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El aborto "legal" en Uruguay

Una ley que autoriza y favorece el aborto viola gravemente un derecho humano básico, por lo que carece de auténtica validez jurídica

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07 de octubre de 2019 a las 05:03

Hoy la ciencia nos permite establecer con certeza que desde la concepción el embrión humano es un individuo de nuestra especie, un nuevo ser humano único e irrepetible, que desde ese momento inicial tiene un desarrollo gradual y autónomo. ¡El embrión guía su propio desarrollo desde la concepción! Sostener, como muchos proabortistas, que el embrión es parte del cuerpo de la madre es anticientífico e irracional.

La ética nos lleva a afirmar que debemos tratar a todo ser humano como persona dotada de la dignidad humana y de todos los derechos inherentes a la naturaleza humana. ¿Quién, si no, podría legítimamente privar de los derechos humanos a toda una categoría de seres humanos, como por desgracia se hizo en el pasado en perjuicio de otros grupos humanos?

El primero de los derechos humanos es el derecho a la vida. Si este derecho no es reconocido, pierden vigencia todos los demás derechos. Tenemos el deber moral de respetar y defender la vida de todo ser humano inocente, como por ejemplo el no nacido. "El aborto y el infanticidio son crímenes abominables" (Concilio Vaticano II, constitución Gaudium et Spes, n. 51). 

La protección de los derechos humanos es uno de los deberes esenciales del Estado. Por lo tanto, el Estado debe proteger el derecho humano a la vida. Ergo, el Estado debe prohibir el aborto; y, dado que una mera prohibición, no acompañada de una pena, es ineficaz, debe sancionar a las personas culpables de cometer un aborto con una pena proporcional a la gravedad objetiva del crimen y a la culpabilidad subjetiva de esas personas. Un Estado que tolera o, peor aún, promueve el aborto contradice su propia razón de ser.

 

La protección de los derechos humanos es uno de los deberes esenciales del Estado. Por lo tanto, el Estado debe proteger el derecho humano a la vida

 

La Ley N° 18.987 (Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo), promulgada el 22 de octubre de 2012 con la firma del Presidente Mujica y de los ministros Venegas, Bonomi, Fernández Huidobro y Ehrlich, legalizó en el Uruguay el aborto por la sola voluntad de la madre hasta las doce semanas de gravidez (Artículo 2°), y los llamados “aborto terapéutico” y “aborto eugenésico” en cualquier momento del embarazo (Artículo 6°). Dicha ley desestimó totalmente la voluntad del padre que quiere defender el derecho a la vida de su hijo no nacido, fortaleciendo la tendencia machista a una conducta sexual irresponsable. Además, la misma ley permite a las mujeres menores de 18 años abortar sin consentimiento de sus padres (Artículo 7°) y establece que todo aborto legal es un “acto médico sin valor comercial” (Artículo 9°). Este último artículo, a la vez que envilece la noble profesión médica, convierte a todos los contribuyentes en partícipes involuntarios de cada aborto, porque hace del aborto un servicio gratuito financiado por el Estado con nuestros impuestos.

Después de la promulgación de la Ley N° 18.987, la cantidad anual de abortos creció todos los años. En el sexenio 2013-2018 hubo un total de 55.630 abortos "legales" en el Uruguay. Quien no se oponga a esta matanza por razones morales debería hacerlo al menos por razones demográficas. La caída de la natalidad en Uruguay en los últimos años ha sido dramática, lo que augura un futuro muy problemático para nuestro país.

La inmensa mayoría de esos 55.630 abortos han sido abortos farmacológicos. Generalmente, a la mujer que quiere abortar se le entrega un medicamento abortivo, y ella aborta sola, en el baño de su casa, a menudo en medio de grandes sufrimientos físicos y psicológicos.

Ante una situación tan penosa, recuerdo a mis lectores, particularmente los católicos, algunas doctrinas muy claras del Magisterio de la Iglesia Católica.

"El valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve: fundamentales (…) son ciertamente la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables (…), así como considerar el «bien común» como fin y criterio regulador de la vida política.

En la base de estos valores no pueden estar provisionales y volubles «mayorías» de opinión, sino sólo el reconocimiento de una ley moral objetiva (…). Si, por una trágica ofuscación de la conciencia colectiva, el escepticismo llegara a poner en duda hasta los principios fundamentales de la ley moral, el mismo ordenamiento democrático se tambalearía en sus fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación empírica de intereses diversos y contrapuestos.

  (…) Sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia puede asegurar una paz estable, tanto más que la paz no fundamentada sobre los valores de la dignidad humana y de la solidaridad entre todos los hombres es a menudo ilusoria. (…) En los mismos regímenes participativos la regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no sólo las palancas del poder, sino incluso la formación del consenso. En una situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía." (Papa San Juan Pablo II, encíclica Evangelium Vitae, n. 70).

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