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Cifras del MSP

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Desde que se aprobó la despenalización hubo más de 75.000 abortos legales en Uruguay

El año pasado 10.258 mujeres realizaron consultas para interrumpir su embarazo; el 95% culminaron el proceso.  

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06 de septiembre de 2021 a las 05:00

Entre enero y diciembre de 2020, unas 10.425 mujeres realizaron consultas expresando su voluntad de interrumpir el embarazo que estaban cursando. El 95% (9.915) terminó el proceso. De ese total, 1.258 casos involucraron a personas de entre 15 y 19 años. En otros 47 casos, las pacientes tenían menos de 15 años de edad. 

Con estos datos, desde que en 2012 se aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se produjeron en Uruguay 75.117 abortos. Lo sucedido el año pasado continuó el fenómeno de  descenso de este tipo de intervenciones que comenzó en 2019, quebrando el incremento continuo que se registraba desde que la normativa cobró vigencia. 

Así lo indican los datos del Ministerio de Salud Pública, incluidos en la respuesta que la cartera elevó a un pedido de informes presentado por la diputada frenteamplista Margarita Libschitz, a los que accedió El Observador.

En 2018 se había registrado el mayor número de abortos por año: 10.373. La cifra menor, 7.171, se había producido en 2013, el primer año completo de aplicación de la normativa. 

El pedido de informes había sido efectuado ante la eventualidad de que las medidas implementadas en el sistema de salud en el marco de la pandemia hubieran perjudicado el acceso de las mujeres a los servicios sexuales y reproductivos. 

El MSP respondió oficialmente que los servicios IVE "se consideran una urgencia", por lo que, a diferencia de otras áreas, se mantuvo estrictamente su presencialidad durante la emergencia sanitaria. "Se alertó a los prestadores públicos y privados para que mantengan el acceso y la prestación sin cambios", aseguró el ministerio. 

En el Área de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera se indicó la inexistencia de reportes sobre demoras en los tiempos de consulta. También sostuvo que no se recibieron denuncias de mujeres impedidas de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, al haber excedido los plazos legales por aspectos vinculados a dificultades de los prestadores. 

De todas formas, el Departamento de Atención al Usuario del ministerio admitió que se carece de una base de datos que sistematice las denuncias. Un "recuento manual" le permitió ubicar dos casos, registrados en ASSE. 

"No se constataron restricciones al respecto" respondió el ministerio, al ser consultado sobre las disminución de las IVE en 2020 con respecto a los dos años anteriores. 

La pregunta fue originada en un planteo que había efectuado hace algunas semanas en el Parlamento la organización Mujer y Salud Uruguay (MySU). Ante la Comisión de Salud del Senado uno de sus integrantes, Santiago Puyol, sostuvo que la entidad había detectado una "debilidad"  en el funcionamiento de los servicios con una acción, a veces, discrecional, e interpretaciones restrictivas de la ley o demoras innecesarias en la atención que " en muchos casos expulsaron a las mujeres del sistema poniéndolas en mayor riesgo en medio de la pandemia". 

Según Puyol, la Junta Nacional de Salud informó que no tiene capacidad metodológica para corroborar si un ginecólogo objeta conciencia en un prestador de salud o en otro, limitando así en uno de tantos aspectos la capacidad que tienen las autoridades sanitarias de garantizar que se cumpla cabalmente la ley. 

El MSP confirmó que no cuenta con datos de objetores por departamento. En la respuesta al pedido de informes, describió la situación de algunas instituciones de salud. 

En el Hospital Departamental de Paysandú, todos los ginecólogos de guardia y el 78% de los de policlínica son objetores. Una situación similar sucede en el Hospital de Young, también en la órbita de ASSE. Lo mismo se verificó en los centros de Colonia y de Mercedes. 

Al respecto, Puyol dijo contar con información aportada por el ente público de que en Treinta y Tres no se cuenta con un espacio adolescente en salud pública. Solo Montevideo tiene suficiente personal asignado en todas las especialidades requeridas para una atención integral a esa población. 

Otra integrante de MySU, Lilián Abracinskas, sostuvo en el Parlamento que esa institución recibió el año pasado más de 150 consultas de mujeres que "habían sido expulsadas del sistema sin respuesta". Según dijo, muchos de esos casos estuvieron relacionados al incumplimiento de normativas y guías clínicas. 

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