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El empleo a la defensiva

Mitos, leyendas y propaganda en tiempos electorales
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02 de marzo de 2019 a las 05:03

La tasa promedio de empleo del último año fue de 57,2% de la población económicamente activa (PEA), un nivel similar a las décadas de 1980 y 1990. La PEA, o tasa de actividad, suma a las personas ocupadas y desocupadas y se considera como un indicador de la oferta de trabajo. Esa oferta superaba holgadamente el 60% de la población a partir de 2006, cuando la economía volaba y la demanda laboral era muy grande. 

El salario real está ahora un poco por encima del nivel de la década de 1990. Pero muchas personas han dejado de buscar trabajo, en particular los más jóvenes, después de no conseguirlo. Ya no están en el mercado, no integran la PEA. 

Ese descenso de la tasa de actividad —de la cantidad de personas que trabajan o buscan trabajo— moderó el aumento del desempleo. Según un estudio que los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelín publicaron en El País, si la cantidad de personas que trabajan o buscan empleo se hubiera mantenido en los mismos niveles que en 2014, la tasa de desempleo rondaría el 11,5%, una cifra alta. 

El miércoles, en una charla organizada por ADM, el economista Gustavo Licandro sostuvo que “los Consejos de Salarios son los enemigos de los desempleados”. Dijo que “solo son queridos por los negociadores y por los sindicalistas, pero en definitiva los Consejos ponen una barrera tan alta” de ingreso al mercado que quien está desempleado “no logra recomponer su vida laboral”.
Licandro, quien fue subsecretario de Economía en el gobierno de Luis A. Lacalle (1990-1995), propuso eliminar los Consejos de Salarios y el salario mínimo nacional, como forma de estimular el empleo. 

El impacto político fue inmediato. El líder nacionalista, Luis Lacalle Pou, se apuró a aclarar que “las opiniones del economista Gustavo Licandro no son las mías. Tampoco pertenece a nuestro equipo económico”.

El propósito de los Consejos de Salarios es establecer un ámbito oficial de negociación colectiva para fijar remuneraciones por categoría laboral, así como su reajuste y otras condiciones. Se crearon por ley de 1943 y se reunieron hasta 1968, cuando el gobierno de Jorge Pacheco Areco los dejó de lado. Las negociaciones colectivas se retomaron en 1985, cuando la apertura democrática, y el gobierno de Luis A. Lacalle dejó de convocarlos en 1992. Los salarios pasaron a ser fijados por acuerdos bipartitos (empleados y empresarios) o por el gobierno. La tercera etapa de Consejos de Salarios comenzó en 2005, en el inicio del ciclo del Frente Amplio, lo que contribuyó a reforzar el poder de los sindicatos.

El empleo y el salario dependen mucho más de la situación del mercado que de las negociaciones colectivas. De hecho, los salarios reales aumentaron sin Consejos de Salarios entre 1968 y 1972, o entre 1992 y 1999. Por el contrario, los salarios y el empleo cayeron, pese a los

Consejos de Salarios, en muchas fases de la larga etapa de estancamiento económico y alta inflación que se inició en 1955. Y ocurre ahora en ciertos sectores laborales que están en problemas.

Los Consejos de Salarios pueden ir un tiempo contra los hechos económicos, pero no todo el tiempo. O pueden beneficiar a quienes tienen empleo a costa de quienes no lo tienen. Los sindicatos representan a sus afiliados, no a los desempleados. Tratan de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de quienes tienen empleo, aunque con ello también eleven el umbral para el ingreso de nuevos trabajadores.

Pero Licandro olvidó el papel político y conciliador que cumplen los Consejos, como tantos otros mecanismos similares en el mundo. Sistematizan las discusiones salariales, emparejan las condiciones de trabajo y, eventualmente, ahorran conflictos “salvajes”.

Tras 16 años de crecimiento, la economía uruguaya muestra ahora serios problemas estructurales, como la baja competitividad y productividad, y otros más coyunturales, como el tipo de cambio.

En la misma charla de ADM en que Licandro propuso eliminar los Consejos, el economista Ignacio Munyo estimó el “atraso” cambiario en 30%, lo que destruye la producción nacional.

Por su parte el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, repitió su idea recurrente: es cierto que se han perdido casi 50 mil puestos de trabajo en los últimos años, pero solo después que se crearan 300 mil desde el inicio del ciclo frenteamplista.

No fueron los gobiernos del Frente Amplio los que recompusieron el mercado laboral, pese a cierto buen manejo macroeconómico y algunas reformas, sino la vigorosa recuperación de la economía desde 2003, y la formalización del empleo. Al fin, la irrupción de China como principal socio y la demanda por la producción agroindustrial fue el gran empleador; como poco puede hacer ahora el Ministerio de Trabajo para evitar un desempleo creciente. 

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