El Congreso de México aprobó que las Fuerzas Armadas sigan participando en seguridad interior

La reforma impulsada por el oficialismo quedó aprobada a la medianoche por 339 votos a favor, 154 en contra y 2 abstenciones implica una enmienda constitucional que preocupa a las víctimas de los excesos castrenses y a los movimientos de derechos humanos en momentos en que el país debate el escándalo producto de una filtración masiva de información de inteligencia.

La modificación constitucional, ya avalada por el Senado, se produce en pleno escándalo por la filtración de información militar clasificada perpetrada por el grupo de piratas informáticos autodenominado Guacamaya, que sacude a varios países de América Latina y en que México ha detonado una avalancha de denuncias periodísticas sobre la influencia de los militares en la actual administración y en la vida civil.

Durante el debate, el diputado Salvador Caro del Movimiento Ciudadano, opositor al gobierno, cuestionó la oportunidad de ampliar la influencia de las Fuerzas Armadas cuando la información filtrada confirma las sospechas sobre la infiltración de los servicios de inteligencia del Ejército en la política, el seguimiento de líderes sociales y revelaría en primera instancias la complicidad de algunos de sus elementos con organizaciones criminales ligadas al  narcotráfico.

"¿Cómo vamos a darle más poder a los militares si está ahí, en los documentos del hackeo, que (las Fuerzas Armadas) tienen vínculos algunos de ellos con el crimen, que han protegido a violadores de derechos humanos?", se preguntó Caro durante un debate legislativo del que se negó a participar el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, citado por los diputados de la oposición para que explique la filtración y sus implicancias.

Por los pronto, los medios locales como así también los analistas en temas de seguridad coinciden en señalar que la reforma constitucional consolida el protagonismo que el presidente López Obrador ha otorgado a las Fuerzas Armadas, confiándoles la seguridad pública pero también otras tareas, como la construcción de multimillonarias obras de infraestructura en el interior del país.

Para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en un país que suma al menos 100.000 desaparecidos desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva frontal contra el narcotráfico, la iniciativa es la continuidad de un pacto cívico-militar que, entre los hechos más aberrantes y monstruosos, produjo el secuestro, asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014, un hecho todavía no esclarecido y que se sospecha encubierto por la inteligencia militar.

En declaraciones a la agencia de noticias AFP, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, la reforma es una muestra del poder de las Fuerzas Armadas. "Están dejando sentir su poder, ante el cual la autoridad civil está sucumbiendo, y máxime el presidente hoy en día que tiene acuerdos estratégicos con las fuerzas armadas", declaró Rosales.

El abogado, además, citó el revés que supuso la cancelación el mes pasado de la mayoría de órdenes de aprehensión que una fiscalía especial que investiga el caso había obtenido en agosto contra 20 oficiales y soldados presuntamente involucrados en el crimen. La medida, que redujo a cinco el número de militares requeridos por la justicia, fue avalada por López Obrador y desencadenó la renuncia del fiscal especial Omar Gómez.

Rosales lamentó que el mandatario planteara que las capturas buscaban desprestigiar al Ejército y provocar "una rebelión" en sus filas. El abogado señaló que la postura de López Obrador, quien mantiene la resolución del caso como uno de sus 100 compromisos de gobierno, evidencia que su pacto con las fuerzas armadas para la seguridad y realización de obras se ha impuesto sobre la causa de los estudiantes.

López Obrador asume ahora una defensa cerrada de la institución que según los analistas procura limpiar de acusaciones a las Fuerzas Armadas, incluso en el caso Ayotzinapa, además de minimizar las filtraciones de información que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió a manos de Guacamaya. Todo esto en un contexto en donde el número de asesinatos y desapariciones forzadas superan los 30.000 y 6.000 casos al año, respectivamente.