Opinión > EDITORIAL
El caso francés
La Francia del presidente Emmanuel Macron se ha convertido en un ejemplo de cómo se están desarrollando los nuevos conflictos sociales que estallan por un creciente malestar ante la eventual pérdida de calidad de la vida cotidiana –o temor a que ello ocurra– o ajustes estructurales pensados en el buen porvenir.
En noviembre de 2018, irrumpió el movimiento de los Chalecos Amarillos que ganó protagonismo en las calles de toda Francia desde las redes sociales, principalmente Facebook.
Desde París, el gobierno nacional subestimó el impacto de una medida con objetivos muy loables, pero que dañaba la movilidad de la gente en la Francia periférica, diseminada en pequeñas localidades, como significaba una baja de la velocidad máxima permitida en carreteras secundarias para reducir la siniestralidad vial. Esa medida generó airadas protestas dispersas que luego tomaron forma de movimiento con el malestar social provocado por una suba de los combustibles.
Los Chalecos Amarillos combinan la acción online con otra propia del terreno, con una coordinación espontánea, descentralizada, sin la intervención directa de partidos políticos, sindicatos u otras organizaciones tradicionales de la sociedad civil.
Aunque son protestas muy diferentes, es posible encontrar algunas similitudes entre los Chalecos Amarillos y los movimientos sociales en Chile y Colombia. Entre ellos, las redes sociales como vehículo de las protestas, referentes difusos y cuestionamientos al establishment político.
Francia también es foco de un conflicto más tradicional entre el gobierno y los sindicatos por una reforma previsional, por la cual el país lleva casi un mes de paralización de los servicios públicos –a punto de batir un récord de tiempo de una huelga–, sin una solución a la vista.
Leé también
El gobierno quiere instaurar un sistema universal –los mismos derechos para todos los franceses a la hora de jubilarse– en sustitución del actual de 42 regímenes de pensiones que hoy resulta muy injusto.
La reforma de Macron propone, además, los 64 años como la “edad de equilibrio”, dos años más de vida laboral respecto al régimen vigente, una medida para contrarrestar la enorme carga fiscal de muy difícil financiamiento por el aumento en la expectativa de vida.
Una mayoría de franceses –no solamente de los sectores perjudicados– se oponen a la reforma jubilatoria no solo por la pérdida de beneficios en sí misma, sino porque cree que los políticos se autoexcluyen de los ajustes. Siente que el sacrifico siempre recae en los mismos sectores que no son precisamente los más pudientes de la sociedad.
Por eso es que Macron anunció el sábado 21 que renunciará a su futura pensión de exjefe del Estado (unos US$ 6.900 mensuales) y también a formar parte en el futuro del Consejo Constitucional francés, integrado por expresidentes, que le representaría un ingreso vitalicio equivalente a unos US$ 15 mil mensuales, una actitud de empatía con la sociedad.
Las protestas más tradicionales, que también se observan en otros países, refuerzan el ambiente de creciente malestar que está retando al establishment político.
Estamos en un contexto delicado para la democracia que requiere de gobernantes firmes, pero sin dañar la necesaria sintonía con una ciudadanía cada vez más enojada.
