Biden busca su lugar en la historia; habrá que ver hasta dónde lo logra
El programa del presidente Biden de principios del año en curso dispuso un aumento del gasto de US$ 1,9 trillones para impulsar a la economía. Por ello el crecimiento de este año se estima será del 6%, compensando la baja causada por la pandemia el año pasado. También habrá de ayudar a la economía del resto del mundo, a través de un aumento de la demanda de bienes importados.
El plan tiene además un objetivo redistributivo muy propio de los demócratas, reforzando la orientación de los dos programas anteriores, en el sentido de ayudar ahora y en los próximos meses a las personas de menores ingresos y a los desocupados, además de subsidiar a la atención de la salud. Así, se estima que el 20 % más pobre de la población verá aumentar su ingreso en un 20 % y la pobreza infantil bajará a la mitad.
Ya con el programa de ayuda en curso, en esta semana y con vistas al mediano y largo plazo, Biden acaba de anunciar un plan de inversiones para los próximos ocho años de US$ 2,25 trillones en infraestructura, energía limpia y educación, que será financiado en su totalidad mediante un aumento de los impuestos sobre las empresas. Sus principales componentes son US$ 620.000 millones para transporte, US$ 650.000 millones para energía limpia, US$ 580.000 millones para apoyar a la industria y US$ 400.000 millones para el cuidado de los mayores y los discapacitados. También este proyecto puede caracterizarse como histórico, en tanto es el mayor plan de inversión pública desde 1960.
La iniciativa prevé un aumento de la tasa del impuesto sobre las ganancias de las empresas del 21 % al 28 % y define un mínimo del 21 % para gravar a sus ganancias globales. Estos aumentos habrán de aplicarse a lo largo de los próximos quince años, por lo que hay una parte del plan que será financiado mediante un aumento transitorio de la deuda pública.
En tercer lugar, el gobierno también ha anunciado para mediados del mes próximo un nuevo programa de ayuda a las familias, a través del costo de la atención médica, el cuidado de los niños y la educación. Es posible que además, este plan esté financiado por un aumento del impuesto sobre las personas de mayores ingresos.
Estas tres iniciativas deben verse como un proyecto integral, que incluye una respuesta de corto plazo a los daños de la pandemia, un perfeccionamiento del estado de bienestar y un plan de inversión con vistas al futuro. Sin duda, es una visión que solo es posible gracias a las posibilidades de endeudamiento que tiene la economía de Estados Unidos, y que no están al alcance de la mayoría de los países del mundo.
Por eso puede entenderse la contundencia del programa de ayuda ante la pandemia y que por tanto, haya merecido el apoyo de las tres cuartas partes de los americanos, incluyendo a un 60 % de quienes votaron a los republicanos.
Y es que aquí puede estar el germen de un cambio de proporciones en el sector público como el que proponen los tres proyectos de Biden. Porque ese margen de apoyo colectivo pone en entredicho a la idea de que EEUU es un país culturalmente favorable al funcionamiento del libre mercado y en contra de la intervención del gobierno. Más aún, puede presumirse que la gente a la que se está ayudando en esta pandemia, difícilmente lo va a olvidar después.
Hace casi un siglo, el New Deal creó entre los votantes una percepción a favor de la intervención del gobierno. Cuarenta años después, en 1973, la crisis del petróleo y el fracaso de la receta keynesiana volcaron la opinión colectiva a favor del cambio de políticas que impulsaron Friedman, Reagan y Thatcher. Pero después de la crisis del 2008, aunque ante situaciones distintas y con visiones opuestas, los gobiernos de Obama y Trump aplicaron una sucesión de políticas monetaria y fiscal de orden expansivo que relegaron a algunas de las restricciones tradicionales de la política económica. Así, la FED emitió, los republicanos abandonaron su posición conservadora sobre el déficit fiscal y ahora los demócratas insisten ahora un aumento de proporciones del gasto público, financiado en buena medida mediante un aumento de la deuda.
No obstante, este conjunto de propuestas de Biden ya ha comenzado a enfrentar ciertos cuestionamientos, que ponen en duda su aplicación integral.
El monto de US$ 1,9 trillones del programa de emergencia es considerado excesivo por una parte de la opinión especializada y del mercado financiero, por lo que estiman que podría provocar un aumento de la inflación antes del plazo previsto por la FED. También hay un número creciente de empresas que advierten un aumento del precio de las materias primas y de los salarios. Estas dudas seguramente habrán de ser reforzadas a partir del anuncio reciente sobre el plan de inversiones.
Además, el aumento de impuestos sobre las empresas ya enfrenta la crítica de que habrá de afectar su capacidad de competencia frente al exterior, arriesgando por tanto no solo el voto de los republicanos sino también de algunos demócratas.
En pocos meses, el intento reformista de Biden habrá de enfrentar estos problemas. Si la inflación se dispara antes de lo previsto, su apoyo político perderá fuerza. Pero aun cuando tenga éxito en la recuperación de la economía, antes deberá superar la resistencia de los congresistas más dispuestos a votar un aumento de gastos que de impuestos.
Biden busca su lugar en la historia junto a Roosevelt y Johnson como los presidentes que lograron cambios de fondo en la inversión pública y el estado de bienestar. Habrá que ver hasta dónde lo logra.
