Uno de los exjefes de la Dirección Central de Inteligencia (DCRI, luego DGSI) de Francia, Bernard Squarcini, de 67 años, será llevado a juicio por tráfico de influencias e información clasificada.
Squarcini, que será juzgado junto a otras diez personas, ocupó el cargo en la DCRI de 2008 a 2012, durante la mayor parte de la presidencia de Nicolas Sarkozy. Una vez desafectado, fundó una empresa de inteligencia económica, Kyrnos, contratada por el grupo de marcas de lujo LVMH (por las siglas de las marcas Louis Vuitton y Möet Hennesy), de Bernard Arnault, dueño de una de las mayores fortunas del mundo.
El ex jefe de inteligencia es sospechoso de haber mandado a espiar entre 2013 y 2016 al periodista François Ruffin por orden de LVMH. En esos años, Ruffin, que más tarde fue electo diputado por la izquierda radical, se encontraba realizando un documental crítico sobre la figura del dueño del grupo dedicado al consumo de lujo y que integran, entre más de 70 marcas, Christian Dior, Bvlgari, Sephora, Tag Heuer, Krug, Dom Perignon, Givenchy, Loewe, Marc Jacobs, Kenzo, Céline, RIMOWA, Tiffany y Hublot.
Durante la instrucción del juicio a Ruffin, el propio Arnault fue llamado a comparecer como testigo. “No sé absolutamente nada de la información recogida”, dijo, según señalaron las magistradas a la agencia de noticias AFP.
Quedó descartado que el grupo de lujo evitará, sea cual sea el final del caso, un proceso judicial, ya que a fines de 2021 cerró con la fiscalía de París un acuerdo por el que pagó 10 millones de euros de multa, a cambio de que se abandonaran los cargos en contra de la empresa y sin que esta reconozca ninguna culpabilidad.
Squarcini, que fue inculpado en 2016, ahora deberá responder ante once presuntos delitos, entre ellos los de tráfico de influencias pasivo, desvío de fondos públicos, puesta en peligro del secreto de la Defensa nacional, abuso de confianza y falsedad en documento público.
Según trascendió, las juezas tildaron de “error de análisis manifiesto” la argumentación esgrimida por la defensa, según el cual la protección de los intereses privados de Bernard Arnault equivalía a proteger el patrimonio económico francés.
Se referían a lo que dijo Squarcini en uno de los interrogatorios: “Si bien pude infringir ciertos textos, no vi en ello una infracción sino una cierta continuidad con mis actividades al servicio de la República”.
La investigación de los delitos, que comenzó hace 12 años, llevará al banquillo de los acusados a un ex prefecto y a un ex juez de la Corte de Apelación de París, y a ex responsables de la Policía, todos bajo sospecha de haber respondido a los pedidos de Squarcini. Obviamente, todos, incluido Squarcini, niegan las acusaciones en su contra.
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