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EEUU y la UE: una relación complicada

Se abre un nuevo frente de negociación entre la UE y EEUU

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26 de julio de 2019 a las 05:00

Hace dos semanas, Francia aprobó un impuesto del 3% sobre la facturación doméstica de las compañías digitales que tengan beneficios de más de € 750.000 millones en el mundo y € 25.000 millones en Francia. El impuesto grava a las empresas que usan los datos de los consumidores para vender publicidad online. Por tanto, alcanzará a unas 30 empresas, entre las que están las americanas Alphabet, Apple, Facebook y Amazon, la francesa Criteo y otras de China, Alemania, España y el Reino Unido. 

La estimación del gobierno es que el impuesto habrá de recaudar unos € 500 millones en el año en curso, con proyección creciente para los años siguientes. El impuesto habrá de tener vigencia hasta tanto un acuerdo internacional apruebe uno similar de aplicación general. 

El impuesto disparó un potencial nuevo conflicto con Estados Unidos, que podría derivar en un enfrentamiento comercial. Porque en respuesta, el gobierno de Trump inició una investigación administrativa para determinar si el tributo discrimina en contra de las empresas americanas. Es el mismo trámite que, en base al marco legal vigente, fue iniciado en contra de China, para concluir en las sanciones que hace más de un año provocaron el conflicto comercial en curso. 

El Reino Unido está en la misma línea que Francia. Muy pocos días después que los galos, el gobierno británico anunció un proyecto que gravará con el 2% a los ingresos provenientes de los usuarios domésticos de las plataformas sociales e instrumentos de búsqueda en Internet o mercados online. 

El impuesto será aplicado sobre las empresas que tienen más de £  500.000 millones de beneficios en el mundo, de los que al menos £ 25.000 millones provengan de los usuarios del RU. Habrá un régimen especial para las empresas con bajos niveles de beneficios globales y también para los servicios financieros y los pagos online. También será un impuesto que habrá de tener vigencia en tanto no se apruebe un acuerdo internacional sobre el particular.   

Las decisiones de Francia y el Reino Unido fueron provocadas por el fracaso de la Unión Europea el año pasado para aprobar un impuesto similar de aplicación comunitaria, debido a la oposición de Irlanda, Suecia y Dinamarca. Fue entonces que algunos países decidieron avanzar en forma independiente, mientras se avanzaba en un intento común pero en el marco del G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el pasado mes de junio, los ministros de finanzas del G20 acordaron redoblar esfuerzos para arribar a una posición común a fines del 2020. 

Pero ante la realidad de los dos países que ya han aprobado sus respectivas versiones del llamado impuesto digital y ante la inminencia de que otros sigan el mismo camino, la semana pasada los ministros de finanzas del G7, con el protagonismo de Francia y Estados Unidos, decidieron acelerar el proceso. A estos efectos, acordaron impulsar una reforma del sistema tributario internacional para asegurar una imposición más justa sobre las empresas multinacionales, incluidas las tecnológicas como Google, Facebook y otras, que generan valor en países en los que no tienen presencia física. 

Ello sin perjuicio de la afirmación del secretario del Tesoro de Estados Unidos de que “todavía queda trabajo por hacer”, que hay que leer como una forma de advertencia sobre posibles futuras objeciones. 
El avance hacia una imposición fiscal basada en “nuevas reglas sobre territorialidad” estará a cargo de la OCDE, la que deberá presentar a

principios del año que viene una “arquitectura” que facilite su aceptación por parte de los miembros antes del fin de año. En particular, hubo acuerdo sobre el principio de imponer una tasa mínima global para el impuesto, a fin de asegurar que las empresas multinacionales no diversifiquen sus beneficios a favor de los paraísos fiscales o las jurisdicciones de baja tributación y priven así a los países en los que operan del pago de los impuestos correspondientes.   

Entretanto, ni Francia renunció a su impuesto digital ni Estados Unidos desistió de la investigación administrativa ya iniciada sobre la eventual incidencia discriminatoria del impuesto. 

Se abre así un nuevo frente de negociación entre la UE y EEUU, de resultado incierto, que se agrega a otras diferencias que vienen desde tiempo atrás y están en curso de definición.  

Así, en el próximo mes de noviembre vence el plazo de seis meses acordado entre EEUU y la UE para negociar la posible imposición de tarifas americanas sobre la importación de vehículos europeos. A su vez, en caso que esta imposición llegara a concretarse, la UE ya ha preparado una lista de importaciones provenientes de EEUU a la que aplicaría un arancel compensatorio. Hasta ahora, hay muy pocas señales de que ambas partes estén avanzando hacia una solución de compromiso. 

A la vez, EEUU está dando forma a una lista de bienes de la UE sobre la que está considerando aumentar las tarifas de importación, vista la demora de los europeos en ajustarse al pronunciamiento de la Organización Mundial de Comercio sobre los subsidios a favor del fabricante de aviones Airbus. Y la UE hace lo mismo, ante la reticencia de EEUU en atender a un pronunciamiento similar sobre Boeing. 

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