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Más de uno de cada tres nuevos puestos formales en la segunda mitad de 2021 fueron por "jornales solidarios"
El Congreso de Intendentes le hará en los próximos días una propuesta al gobierno nacional para que el Programa de Oportunidades Laborales, más conocido como "jornales solidarios", continúe hasta fin de año. A esos efectos, una comisión integrada por jefes comunales de todos los partidos será la encargada de diseñar un plan concreto en cuanto a su implementación y financiamiento.
Así quedó definido este jueves en una nueva sesión plenaria del Congreso, bajo un convencimiento generalizado de que la iniciativa resultó ampliamente positiva y deberá seguir implementándose en 2022, según dijo el intendente de Salto, Andrés Lima.
Para dimensionar el impacto del plan –que en principio se delineó como una solución parcial al desempleo generado por la emergencia sanitaria–, el Congreso realizó un informe en base a datos de los respectivos departamentos y de otras oficinas nacionales. Según datos del Banco de Previsión Social citados por el informe, entre mayo y diciembre de 2021 el 37,5% de los nuevos puestos de trabajo cotizantes creados a nivel nacional correspondió, promedialmente, a este plan. Medido en personas, los jornales solidarios representaron 20% del aumento.
Eso no quita que el impacto haya sido dispar entre los distintos departamentos. En Maldonado supuso apenas el 10% de los nuevos puestos cotizantes. En Montevideo fueron el 15%, en Canelones el 18%, en tanto que en Salto y Colonia representaron el 23% del total de nuevos empleos formales. El porcentaje ascendió a 37% en Rocha, 53% en Río Negro, 57% en Cerro Largo y 87% en Treinta y Tres.
Estos resultados fueron parte de una evaluación preliminar del programa, realizada entre el 8 y el 11 de febrero por encargo del Congreso de Intendentes.
El objetivo era conocer las opiniones de los referentes territoriales en cuanto al desempeño del plan y su impacto en la población beneficiaria.
El programa estaba dirigido a personas de entre 18 y 65 años de edad que carecieran de ingresos por salario, así como retribuciones o subsidio de cualquier tipo, a excepción de los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social. Para ello se ofrecieron 15 mil cupos distribuidos en forma proporcional en todo el país, a los que se asignó un salario de $ 12.500 por doce jornales al mes.
Además de la base de datos del BPS, el informe se nutrió de relevamientos hechos por 16 de las 19 intendencias. Un total de 14.536 beneficiarios completaron el cuestionario.
De acuerdo al documento, hubo 2.744 personas, casi una cada cinco que accedieron a un puesto laboral en el programa, que dijeron haber renunciado antes de la finalización de su contrato. De ellos, el 40% (aproximadamente mil) dijo haberlo hecho al acceder a otro trabajo formal. En todos estos casos, los lugares fueron asumidos por otros interesados, que habían sido sorteados oportunamente.
El relevamiento indica que el 51% de los participantes fueron jóvenes de 18 a 29 años. El 30% tenía entre 30 y 44 años y el 19% restante correspondió a personas de entre 45 y 64 años. Entre todos los beneficiarios, el 55% fueron mujeres. Una de cada tres eran además jefas de hogar, señala el informe.
El 44% de todos los beneficiarios fueron considerados por el informe como víctimas de "desempleo estructural". Y para otro 20% el plan resultó ser su primera experiencia laboral.
En cuanto al nivel educativo, según el relevamiento, 8% de los participantes tenía primaria incompleta, 45% habían completado solo el ciclo de primaria, el 31% poseía ciclo básico completo y el 14% contaba con bachillerato. Por su parte, 2% de los seleccionados contaban con educación terciaria.
Las actividades laborales más frecuentes que tuvieron que desempeñar los beneficiarios del programa pasan por el barrido y limpieza de espacios públicos, albañilería, pintura, bituminización y bacheo y desmalezamiento.
Hay que definir cómo
"Hay consenso en que deberá continuar, ahora hay que definir cómo", dijo Lima. "Todos coincidimos en que fue positivo para las economías locales".
Los tres intendentes del Frente Amplio elevaron este jueves una fórmula que será considerada en la comisión: Lima, junto a Carolina Cosse (Montevideo) y Yamandú Orsi (Canelones), pretenden que el financiamiento del programa salga de lo que el Poder Ejecutivo tiene previsto para este año en el Fondo Covid.
Lima recordó que, al presentar este martes su informe sobre las perspectivas macroeconómicas del país, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, señaló que el fondo contará en principio con US$ 400 millones. Al respecto, el intendente apuntó que los "jornales solidarios", implementados durante los últimos seis meses, significaron apenas US$ 26,5 millones, una cifra que a su juicio parece "mínima" en la comparación.
El viernes pasado, durante su visita a San Bautista, el presidente Luis Lacalle Pou adelantó una propuesta "no formal" en la que el gobierno se haría cargo de los aportes patronales generados por el plan. Como contrapartida, de acuerdo a esa iniciativa, las intendencias que pretendan seguir adelante con los jornales deberán afrontar los salarios.
