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El Poder Ejecutivo habilitó a cables a ofrecer internet y va por la derogación de la ley de medios; oposición teme "vaciamiento" de Antel

Desde el gobierno critican una ley "incongruente" y con "inconstitucionalidades"; en el Frente Amplio se cuestiona esa resolución
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17 de junio de 2022 a las 05:03

El Poder Ejecutivo habilitó a cinco cableoperadores de Canelones, Colonia y Montevideo a prestar servicios de internet en sus áreas de cobertura. Ahora, el gobierno busca avanzar rápido sobre las modificaciones o derogación de la ley de medios para equiparar la situación para todos los cables del país. La idea principal es derogar completamente la ley. Desde la oposición criticaron la decisión y sostuvieron que se está “vaciando” a Antel.

Las cinco resoluciones, firmadas por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con fecha 14 de junio, le otorgan a estas empresas una Licencia de Telecomunicaciones Clase B “para brindar a terceros, servicios de transmisión de datos”.

Las empresas beneficiadas por estas resoluciones son Korfield, Monte Cablevideo (Montecable), Praimar, Riselco (Nuevo Siglo) y Tractoral (TCC).

Según el artículo 56 de la Ley N° 19.307 – Ley de Medios -, del 29 de diciembre de 2014los titulares de servicios de comunicación audiovisual no pueden prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o trasmisión de datos.

Este artículo fue recurrido en 2016 por los cableoperadores, quienes plantearon su inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) les dio la razón. Con base en este fallo, solicitaron la autorización al Poder Ejecutivo y este se las otorgó el martes.

El gobierno celebra y la oposición teme consecuencias para Antel

El subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, dijo a El Observador que lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es “simplemente cumpliendo con el derecho” ya que no hay ninguna norma - en función de la declaración de inconstitucionalidad - que “impida que aquellos cableoperadores que pretendan brindar servicio de internet por cable cumpliendo con las condiciones que tiene que tener, puedan hacerlo”.

Esto es dar es más libertad. Hay más opciones para los usuarios y obviamente que va a haber más competencia pero la competencia es buena en muchos aspectos, no hay ninguna razón por la cual alarmarse”, expresó el jerarca.

Verri remarcó que con esta decisión del gobierno no se da una caída del monopolio de Antel ya que “Antel nunca tuvo el monopolio de la transmisión de datos por cable”. En ese sentido, aclaró: “Fue un monopolio mal dado o un intento de darlo en Ley de Medios aprobada por el gobierno del Frente Amplio, pero en realidad no hay ninguna normativa que establezca que otros operador no puede brindar servicio de internet por cable. Antel nunca tuvo el monopolio porque la SCJ había entendido que ese artículo era inconstitucional porque no tenían los votos, nunca existió una norma legal que estableciera que Antel tenía el monopolio”.

Por su parte, Daniel Larrosa, representante por el Frente Amplio en el Directorio de Antel, dijo en diálogo con TV Ciudad que “se privatiza el internet fijo, se rompe una política de Estado de los últimos 15-20 años” y se “desprotege totalmente a US$ 850 millones de inversión de todo el pueblo uruguayo”.

También se expresó la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien sostuvo, en diálogo con radio El Espectador, que esta es una medida "altamente inconveniente”, “antipatriótica” y de “legalidad cuestionable”. "Estamos siendo espectadores del vaciamiento de Antel", apuntó.

A su vez, la jefa comunal manifestó que “es lamentable que se vuelva a una costumbre de darle a dedo, como en el año 1992, a algunas empresas licencias en el ámbito de las telecomunicaciones".

El titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Guzmán Acosta y Lara, criticó las expresiones de Cosse en diálogo con El Observador y dijo que “no es a dedo” sino que hoy “los que legalmente pueden son ellos (los cinco habilitados)”

“Van a haber otros más que ya están por llegar las sentencias de inconstitucionalidad. Estos eran los primeros que lo hicieron y estaban desde el 2016 con posibilidades solamente que el gobierno se sentó en la sentencia de la SCJ y no hizo nada”, explicó.

A su vez, Acosta y Lara señaló: “Nosotros le vamos a dar a todos los cableoperadores sin excepción. No es a dedo, es a todos. Habilitamos esta tanda de cinco, va a haber una tanda próxima apenas vengan sentencias que se están habilitando”.

A Washington Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), le quedó un “sentimiento agridulce” con la resolución del gobierno. Los motivos son que, por un lado, se “alegra muchísimo” ya que Uruguay “empieza a acompañar al resto del mundo y deja de ser el último de la lista” ya que hay algunos cables que pueden tener internet.

“Por otro lado, nos entristece que seguimos siendo postergados prácticamente todos los cables del interior pese a que hay una voluntad manifiesta del propio presidente de la República de solucionar este tema porque entiende que es una situación injusta la que vivimos los cables. Esta situación es reconocida como injusta por todo el espectro político”, manifestó.

Gobierno va por la derogación de la ley de medios

La principal demanda de los cableoperadores va contra el artículo 56 de la ley de medios que, como mostró el fallo de la SCJ, es inconstitucional. No obstante, entre los socios de la coalición multicolor se está debatiendo si ir por la derogación de toda la ley de medios en la próxima Rendición de Cuentas o si derogar únicamente el artículo 56.

Según Melo, el modelo de negocios que hoy tienen los cableoperadores “se agotó en el mundo” y que es necesario que estos puedan empezar a brindar servicios por internet ya que es “una forma que tienen las empresas – gracias a que los clientes consumen cada vez menos cable y más internet – de equilibrar sus ingresos”.

Y agregó: “Las empresas en tres años perdieron más de 130 mil abonados y solamente en el último semestre del 2021 perdimos un 6% de los abonados. A ese ritmo, no hay que ser muy analítico para imaginar el futuro de las empresas. Han cerrado algunas empresas del interior, otras han empezado a despedir trabajadores. Esto se está yendo a pique”.

Además, sostuvo que la nueva aprobación va a generar una “distorsión” en el mercado ya que hay cables que tienen internet y otros que no en el mismo mercado y con las mismas normas”.  En ese sentido, pidió a la coalición apurar las modificaciones en la ley de medios: “O en la Rendición de Cuentas, o en una ley aparte o como se quiera, pero debieran ya encontrar una solución para equiparar las cosas y que los cables del Interior podamos estar a la par de los de Montevideo y del mundo”.

Verri explicó que, efectivamente, el debate se encuentra entre derogar la totalidad de la ley de medios o solo el artículos 56. En esa línea, sostuvo que seguramente solo plantear la derogación del artículo 56 en la Rendición de Cuentas “logre el apoyo de la totalidad de la coalición”.

Sin embargo, expresó que “lo ideal seríaaprobar las modificaciones a la ley de medios que fueron remitidas al Parlamento y que están a estudio desde 2020.

Vamos a ir por la derogación total de la ley de medios”, dijo, por su parte, Acosta y Lara. Para el jerarca, el tema va más allá de la situación con los cableoperadores ya que hay “incongruencias que sigue teniendo la ley y con las que el gobierno no está de acuerdo”.

“Como todavía no nos hemos podido poner de acuerdo y no podemos seguir demorando más esto porque si no nos vamos a comer un juicio de los cableoperadores, que tienen sentencia y  que no las está cumpliendo el Estado, tenemos que empezar a actuarnos”, señaló.

Al ser consultado sobre la posibilidad de derogar solo el artículo 56 en la próxima Rendición de Cuentas, el titular de la Dinatel respondió que “deja sin solución a otros problemas de la ley de medios” que se quieren solucionar. “Si nosotros decimos ‘querés derogar ese artículo, vamos por ese’, los otros temas de la ley de medios que queremos hablar no los vamos a tratar nunca, entonces queremos derogar la ley”, argumentó.

Si hay voluntad, este tema se soluciona en su totalidad porque es un debe de la coalición. Derogamos la ley y si quieren, después de derogar la ley, para que no quede todo lo anterior a la ley vigente, de acá seis meses sacamos la ley nueva y se acabó. Es un tema de voluntad, pero deroguemos porque sino, tenemos una ley que no podemos aplicar, que genera problemas, que tiene inconstitucionalidades y que afecta a los contenidos. No podemos tener leyes que no podemos cumplir”, expresó Acosta y Lara.

 

 

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