El 80% de la población del Mides rechazó una oferta de trabajo

Pero al mismo tiempo, otros actores del Poder Ejecutivo advierten que esas prestaciones económicas configuran un “desestímulo” para que los beneficiarios acepten un trabajo formal y por eso creen que hay que “monitorear” muy de cerca el asunto antes de tomar decisiones.

A los jerarcas y técnicos del Ministerio de Trabajo les llamó mucho la atención un dato que se desprende de sus políticas de inclusión laboral: 80% de las personas que se anotaron en los planes de trabajo del Plan de Equidad rechazaron la propuesta de empleo cuando les fue ofrecida.

“Muchos de esos sueldos son de unos $ 10.000, bastante por encima del salario mínimo nacional”, dijo a El Observador María José González, integrante del observatorio del mercado de trabajo que funciona dentro de esa cartera. “El porcentaje de rechazo es muy significativo”, dijo la experta.

Aunque las razones que llevan a esa población a rechazar una oferta laboral formal son muchas y variadas, el análisis que hace el Ministerio de Trabajo es que el apoyo económico estatal influye.

Quienes rechazan las ofertas en general trabajan de manera informal y a su vez reciben cada mes el apoyo económico del Mides. Por eso, a la hora de hacer las cuentas, en muchos casos la respuesta es negativa. Ese aspecto inquieta a Trabajo, debido a que las autoridades de la cartera creen que con las tasas de desocupación en su nivel histórico más bajo, Uruguay está en una inmejorable coyuntura para incorporarlos a un empleo formal y estable.

“Las ofertas laborales son de puestos de baja calificación y las remuneraciones son de las más bajas del mercado de trabajo. El salario es una de las razones del rechazo porque la persona tiene que comparar lo que recibe por trabajo informal con lo que implica el ingreso que obtiene en el mercado formal. La brecha no es lo suficientemente grande muchas veces”, analizó González.

Agregó que a ese hecho se le suman los montos que otorga el Estado cada mes. “Eso es así. Se está generando un problema con la entrada al mercado formal”, sostuvo. Desde el punto de vista técnico, González dijo que las transferencias son “un desestímulo” porque “desincentivan” el ingreso al mundo formal del empleo.

El titular del Mides, Daniel Olesker, no opina lo mismo. Su cartera está promoviendo nuevos cambios para incrementar el apoyo monetario a los pobres (ver nota en esta página) y niega que haya una situación compleja en ese sentido. “Hay una diferencia grande. Las transferencias monetarias pueden andar en $ 2.500 mientras que el salario mínimo se va a ir a $ 7.000 y pico. Para el mercado formal no es un problema”, dijo a El Observador.
El ministro defendió los planes en marcha y sostuvo que, si el apoyo estatal logra integrar a los más pobres a la sociedad, “van a salir al mercado de trabajo”.

Las cifras
El Ministerio de Trabajo mide el fenómeno teniendo en cuenta la brecha que hay entre trabajar en el mundo formal o en el informal.

La clave está en que para lograr seducir a alguien que tiene un empleo de medio horario o sin relación de dependencia de abandonar ese lugar e ir a una empresa convencional, la diferencia en plata debe ser importante, dijo González. “Esta relación no se puede distorsionar. Los ingresos , transferencias monetarias y prestaciones no deberían inhabilitar a la persona de incorporarse al mercado de trabajo y salir de ese grupo del primer quintil de ingresos. Como Ministerio de Trabajo tenemos una preocupación siempre y una mirada sobre ese aspecto”, señaló la funcionaria.

Acotó que al día de hoy no hay muestras de un “problema grave”, pero sí es necesario “monitorear las transferencias monetarias”. La intención es seguir el tema de cerca y evitar que pasen la fase de “desestímulo” y se conviertan drectamente en un obstáculo más a vencer, dado que en estos casos operan cuestiones culturales como la falta de hábitos de trabajo.

Los planes en marcha
El Ministerio de Trabajo tiene programas con subsidios para que las empresas contraten a los pobres. Por ejemplo, para la población Mides, el gobierno exonera los aportes patronales de los empleadores por un equivalente al 60% de su salario si se trata de hombres y de 80% en el caso de las mujeres. La intención es lograr que esos planes tengan mayor aceptación de la población y haya más personas incorporadas al mercado laboral formal.