Más allá del cumplimiento de algunos aspectos formales y de procedimiento, en los próximos días quedará conformada la primera comisión investigadora a nivel parlamentario de este período, que indagará además sobre aspectos relativos al gobierno que culminó en marzo de 2020.
Indagará sobre las eventuales responsabilidades de las exautoridades del Consejo de Educación Secundaria en torno a la justificación de “licencias irregulares” a docentes integrantes de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) entre 2015 y 2019.
El foco está puesto en Celsa Puente, Javier Landoni e Isabel Jaureguy, en torno al caso del entonces vicepresidente del sindicato, Marcel Slamovitz. El diputado denunciante, el colorado Felipe Schipani, afirmó que le fueron justificadas 140 horas docentes a las que no asistió, en contra de la opinión de la División Jurídica de Secundaria.
En diálogo con El Observador y a partir de actas obtenidas de Secundaria, Schipani sostiene que está probado que esas faltas fueron justificadas en forma indebida, ya que no están incluidas en lo previsto por el estatuto del funcionario docente.
Se trata, dijo el legislador, de inasistencias para participar de una asamblea de delegados del sindicato, a convocatorias del PIT-CNT o a cursos de formación sindical.
Los certificados aparecen firmados por el secretario general de Fenapes, José Olivera y por la expresidenta de ese sindicato, Virginia García Montecoral.
En la denuncia presentada por Schipani se señala que la presentación de esos certificados, considerados “apócrifos”, se inició en 2016, cuando Slamovitz justificó otras 110 horas a través del mismo procedimiento.
A partir del expediente Schipani advierte que las autoridades de Secundaria desoyeron el dictamen de la sala de abogados, archivaron el caso y justificaron las inasistencias del dirigente sindical.
En la investigación aparece como central el testimonio que aportará a la comisión Miriam Arnejo, exdirectora del Liceo de San José, donde Slamovitz impartía clases. Arnejo fue la que denunció al dirigente sindical ante el Consejo de Secundaria.
Entrevistada en marzo en radio Carve, la docente había afirmado que la causa fue archivada por “un integrante del consejo, amigo de Slamovitz, que lo cubrió siempre y que le sacó las castañas del fuego”.
Según Arnejo esta persona fue la que determinó que el dirigente sindical recuperara sus ausencias con horas de apoyo. Esto, apuntó, era imposible, ya que aún no habiendo dictado esas clases de apoyo “sus alumnos tenían todos nota de promoción”.
“Creemos que estamos ante hechos muy graves, irregulares e ilícitos, que merecen ser investigados”, dijo Schipani en la denuncia. Además del eventual apartamiento de las normas por parte de las autoridades, “se le causó un daño irreparable a muchos estudiantes que quedaron sin clases, sin mencionar el daño patrimonial a Secundaria, dado que pagó horas docentes que no se trabajaron”.
Schipani consideró fundamentada la necesidad de una comisión investigadora, para la cual ya tiene asegurados los votos de los diputados de la coalición de gobierno.
Las formalidades quedarán en manos de una comisión pre investigadora que, integrada por el colorado Ope Pasquet, la nacionalista Nancy Núñez y el frenteamplista Felipe Carballo, deberá antes del miércoles, definir el tema por mayoría.
El informe de la pre investigadora deberá ser discutido en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.
El Frente Amplio deberá definir en las próximas horas qué postura toma con respecto a esta investigadora a nivel parlamentario.
“Es un hecho que los votos están” reconoció el coordinador de la bancada en Diputados, Carlos Varela. De todas formas, la oposición anunciará su posición formal este martes.
Asamblea Uruguay votará por no apoyar una investigadora. El senador José Carlos Mahía consideró importante que exista una investigación administrativa, con garantía para todas las partes. De todas formas, se preguntó si no sería importante saber también por qué en Secundaria hay hoy adolescentes sin clases debido a que no se adjudicaron “miles” de horas docentes.
“Sería bueno que la opinión pública tuviera acceso a esa información”, apuntó.
Según los datos en poder de Mahía son cerca de 4.000 horas sin adjudicar, lo que equivale a “alumnos sin clase y docentes sin trabajo”. Así fue, señaló, luego que las autoridades “aceleraran el paso” ya que al 18 de mayo eran 6.400 las horas libres.
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