A fines del año pasado, después de siete años de duras negociaciones, la Unión Europea y China anunciaron la firma de un acuerdo de inversiones. Se estima que en particular, el trámite de aprobación en el Parlamento Europeo permitirá su entrada en vigencia a principios del año próximo.
La inversión directa de China en la UE aumentó en forma exponencial en los últimos años hasta un acumulado de unos €120.000 millones, en especial en sectores estratégicos como infra estructura y tecnología de avanzada. A su vez, la inversión de la UE en China se estima algo mayor, del orden de los €140.000 millones, la mitad en la industria, siendo la industria automotriz de origen alemán la más importante.
El acuerdo remueve algunas barreras para la inversión de las empresas europeas en China, tales como el requisito de un “joint venture” y un tope a la participación del capital extranjero. Los sectores en los que la UE se ha asegurado un acceso más fluido que en el pasado son la industria automotriz, los hospitales privados, los servicios de computación y los servicios auxiliares para las empresas de transporte aéreo. En particular, la apertura del acceso a la industria automotriz alcanza a la producción de vehículos eléctricos e híbridos.
En los servicios financieros, el tratado asegura a la UE los mismos beneficios que Estados Unidos había obtenido en el acuerdo con China de principios del año pasado, que después quedó congelado, incluyendo una apertura para los servicios de seguros, de manejo de activos financieros, inmobiliarios y marítimos.
Un punto importante es el que busca asegurar la transparencia del sistema de subsidios públicos. A la vez, y para prevenir la transferencia forzosa de tecnología, se prohíbe incluir esa condición en los “joint venture” y en los contratos de licenciamiento. La información confidencial para la certificación de un bien o un servicio ante las autoridades administrativas será protegida ante terceros. También se incluyó un capítulo para evitar la discriminación en la competencia con las empresas de propiedad pública, las que deberán ofrecer una mayor información sobre sus cuentas.
Para China, el acuerdo consolida los derechos ya adquiridos en su acceso al mercado de la UE, al tiempo que logra mejorar su ingreso en nuevos sectores de la industria y la energía renovable. El acuerdo no permite la inversión de China en la energía nuclear y no innova en las restricciones ya existentes para el ingreso en sectores tales como el agro, la pesca, los servicios audio visuales, los servicios públicos, además de los mecanismos generales de control de la inversión directa de China y las limitaciones a Huawei en el uso de la red 5G.
El acuerdo no alcanza a configurar un verdadero tratado de protección de inversiones, en tanto no prevé mecanismos para que las empresas puedan demandar en forma directa a los estados. Sólo está previsto un mecanismo de arbitraje en los juicios de estado a estado y un mecanismo de monitoreo a nivel político en la etapa previa al juicio.
En teoría ambas partes van a negociar un tratado de protección de inversiones en los próximos meses pero ello no es seguro. En los hechos, China desconfía del funcionamiento de un sistema judicial independiente y por el otro lado, pocas empresas europeas estarán dispuestas a provocar la molestia política de China por una demanda particular. La firma del acuerdo de inversión se precipitó en los últimos días del año pasado, gracias al impulso personal del presidente de China Xi Jinping y la canciller de Alemania Angela Merkel, quien además estaba dejando la presidencia de la UE.
En el plano político, tanto China como la Unión Europea buscaron preservar la autonomía de sus relaciones diplomáticas, adelantándose al inicio del gobierno de Joe Biden, con el fin de evitar la interferencia de quien había anunciado su intención de trabajar de común acuerdo con los países europeos para enfrentar a la expansión de China.
También hubo razones de orden económico. Alemania obtuvo una ventaja importante en tanto se adelantó en el acceso a la fabricación de vehículos eléctricos: Por su parte, Francia logró su lugar para la provisión de servicios médicos. Por ello, en reacción, otros países europeos manifestaron su desacuerdo con las condiciones finales de la negociación, lo que podría obstaculizar la votación en el Parlamento Europeo.
En adición, hay organizaciones políticas que han planteado su discrepancia con el tratado, debido a la política exterior de China con relación a Hong Kong, Taiwán y otros. También se resiste la política en materia de los derechos de algunas minorías.
Otro tema de controversia es el de los derechos laborales, que no fueron incorporados al acuerdo y quedaron para ser perfeccionados en futuras negociaciones. China se comprometió a ratificar e implementar las normas de la Organización Internacional del Trabajo, en particular contra el trabajo forzoso. Los representantes de los sindicatos europeos se oponen al acuerdo, puesto que no hay fecha para el cumplimiento de esa promesa, además de la inexistencia de sindicatos autónomos en el marco de un régimen político autoritario.
De modo que podría ocurrir que en el trámite de este año en el Parlamento Europeo, tanto la incidencia del nuevo gobierno de Estados Unidos como la oposición de los grupos contrarios al acuerdo, propicien cambios en el texto acordado o hasta su postergación en el tiempo.