El director por el Frente Amplio en OSE, Edgardo Ortuño, votó de forma negativa al proyecto que prevé construir redes de saneamiento en 61 localidades del interior del país anunciado este miércoles por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
En una carta, y también en su cuenta de Twitter, el representante de la oposición en el directorio del ente, aseguró que la obra terminará costando "al menos US$ 1.080 millones" y no US$ 280 millones.
Dijo que el "modelo de gestión privada resuelto" es "altamente inconveniente y desfinancia a OSE".
En un contrato a 25 años con la empresa a la que se adjudique el proyecto, obligará a OSE a pagar U$S 43,5 millones por año (entre gastos por la operación y mantenimiento y la cuota leasing), totalizando "la suma de U$S 1.080 millones".
Ortuño aseguró que si la obra la hiciera OSE, sin adjudicar a una empresa privada, costaría aproximadamente US$ 300 millones menos al final de los 25 años. Sería realizarla con las "formas habituales" como lo hicieron los gobiernos del Frente Amplio, señaló, "demostrando que sí es posible y menos costosa la gestión pública de los proyectos de saneamiento".
Además, señaló que se redujo la cantidad de localidades que recibirán saneamiento de 124 a 61. "En las ciudades se realizarán menos kilómetros de redes y se beneficiarán menos personas con un proyecto de intervenciones dispersas en el territorio, con cobertura limitada y por tanto menos eficiente", dijo.
El presidente Luis Lacalle Pou realizó una conferencia de prensa en la tarde este miércoles en la que anunció obras de saneamiento en el interior del país.
Según contó el presidente, este proyecto significa una inversión de alrededor de US$ 280 millones de dólares para 61 localidades de los 18 departamentos del interior y generará una mano de obra directa de 2.000 trabajadores
Para iniciar el proyecto se llamará a licitación en febrero de 2023 y se prevé que las obras comiencen antes del fin del año entrante. "Es un llamado internacional", indicó. El objetivo es que se presenten la "mayor cantidad de empresas posibles" con el objetivo de que las obras generen "el menor costo" para el Estado uruguayo.
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