El Banco Central y el caos de 1967

No habría paz apreciable entre los colorados hasta que buena parte de sus líderes, con la notable excepción de Jorge Pacheco Areco, se unieran contra la dictadura iniciada en 1973.

Los creadores del Banco Central

En 1967 se creó el Banco Central de la República, según lo dispuesto por el artículo 196 de la Constitución que comenzó a regir ese año, tras ser aprobada en plebiscito celebrado junto a las elecciones nacionales de 1966. Posteriormente, por la ley Nº 13.594 de 6 de julio de 1967, cambió su nombre por el de Banco Central del Uruguay (BCU), a fin de evitar confusiones con el Banco de la República Oriental del Uruguay.

La Constitución de 1967 persiguió el objetivo básico de acabar con el Consejo Nacional de Gobierno, el Poder Ejecutivo colegiado de nueve miembros, y restaurar la Presidencia unipersonal. También extendió los períodos de gobierno a cinco años, en vez de los cuatro que se habían mantenido desde 1830. Al colegiado impuesto en 1952, en parte para contrarrestar la popularidad (y el populismo) de Luis Batlle Berres, se le atribuía parte de las culpas por la suerte de un país que parecía arruinado e ingobernable, con un gobierno en perpetua deliberación, cuando para eso había un Parlamento.

La creación del Banco Central había sido una propuesta de la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico), un think tank muy calificado cuya creación en 1960 impuso el entonces ministro de Hacienda, Juan Eduardo Azzini. La CIDE hizo un minucioso mapeo de la economía nacional y trazó planes de largo plazo de inspiración estatista "desarrollista" o "cepalina", aunque no excluyente. Por entonces se hablaba de "planificación indicativa" del Estado al sector privado. Por la CIDE pasaron muchas personas que luego cumplirían papeles destacados: desde Wilson Ferreira Aldunate y Luis Faroppa a Danilo Astori.

Aún antes que la CIDE, el ruralista Benito Nardone ("Chico Tazo"), un caudillo de modos populistas e ideas liberales, había llamado a crear un banco central independiente del Banco República, así como un banco de previsión social que reuniera la constelación de cajas de jubilaciones dispersas.

La mayor parte de los Estados de América Latina ya poseían un banco central como autoridad monetaria independiente, pero en Uruguay no hubo apuro en tanto se confió en el República y en sus departamentos especializados.

Otros gestores claves del Banco Central fueron Julio Sanguinetti y Jorge Batlle. Sanguinetti fue electo diputado por Montevideo en 1962, cuando tenía 26 años, y reelecto en 1966 y 1971. Intervino en la redacción, y fue miembro informante, del proyecto que terminaría consagrado como la Constitución de 1967. Con algunas enmiendas, es la misma que rige hoy: una rara muestra de estabilidad después de más de seis décadas de experimentos entre la carta de 1918 y el malogrado proyecto autoritario de 1980.

El primer presidente del Directorio del Banco Central –cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo con aprobación parlamentaria– fue el contador Enrique Iglesias, quien, precisamente, había liderado la CIDE desde su cargo de secretario técnico. El primer gerente general, aunque por poco tiempo, fue el contador Mario Bucheli, un hombre nacido en Zapicán, Lavalleja. Tras la renuncia de Iglesias, en enero de 1969, el Directorio pasó a ser presidido por Carlos Sanguinetti.

El Banco Central nació como desgaje de una sección del República: el Departamento de Emisión, sin local propio, sin personal y sin presupuesto. Recién en octubre de 1971 contó con sede propia: el moderno edificio ubicado entre la diagonal Fabini, Cerrito y Florida, en el límite entre el Centro y la Ciudad Vieja de Montevideo, que compró sin terminar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancaria.

Si el BCU se gestó a partir de una costilla de Adán, disputando jurisdicción, recursos y tareas, ya a finales de la década de 1970 era una institución de cierto prestigio, que aportaba nuevas estadísticas y formaba técnicos, incluso en el exterior.

Una "ley ómnibus" que incorporó muchas novedades

La reforma constitucional de 1967, la "reforma naranja", fue una especie de "ley ómnibus" que permitió "subir" muchas cosas diversas y crear otras instituciones, también propuestas por la CIDE, que adquirirían gran importancia: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para ayudar al Poder Ejecutivo a elaborar su presupuesto; y el Banco de Previsión Social (BPS), que unificó las distintas cajas estatales de jubilaciones y pensiones.

La carta de 1967 restauró la autoridad del presidente y despejó ciertas zonas de conflicto. Por ejemplo, desde entonces sólo el Poder Ejecutivo tiene iniciativa para "todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada"; y también para "la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios".

La iniciativa privativa en materia de precios y salarios "ha sido fundamental, hasta nuestros días, porque el Parlamento puede hacer inmanejable cualquier situación financiera, al ser normalmente débil frente a los reclamos gremiales", comentó Julio Sanguinetti en una columna suya el 8 de diciembre de 2017 en el semanario web Correo de los Viernes. "Puedo recordar, por ejemplo, que fijábamos el precio de la remolacha con las barras llenas de los cultivadores de Canelones. ¿Quién se oponía a su reclamo de precio?"

El BCU heredó del Banco de la República el monopolio de la emisión de monedas y billetes en territorio uruguayo, el gobierno del régimen monetario y la supervigilancia y fiscalización de la banca privada. También sería asesor económico, banquero y representante financiero del gobierno y administrador de las reservas internacionales del Estado, entre otras funciones.

Se organizó bajo la forma de ente autónomo, dotado de independencia técnica, administrativa y financiera.

Cincuenta años después, el Banco Central sigue bajo control de los partidos políticos y su autonomía tiene límites más bien acotados, como la de los otros entes autónomos. De todas formas, este es uno de los tiempos más apacibles y fructíferos que le ha tocado navegar en su corta pero turbulenta historia. Además, la ley orgánica de 1995 impuso al BCU un tope para prestarle dinero al gobierno, lo que implicó un severo límite a la capacidad destructiva de la emisión de papel moneda.

1967, annus terribilis

El breve gobierno del general Óscar Gestido –el regreso del Partido Colorado al gobierno tras ocho años de administración nacionalista– fue una sumatoria de catástrofes, en parte heredadas, en parte estimuladas por los titubeos: inflación récord (135,9%), fuga de capitales, quiebras, desempleo, fuerte caída del producto e indefinición política.

El gran déficit fiscal se cubrió con dinero nuevo, aumentando significativamente la base monetaria, lo que ya era costumbre. El dólar oficial rondaba los 80 pesos en marzo.

Se libró una lucha sin cuartel en el seno del gobierno entre quienes proponían una mayor apertura y desregulación de la economía, y quienes predicaban mantener e incluso profundizar el sistema estatista y cerrado.

Gestido designó a Carlos Vegh Garzón, padre de Alejandro Vegh Villegas, como ministro de Hacienda; a Luis Faroppa al frente de la recién creada Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); y a Enrique Iglesias, en la dirección del nuevo Banco Central.

"El presidente intentó sumar a los mejores economistas del país con la idea de que gobernarían técnicamente, despojados de toda presión política", escribió Julio María Sanguinetti en "La agonía de una democracia". Y narró que él mismo, que tenía 31 años, rechazó la cartera de Trabajo pues veía "una contradicción sustancial" en ese equipo económico. "Un ortodoxo liberal como el Ing. Vegh, un desarrollista planificador como el Cr. Faroppa y un cepalino formado al lado de Raúl Prebisch, partidario de la economía social de mercado como el Cr. Iglesias, eran un equipo de difícil ensamblaje".

En ocho terribles meses se sucedieron tres equipos económicos de signo ideológico diferente o sencillamente antitéticos. El Partido Colorado, "el nombre que los uruguayos dan al gobierno", según la recordada definición del blanco Wilson Ferreira Aldunate, cargaba en sus entrañas casi toda la oferta ideológica. Cualquier similitud con la actualidad no es coincidencia sino, en parte, relevo histórico (quien se interese en las similitudes y diferencias del Batllismo y el Frente Amplio puede ver la serie de siete artículos a partir de: https://www.elobservador.com.uy/el-frente-amplio-como-sustituto-historico-del-batllismo-i-n983651).

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