La acelerada suba del dólar en Uruguay, tendencia que se registra en virtualmente toda la región, es ineludible como forma idónea de recuperar competitividad. Conlleva, sin embargo, el riesgo de aumentar la inflación en hasta un punto porcentual en poco tiempo, acercándola al temido 10%. Pero puede evitarse si el gobierno tiene la energía requerida para tomar medidas que reduzcan el impacto de los bienes no transables, que cubren el consumo doméstico. La tendencia alcista de la divisa es imparable en la región, con las monedas nacionales devaluándose para poder competir con sus exportaciones de materias primas, que han bajado un 13% en los últimos cuatro años. El real brasileño ha caído 6% en los dos últimos meses, el dólar blue retomó su tendencia alcista en Argentina, el peso chileno está en su nivel más bajo de los últimos siete años y hasta el sólido peso mexicano viene en descenso.
Uruguay mal puede escapar a esta tendencia a menos que acepte una desastrosa caída exportadora, que ya registró una disminución de 21,9% en los primeros seis meses de este año, comparado con igual período de 2014. A la disparada del dólar en los últimos días se agregan vaticinios de analistas privados de que, en poco tiempo, superará la barrera de los $ 30. Es una perspectiva que mejora el espectro exportador, en momentos en que los precios de las materias primas relevantes para nuestro país bajan en los mercados internacionales y se reducen las ventas a clientes principales, como Brasil y China.
En la estructura histórica del Índice de Precios al Consumo (IPC), un 60% ha correspondido durante mucho tiempo a los bienes transables, que se comercializan con el exterior a través de las exportaciones e importaciones, y un 40% a los no transables. Esa relación ha variado drásticamente en la actualidad, con los bienes no transables, en los que incide decisivamente la política salarial, representando el 80% del IPC debido al retraso del dólar hasta el reciente comienzo de rápido aumento del tipo de cambio. Este curso de la divisa es claramente beneficioso para el país, siempre que se combata a tiempo su impacto inflacionario. Es la alternativa que enfrenta el gobierno en el frente interno, al margen de que el Banco Central busque un punto de equilibrio entre la valorización del dólar y el control de la inflación.
En las actuales circunstancias es muy improbable que el gobierno pueda cumplir su compromiso de bajar el IPC, actualmente en 8,43%, a 5%, punto medio del rango oficial, en los próximos 18 meses. Pero aunque no se alcance esa meta, un elemento decisivo en mantenerlo en un nivel manejable es ajustar la política salarial. Los sindicatos de los sectores privado y público ya están en pie de guerra contra las pautas fijadas por el Poder Ejecutivo para los Consejos de Salarios y los aumentos a los funcionarios estatales. Pero deben tomar en cuenta no ya el interés nacional, sino sus propias conveniencias. Una recuperación exportadora, a través de la alineación uruguaya con los demás países para mejorar su competitividad, tendrá el efecto de crear más empleo. Lo contrario ocurrirá con una política salarial que mantenga el carácter expansivo de los últimos 10 años pese al bajo crecimiento de la economía, alimentando la inflación en un círculo vicioso que termina por reducir progresivamente el poder adquisitivo de los ingresos de los asalariados.
