Dina Boluarte cumple un año en el gobierno de Perú con un 84% de rechazo

En un acto inesperado, que muchos llamaron autogolpe, dio un mensaje donde disolvía el Congreso, decretaba un estado de excepción y establecía el toque de queda a nivel nacional. Este jueves se cumplirá un año de aquel momento y el país sigue sumido en la inestabilidad.

Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la Embajada de México en busca de asilo. El Parlamento votó que Castillo tenía “incapacidad moral permanente” y de inmediato, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la primera magistratura por sucesión presidencial.

“Mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad y al diálogo”, dijo al asumir el puesto. Se esperaba que convocara a elecciones generales y dirigiera un mandato de transición. Pero lejos de eso, se quedó en el cargo.

Los simpatizantes de Castillo recordaron una promesa de Boluarte, hecha exactamente un año antes, el 7 de diciembre de 2021: “Si lo vacan (echan), me voy con él”. Claramente había sido una declaración para la tribuna. Un año después, viaja por el mundo como presidenta y gobierna un país en crisis.

No solo los seguidores de Castillo se lanzaron a las calles durante los siguientes tres meses. Las protestas emergieron de la serranía sur, de los departamentos más empobrecidos y olvidados por el Estado, y luego se trasladaron a Lima.

Boluarte se atrincheró y dispuso una política represiva. Según la Defensoría del Pueblo, 68 personas perdieron la vida en el marco de las movilizaciones. Del total, 49 eran civiles desarmados. La policía usó armas de fuego y bombas lacrimógenas. Diversos organismos internacionales rechazaron los asesinatos.

“Podría calificarse como una masacre…hubo uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, manifestó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ONG Human Rights Watch, por su parte, señaló que “se cometieron ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias” y denunció una “posible negligencia e incluso complicidad” de parte del Gobierno de Boluarte ante los abusos.

La presidenta lejos de admitir responsabilidades culpó a los propios manifestantes de sus muertes. En septiembre pasado dijo: “Quienes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones fueron ellos mismos porque de esa manera querían doblegar a un Gobierno constitucional, a un Gobierno democrático”.

El gran logro de Boluarte resultó permanecer en el poder a pesar de no contar con la legitimidad de la población ni tampoco con una bancada en el Congreso. Una encuesta de Datum Internacional revela que el mes pasado la mandataria alcanzó su pico de desaprobación: 84% de los peruanos no está conforme con su gestión.

Se trata de una desconfianza y un malestar generalizado hacia los funcionarios, las instituciones públicas y las agrupaciones políticas. A su vez, la desaprobación de Alberto Otárola, primer ministro y principal figura tras Boluarte, tiene el 74% de rechazo de acuerdo a la encuestadora Ipsos.

Según esa medición, el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, registra un descontento similar: solo lo aprueba el 10% de los peruanos. El Congreso en su conjunto tiene el 82% de rechazo. Pese a ello, tanto Boluarte como el Congreso se niegan a convocar a elecciones.

Las relaciones diplomáticas de Boluarte con sus vecinos de la región se caracterizaron por las asperezas, la tensión y los desplantes. La larga tradición de relaciones bilaterales con México, Colombia y Honduras quedó reducida a encargados de negocios. Retiró los embajadores del Perú en los tres países.

El mexicano Andrés Manuel López Obrador la califica como “presidenta espuria”. La fractura ha sido tal que en agosto México le traspasó la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Chile por un mes para evitar el protocolo directo con Perú.

En el segundo semestre de este año, Boluarte hizo varios viajes a pesar de no contar con un vicepresidente que pueda suplir sus funciones tal como fija la Constitución peruana. Su primera aparición en el exterior fue en la Cumbre Amazónica en Belém do Pará, en Brasil.

En noviembre anunció una reunión bilateral con Joe Biden. Un encuentro que nunca apareció en la agenda del presidente de los Estados Unidos. Se intentó salvar la situación con unas fotos de Boluarte con Biden en los pasillos de la Casa Blanca, pero el hecho desencadenó la renuncia de la canciller Ana Cecilia Gervasi.

A fines de octubre, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, admitió que el Perú se encuentra en una recesión económica después de haber negado la realidad en los meses anteriores. Se estima que el PIB cerrará 2023 un rojo del 0,2%, siendo el peor año desde 1999, sin tomar en cuenta la pandemia.

En setiembre, la economía peruana se contrajo en un 1,29%, completando cinco meses a la baja. Entre las razones de la caída se encuentran las protestas y la inflación, además del fenómeno El Niño que amenaza ser de fuerte intensidad en 2024.

La inseguridad también golpea a Boluarte. Según Datum Internacional, el 94% de peruanos señala que el Estado de Emergencia en distritos de Lima y regiones no funciona. La crisis más reciente fue la acusación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por “liderar una presunta organización criminal” junto a sus asesores que involucra a congresistas de diferentes bancadas.

Eso fue hace una semana y, de inmediato, Benavides acusó constitucionalmente a Boluarte, Otárola y otros ministros por el presunto delito de homicidio calificado por las muertes de los manifestantes que protestaron en su contra. Es un misterio para los peruanos saber cuál será el mensaje de quien fuera la compañera de fórmula de Pedro Castillo y que decidió no moverse del cargo pese al cúmulo de desaciertos.