Disturbios en el centro de Santiago de Chile en el cuarto aniversario del estallido social de 2019

Incapaz de contener a los jóvenes y a las organizaciones sociales, Piñera optó como medida de prudencia, habilitar el llamado a una reforma constitucional. El emergente más inmediato de ese proceso fue la llegada de Gabriel Boric el 11 de marzo de 2022 al Palacio de la Moneda.

Adicionalmente, Chile vivió y vive coletazos de un proceso de reforma constitucional que demostró que la derecha, ya no la liberal de Piñera sino la dura de Juan Antonio Kast, está vigente en un país que parecía tener menos vaivenes que otros de la región.

Cuatro años después de aquel estallido que se conmemora los 18 de octubre, solo un grupo reducido de manifestantes fue al centro de Santiago de Chile a protestar.  Unas 200 personas se manifestaron la tarde de este miércoles en una protesta marcada por los enfrentamientos con la Policía que dejó al menos 20 personas detenidas.

"Ha habido alteraciones del orden público y en todas ellas ha intervenido Carabineros para recuperarlo", dijo el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, en un punto de prensa convocado esta noche. Fue esta vez durante el gobierno de Boric que se impuso el orden. Pero dato distintivo es que fue una convocatoria casi sin asistentes.

A la espera del balance final de detenidos y heridos, Monsalve informó que, en la Región Metropolitana, tres carabineros sufrieron "lesiones leves", mientras que otros dos hombres adultos también resultaron heridos, uno "por una pedrada" y otro "por una caída". Además, una menor de 15 años fue atropellada por una persona que "manejaba bajo los efectos del alcohol".

"Hasta el momento, la menor tiene lesiones, pero estaría en buenas condiciones", apuntó el director de Orden y Seguridad de Carabineros, Enrique Monrás, que informó también de saqueos durante las protestas, menos concurridas que las del año pasado, precisó. 

El estallido social que empezó en octubre de 2019 como una protesta contra el alza en el precio del boleto de subterráneo derivó en un cambio de humor social sin precedentes desde que Pinochet se fue del gobierno en 1990.

Durante el período de movilizaciones, se registraron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos muchos con traumas oculares por perdigones o balines. Las protestas se extendieron desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020.

Fueron la clave de la apertura de un proceso constituyente en el que el país aún sigue inmerso. Tras un primer intento de redactar una nueva Constitución fallido en setiembre de 2022, el país decidirá en diciembre si avala una segunda propuesta de carta magna elaborada por un órgano controlado por la extrema derecha.

Cabe recordar que el detonante fue el alza del transporte público de Santiago, que entró en vigencia el 6 de octubre de 2019. Tras el aumento de las tarifas, miles de estudiantes secundarios se organizaron para no pagar en el Metro de Santiago.

Con el paso de los días, el número de personas que no pagaba en señal de protesta aumentó. La situación se agravó el 18 de octubre cuando fue cancelado el subterráneo por el gobierno de Piñera.

Como consecuencia, esa noche comenzaron las protestas y disturbios. Al día siguiente, Piñera decretó el estado de emergencia en las comunas del Gran Santiago y toque de queda a partir de la noche.

La situación se extendió pocas horas después a otras cinco regiones del país y ya el día 23, el estado de emergencia había sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales.

Aunque la causa inmediata puede atribuirse al alza tarifaria del transporte, las concentraciones populares pronto expusieron sus causas mediatas. Una fue el alto costo de vida, ya que hasta 2019 Santiago era la segunda ciudad más cara de Latinoamérica. Otra fue las bajas jubilaciones, el precio de los medicamentos y de los tratamientos de salud.

A las cuestiones de la vida diaria, las protestas sumaron un rechazo a la dirigencia política tradicional y a la Constitución dictada por Pinochet.

En ese octubre de 2019, y según el propio gobierno, hubo 32 fallecidos, más de 3.400 civiles hospitalizados producto de los enfrentamientos y 2.000 carabineros lesionados. Además unas 2.000 personas sufrieron heridas de armas de fuego, principalmente por la represión policial.

Las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determinaron que el Estado chileno había cometido graves violaciones a los derechos humanos.

(Con información de agencias)