir a los jueces en esta readecuación. Congelando esa partida, los legisladores tenían calculado que la brecha entre ministros de Suprema Corte y ministros de Estado se agrandaba pero no tanto y en unos años estaba casi igual que ahora ($ 30 mil). 

Sin embargo, la Asociación de Magistrados enterada de esa propuesta puso el grito en el cielo e incluso amenazó con un conflicto. Al ser partidas salariales –desde 2018- los diputados entienden que no las pueden congelar y quitaron el artículo del Presupuesto. 

Pero ahora, la solución que encontraron no incluye a los jueces que solo recibirán el aumento general de los funcionarios públicos.