Denuncian escuchas ilegales y piden nulidad de causa que encarceló al alcalde de Florencio Sánchez

En un escrito que su abogado, Federico Alvarez Petraglia, presentó en los juzgados de Florida y Colonia (donde algunos de los condenados cumplen pena) expone que se cometieron irregularidades a la hora de obtener la prueba mediante escuchas y catalogó a algunas de ellas de ilegales. Además, aseguró que hubo dos expedientes que trataron el mismo caso. 

Álvarez Petraglia asumió la defensa de los condenados el 12 de noviembre de 2021 –la condena por proceso abreviado fue el 28 de setiembre– y pidió una copia de la carpeta de investigación, la que, según el abogado, le fue negada. 

Además, el abogado dijo que le comunicaron que había información que no estaba en la Fiscalía sino que la tenía el Ministerio del Interior. "Me pareció insólito, pues no tengo idea quién custodia esas evidencias, cuáles son, ni tampoco si en su momento le fueron exhibidas a mis defendidos y a su letrado anterior", expuso en el escrito al que accedió El Observador. 

Antes de que se cerrara el acuerdo abreviado, sus defendidos "no tuvieron oportunidad de declarar" ni oyeron las escuchas por las que se los condenó, complementó. 

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Un mes después de haber presentado la solicitud en el juzgado, la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas lo llamó para decirle que no le entregaría la información. Por esa razón, el abogado solicitó la información a Juan Gómez, fiscal de Corte, a través de una denuncia administrativa porque entiende que había "un intento de cercenar el derecho de defensa". Desde la Fiscalía General de la Nación confirmaron a El Observador que fue Gómez quien intercedió para que Fleitas entregara las evidencias, que ella no ofreció resistencia y dio la documentación rápidamente. Según el abogado, fue en dos tandas que la fiscal le entregó la información. Fue el 15 y el 18 de febrero de este año. 

Allí, la defensa de Sánchez enumera haber detectado las siguientes irregularidades:

• La causa por la que se formalizó y condenó a sus defendidos comenzó el 24 de diciembre de 2018 con el número IUE N° 2-59575/2018. 
• El 12 de junio de 2019 la Fiscalía pidió una "nueva" intervención del teléfono de Sánchez por 60 días y la Justicia lo aprobó, pero por 45 días. Pero en el expediente, afirmó Álvarez Petraglia, no figura ninguna intervención anterior "por lo
  que es insólito que se pida ampliar algo que nunca se había dispuesto". En la solicitud, la Fiscalía se refiere a dos oficios anteriores (N° 13222 y 13917), pero "no existen dichos oficios agregados ni tampoco actividad procesal en ese período", que hubieran culminado el 17 de mayo de 2019. 
• Sostiene que en las solicitudes para escuchas que sí fueron garantizadas, ni el juez ni la fiscal argumentaron la necesidad de ellas. 
• También detectaron que hubo "intervenciones" en diciembre de 2018, pero no consta dónde se dispusieron tales medidas. En su búsqueda para rastrearlo, la fiscal Fleitas –siempre según el abogado de los condenados– "terminó dando con el expediente IUE N° 590-151/2018" (otro diferente al inicial) que "pareciera contener todo lo que le falta al otro, con la particularidad de que nunca fue puesto de manifiesto por la Sede ni la Fiscalía" y que fue abierto solo cuatro días antes que el anterior (20 de diciembre de 2018). En él "se constataron un cúmulo de irregularidades". 
• En este segundo expediente (que en realidad es más antiguo que el original) la Policía pidió la intervención del celular de Sánchez afirmando que "entregaría motos incautadas sin que los interesados hicieran el pago previamente". La fiscal Fleitas, el día que logró la condena, dijo que una de las razones era que había motos que habían sido incautadas y sobre las que luego no aparecía actas de devolución. 
• En este expediente (el iniciado el 20 de diciembre) se denomina la operación como “Almoth”, "cuando públicamente y en el expediente que se mostró originariamente a la defensa, la operación se denominó 'Corruptio'".

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• En una de las solicitudes de ampliación por las intervenciones telefónicas, se habla de "maniobras que podrían ser ilegales", cuando, por ejemplo, la ministra de la Suprema Corte de Justicia Bernadette Minvielle ha expresado que "a la emanación de una orden de registro debe preexistir una noticia delictiva para la cual se busca prueba". En otras, insiste el abogado, no hubo fundamentación ni de la Fiscalía ni de la Justicia para prorrogarlo. Cuando las hubo, se habló de "comunicaciones de importancia", sin mayores detalles.
• Por oficio, el 2 de julio de 2021, la Fiscalía relató "hechos y situaciones que supuestamente se desprenderían de las escuchas" realizadas el 3 de junio de 2021, cuando la orden se hizo efectiva recién el 9 de ese mes. 
• Las escuchas no pueden realizarse por más de seis meses y según la defensa de Sánchez, "el expediente comenzó en el 20 de diciembre de 2018, y la primera intervención se dispuso el 21 de diciembre de ese año, está claro que los seis meses se habían cumplido hace mucho tiempo". 

El escrito aún se encuentra en trámite y todavía no se dio vista a la Fiscalía de Rosario para que lo responda formalmente. 

La versión de los fiscales del caso

La fiscal Sandra Fleitas señaló a El Observador que ella tomó el caso en 2020, pero pese a eso "las partes involucradas celebraron procesos abreviados siempre acompañados del abogado defensor. El abogado se llevó un pendrive con toda la información y aconsejó a sus defendidos en base a eso", dijo refiriéndose a quienes los defendió durante el proceso (que no era Álvarez Petraglia, quien ingresó a la causa dos meses después de la condena). 

Por su parte, la fiscal Ana Rosés, quien fue la responsable de la causa durante el período de tiempo en el que surgen la mayoría de las presuntas irregularidades, expresó que no iba a hacer comentarios porque nadie la ha informado de ninguna denuncia. Eventualmente, responderá si la Fiscalía le pide algún informe al respecto. Destacó, al igual que Fleitas, que el abogado que los patrocinaba al momento del acuerdo debería haber detectado y/o denunciado si hubiera habido alguna irregularidad.