El Congreso frenó los planes de Lula da Silva para proteger la Amazonia y las tierra indígenas

El texto, aprobado por 51 votos a favor, 19 en contra y una abstención, luego de haber sido aprobado por Diputados por 337 votos a favor y 125 en contra, fue rechazado por los líderes indígenas, que alertaron sobre el "genocidio aprobado" y llamaron al presidente Lula da Silva a “vetar” la norma que, entre otras cuestiones, limita la demarcación de tierras indígenas a las ocupadas por las comunidades en 1988, cuando se promulgó la actual Constitución.

Pese a las modificaciones, la iniciativa aprobada, originada en un decreto presidencial ahora modificado por los legisladores, permite al Ejecutivo mantener el organigrama de 37 ministerios diseñado por Lula da Silva a poco de asumir, lo que evita el regreso a la estructura de 23 carteras heredada del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, lo que habría derivado en un caos administrativo y trabado la gestión del gobierno.

El texto establece que el Ministerio del Medio Ambiente dejará de tener bajo su control a la Agencia Nacional del Agua (ANA), que será supervisada por el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional; al tiempo que determina que el Registro Ambiental Rural, obligatorio para todas las propiedades y posesiones rurales, será transferido al Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos.

La cartera de Medio Ambiente, además, perderá el control del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento Básico (Sinisa), el Sistema Nacional de Información sobre Gestión de Residuos Sólidos (Sinir) y el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (Singreh), que pasarán a la órbita del Ministerio de las Ciudades. En tanto, el Ministerio de los Pueblos Indígenas ya no se ocupará de la ratificación de las tierras pertenecientes a los pueblos originarios, facultad que retornará al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La norma, además, establece una redistribución de las atribuciones de la Empresa Nacional de Abastecimiento (Conab), que retornará al ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), cartera que será responsable de garantizar los precios mínimos al productor y supervisar la comercialización, abastecimiento y almacenamiento de productos, así como el manejo de la información relacionada con los sistemas agropecuarios.

Los indígenas denuncian que muchas comunidades no se encontraban en sus tierras en 1988 porque fueron expulsadas a lo largo de los siglos, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985). Varios líderes, entre ellos el cacique Raoni Metuktire, llamaron al presidente a "vetar" la norma. "Esta aprobación amenaza nuestros derechos. Todos nosotros, pueblos indígenas de Brasil, no lo aceptamos", dijo en lengua kayapó el nonagenario cacique.

La aprobación, impulsada por diputados y senadores afines al agronegocio y opositores, supone un duro revés para las promesas ambientales de Lula da Silva, que había anunciado en reiteradas ocasiones su intención de avanzar con la demarcación de nuevas reservas de tierras indígenas, territorios que actúan como barreras contra la deforestación, según ambientalistas.

Al llegar al poder en enero, el mandatario designó al frente de Medio Ambiente a Marina Silva, figura emblemática de la lucha contra el cambio climático, y dio a la dirigente indígena Sonia Guajajara las riendas del nuevo ministerio de Pueblos Indígenas. El optimismo generado por los nombramientos, no obstante, chocó con la realidad política. Lula da Silva cedió algunos ministerios y altos cargos a partidos de centroderecha para garantizarse una mayoría legislativa que finalmente no alcanzó.

"Significa un genocidio. Es quitarnos el derecho a vivir, es acabar con el futuro de nuestros hijos, de los pueblos indígenas y de los bosques", abundó Watatakalu Yawalapiti, jefa del movimiento de mujeres autóctonas de Xingu. "Matar los derechos indígenas es también matar la vida del planeta, porque nosotros cuidamos los bosques, enseñamos a la gente a valorar el medio ambiente", subrayó Yawalapiti.

En Brasil hay un total de 764 territorios de pueblos originarios, pero alrededor de un tercio aún no han sido demarcados, según la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI). La votación, además, cayó como un baldazo de agua fría entre los líderes comunitarios, que ahora preparan una gran movilización para el miércoles próximo en Brasilia, fecha en la que el Supremo Tribunal Federal (STF) debe pronunciarse sobre la tesis del "marco temporal".

"En este momento pido la unión de todos, la fuerza de todos para que podamos salvar el bosque. Estamos gritando aquí, pidiendo ayuda porque estamos protegiendo el bosque para el mundo", agregó Yawalapiti, quien advirtió que el objetivo de la ley es "autorizar más deforestación, autorizar la construcción de ferrocarriles, permitir más plantaciones de soja y producir más carne".

"¿Qué sentido tiene hablar del cambio climático si se compran productos que están matando a los pueblos indígenas y acabando con la selva?", se preguntó la líder, al tiempo que llamó a un boicot nacional e internacional contra las empresas dedicadas al extractivismo y al agronegocio en momentos en que el mundo busca limitar el calentamiento del planeta y cuando la demarcación de tierras indígenas se considera una barrera fundamental contra el avance de la deforestación en la mayor floresta tropical del mundo.