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El Congreso peruano aprobó adelantar las elecciones generales para dentro de 16 meses
El Congreso de Perú aprobó el proyecto de reforma electoral y adelantamiento de las elecciones generales para abril de 2024, de modo que la presidenta Dina Boluarte entregará el poder dentro de 19 meses, el 28 de julio de ese año.
La iniciativa requería un mínimo de 87 votos, que se consiguieron con holgura luego de que se extendieran los plazos de la iniciativa de Boluarte para que se votara en diciembre del 2023, tal como se discutía la semana pasada.
El proyecto se aprobó con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, luego de que Boluarte pidiera a los parlamentarios del Congreso unicameral y mayoría derechista que revieran la negativa en medio de protestas que dejaron ya 26 muertos.
"El Congreso tiene que reflexionar y actuar de cara a los intereses país. El 83% de la población quiere el adelanto de elecciones", indicó la mandataria en una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno en Lima, al hacerse eco de una encuesta realizada por la consultora IEP.
La mayoría parlamentaria logró además dejar de lado que se vote una Asamblea Constituyente para reformar la carta magna de tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori.
Varios congresistas de izquierda expresaron en un debate plagado de griteríos que la ley votada no logrará contener las protestas que llevaron al gobierno a decretar el estado de emergencia que habilitó poner al ejército en las calles.
A partir de este jueves en la región de Puno, vecina al lago Titicaca, se iniciará un paro y “trancas” en los caminos, en demanda de la renuncia de Boluarte y la libertad del ex presidente depuesto Pedro Castillo.
El gobierno por su parte anunció la reapertura de los aeropuertos de Arequipa y Ayacucho, que se suman la estación internacional de Cusco que debieron ser cerradas por las manifestaciones. Pero la ciudadela incaica de Machu Picchu sigue cerrada.
En ese marco, el gobierno de México confirmó que ya dio asilo a la familia del destituido Castillo y que tanto su esposa, Lilia Paredes, como sus dos hijos de16 y 10 años, se encuentran en la embajada de México en Lima junto a una sobrina menor.
Paredes tiene abierta una investigación fiscal por corrupción por el supuesto cobro de sobornos para direccionar obras públicas durante el gobierno de su esposo. Pero la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, informó que su gobierno concedió el permiso para que el grupo familiar del ex presidente pueda viajar a México.
En paralelo declaró "persona no grata" al embajador de ese país, Pablo Monroy, y le dio "72 horas para abandonar" el país. Adujo "las reiteradas expresiones" del gobierno mexicano "sobre la situación política del Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos", dijo Gervasi.
En cambio, Castillo permanecerá con detención preventiva por 18 meses, acusado de rebelión por haber decretado el pasado 7 de diciembre la disolución del Congreso, de mayoría derechista, que en sólo 16 meses de gestión le inició tres trámites de vacancia (destitución) aduciendo su “inhabilidad moral” para gobernar.
La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó el martes a Lima liderada por su secretaria Tania Reneaum, continuará este miércoles sus entrevistas para verificar la situación humanitaria en el país.
Viajará a Ayacucho, donde la semana pasada se produjo la masacre de siete manifestantes que intentaron ingresar al aeropuerto local custodiado por militares.
El grupo ya se entrevistó con la presidenta y otros altos funcionarios "para recibir información sobre la crisis institucional y protestas" abiertas tras la destitución de Castillo. También lo hizo con representantes de la sociedad civil, según informó el diario La República.
Se trata de una visita preparatoria de otra que realizará en enero un grupo técnico del organismo para verificar las denuncias. También visita Perú el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, quien tuvo reuniones en la Cancillería.
