Desajustes procesales a corregir

Es parte natural de la vida familiar que un progenitor de vez en cuando tenga que intervenir para aplacar rencillas hogareñas. Pero indica incompetencia funcional que algo parecido ocurra entre organismos del Estado, forzosamente obligados a limar entre ellos desajustes en un tema común, sin necesidad de que alguien los tenga que llamar al orden. Es, sin embargo, lo que ha sucedido con los choques sobre el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Su persistencia y falta de solución han llevado al senador Pablo Mieres a convocar al Parlamento a fiscales, jueces y al Ministerio del Interior para tratar de que trabajen juntos en aras de la seguridad ciudadana y la eficacia operativa, en vez de culparse mutuamente de traspiés que no terminan de corregir.

El líder del Partido Independiente explicó la obviedad de que esos organismos tienen que "trabajar en forma conjunta en la coordinación de acciones para ajustar el funcionamiento (del CPPP) y mejorar los resultados" porque, de lo contrario, se "agrava la sensación de inseguridad e impotencia de la población". Censuró como "muy negativo" el intercambio de acusaciones entre instituciones públicas que tienen que complementarse aceitadamente en vez de encerrarse en sus propias parcelas. Era previsible que iban a surgir problemas en un cambio tan drástico como fue pasar hace cuatro meses de un anacrónico sistema inquisitorio a otro acusatorio, más moderno, en la justicia penal. Pero la población esperaba que los propios actores del sistema allanaran las dificultades en armónica forma conjunta.

No ocurrió así. La Asociación de Magistrados Fiscales se levantó en armas contra su propio jefe por asignación de responsabilidades y horas de trabajo dispuestas por el fiscal de Corte. Fiscales y policías aducen demoras de los jueces en habilitar allanamientos, que argumentan que facilitan la huida de delincuentes. Ha habido denuncias de falta de control en la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Y hasta la Suprema Corte de Justicia salió a desmentir al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien había declarado que la liberación de presos en las visitas de cárceles por los magistrados incidió en el incremento de delitos.

El nuevo CPP era impostergable ya que el viejo sistema era un baldón para el país, que hasta había sido condenado por Naciones Unidas. Todos sabían que la vigencia sin tropiezos del nuevo CPP no iba a ser fácil, al introducirse un régimen de juicios penales públicos y orales, con un fiscal que investiga y acusa, un defensor con más facultades para cumplir su función y un juez que dicta sentencia. Se le agregaron también cambios en muchos aspectos de su funcionamiento. Lo que nadie anticipó es que los diferentes sectores se plantarían en duros enfrentamientos verbales, en vez de solucionar en forma coordinada las dificultades que previsiblemente iban a surgir. Los desencuentros han conducido a la penosa situación de que todos sean convocados al Parlamento. Que se pongan de acuerdo es lo que la población espera de instituciones de quienes depende que haya un efectivo combate a la delincuencia y, al mismo tiempo, mayores garantías en la administración de la justicia penal.