Para los países del Golfo, la profunda devaluación de la moneda egipcia y los incentivos ofrecidos por el presidente Al Sisi hacen que las inversiones sean muy atractivas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, ahora imponen severas condiciones. “Los días de las ayudas incondicionales se acabaron”, advirtió el ministro saudita de Finanzas, Mohamed al Jaadan.
"Antes concedíamos ayudas directas y depósitos sin condiciones, pero eso está cambiando", dijo Jaadan en el foro de Davos, en Suiza, ocasión en la que anticipó que el reino, al igual que otras monarquías de la región, quiere "ver reformas". Y todo parece indicar que hacia allí se dirige el gobierno de Al Sisi, a pesar de la resistencia que enfrenta en las Fuerzas Armadas, un factor de poder insoslayable en el escenario político local.
La agenda, que pasa para por un severo plan de ajuste, amenaza con aumentar el descontento social en el marco de una economía en el que libra egipcia perdió la mitad de su valor en el último y disparó la inflación interanual al 26,5% en enero, en un país que depende de la importación de alimentos para satisfacer la demanda de sus 109 millones de habitantes, el 30% de los cuales vive en condiciones de pobreza, y al menos 2 millones de ellos sobreviven con menos de US$2 al día.
Según los últimos registros del Banco Mundial (BM), de los US$ 34.200 millones que tenía Egipto en reservas internacionales, la cifra cayó un 20% con respecto al nivel de febrero de 2022 y cerca de US$ 28.000 millones están depositados en los bancos de sus aliados del Golfo. Cifra exigua de cara a los vencimientos de una deuda externa que se ha triplicado en una década hasta alcanzar los US$ 155.000 millones.
Como parte del salvataje de urgencia concedido por el FMI, Egipto se prometió a privatizar activos estatales clave con el objetivo de aumentar del 30% al 65% para 2025 el porcentaje que ocupa el sector privado en la economía. Un compromiso aprovechado por las empresas y los poderosos fondos soberanos de los países del Golfo.
Solo el año pasado, el medio local Enterprise, especializado en negocios, contabilizó 66 fusiones y adquisiciones de compañías egipcias en diversos sectores de la economía, dinámica liderada en casi su totalidad por los capitales provenientes de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Más del doble de las operaciones cerradas en 2021.
Dos casos emblemáticos los constituyen el fondo soberano emiratí Abu Dhabi (ADQ) y el Fondo Público de Inversiones de Arabia Saudita, que "gastaron cerca de US$ 3.100 millones para comprar participaciones minoritarias pero significativas en algunas de las empresas más fuertes", reportó la publicación Enterprise en diciembre pasado.
Según el medio, ambos se hicieron con títulos clave en las dos empresas de fertilizantes más grandes del país, al tiempo que ADQ se convirtió en el mayor accionista privado del Banco Comercial e Internacional (CIB) de Egipto, la institución pública de fomento más grande del país. ADQ, además, posee ya el 25% de la empresa estatal de pagos digitales eFinance y está negociando la compra de la entidad United Bank of Egypt.
Con el objetivo de atraer más capitales, el primer ministro, Mostafa Madbouli, anunció la venta de las participaciones del estado en 32 compañías públicas. La intención, sin embargo, choca con los intereses del poderoso sector militar, que ha jugado un rol clave pero no siempre visible en la economía durante décadas, y que sigue sin participar en los negocios propuestos por el presidente Al Sisi a sus aliados del Golfo.
En lo inmediato, el crédito acordado por El Cairo con el FMI, que se promocionó como orientado a "salvaguardar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda egipcia" para “mejorar su capacidad frente a choques externos" y lograr "cambios estructurales en su economía", no ha dado los resultados pregonados.
En ese contexto, algunos analistas sostienen que el país parece haber vuelto a la situación del 2011, no sólo por las similitudes del actual presidente con el derrocado Mubarak, sino también por la situación económica y social que atraviesa el país, lo que hace temer por la estabilidad del gobierno cara a la historia reciente de golpes de Estado y violencia yihadista.
Desde que tomó el poder tras el golpe de Estado a Mohamed Morsi, hace casi una década, Al Sisi quiso marcar su impronta y proyectar una suerte de refundación nacional, que se debía traducir, por ejemplo, en la construcción de una nueva capital administrativa cerca de El Cairo con un costo de más de US$ 50.000 millones. Apenas una de las iniciativas de Al Sisi, que ya amplió el canal de Suez e inauguró el puente colgante más ancho del mundo sobre el río Nilo.
Según sus críticos, Al Sisi se ve sí mismo como el faraón que salvó a Egipto de los islamistas que apoyaban a Morsi, el primer mandatario democráticamente electo y la figura que había logrado canalizar las demandas colectivas de la primavera árabe. Las protestas, que comenzaron en enero de 2011, terminaron con la dictadura de Mubarak y llevaron al poder a Morsi, quien finalmente fue derrocado por su entonces ministro de Defensa y actual presidente.
Ahora, Egipto parece volver al punto de partida. Sacudido primero por la violencia yihadista del Estado Islámico y luego por la pandemia, el país vio derrumbarse sus ingresos por turismo, un sector clave. El golpe definitivo llegó con la guerra en Ucrania. Egipto es un importador absoluto de trigo, el número uno a nivel mundial, y de la noche a la mañana se vio acorralado por la escasez.
Hoy, la deuda pública equivale al 87% del Producto Interno Bruto (PIB), la libra egipcia se sigue depreciando y las reservas disminuyendo. Aunque el gobierno aceptó avanzar con recortes presupuestarios y facilitar las inversiones extranjeras, sigue resistiendo las reformas estructurales que le exigen sus aliados del Golfo y el FMI.
La razón principal, según los especialistas, reside en el capitalismo clientelista. Los sectores clave son manejados por compañías cuyos directorios están integrados en su mayoría por exmilitares. Se trata de empresas que tienen contratos con la cúpula del gobierno, muchos de ellos en el ámbito de seguridad y defensa, un entramado de relaciones que abarca también el sistema judicial y la Corte Suprema de Justicia.
El FMI no solo habló de reducir el papel del Estado, alentar al sector privado y de una mayor transparencia en las empresas controladas por los militares. También reclama que se frenen los megaproyectos de Al Sisi, como la nueva capital, o la construcción de la segunda mezquita más grande del mundo. En ese escenario, el mandatario hace equilibrio entre sus promesas refundacionales, los grupos de poder locales y las exigencias del FMI y sus aliados del Golfo.
Al Sisi, además, al tiempo que redobló la seguridad interna, desplegó una nueva política al institucionalizar la religión mediante normas que tienen un correlato sobre las minorías y la comunidad LGBTIQ+ con leyes sobre la moralidad y las costumbres. Iniciativas que alcanza un espectro que desde los activistas hasta sus adversarios políticos. En diez años de gobierno, y luego de expulsar a los Hermanos Musulmanes, la organización islamita que apoyó a Morsi, Al Sisi se dio a la tarea de inaugurar o reinaugurar 9.600 mezquitas.
Sin embargo, la estrategia, que apunta a mostrarse como un hombre devoto capaz de refundar Egipto, genera desconfianza entre los musulmanes y temor entre los laicos. Según sus críticos, sus prioridades no serían las del pueblo, enfocado en la supervivencia cotidiana.
(Con información de AFP, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional)
