Cuando se trató el tema en el
Consejo de Ministros hubo una suerte de empate. Por un lado, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, apoyó que se mantuviera en 90 días el plazo máximo de prisión preventiva antes de que los jueces deban dictarle sentencia a los menores infractores.
Por el otro, el ministro del Interior, Eduardo
Bonomi, marcó su postura más afín a lo ya aprobado por la Cámara de Senadores que establece que el plazo máximo previsto para la prisión preventiva sea de un año. Este último cambio iguala el proceso penal de los mayores de 18 años al de los menores de edad.
Ante el reclamo del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), y el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente, la comisión de
Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes postergó la votación con el fin de realizar modificaciones a lo aprobado por el Senado. Y este martes debe definir qué hará en torno al asunto. La principal diferencia radica en el plazo máximo previsto para la prisión preventiva de menores.
Cuando se aprestaba a votar el proyecto de ley en la comisión de Constitución y Códigos de Diputados, su presidenta, Macarena Gelman (Ir), planteó su disconformidad con lo aprobado en la cámara alta. Gelman y otros legisladores -incluidos de la oposición- quieren preservar en 90 días el plazo máximo de prisión preventiva para menores. Es así que las negociaciones para llegar a un acuerdo intermedio se dispararon tanto con el Poder Ejecutivo como con los senadores frenteamplistas.
La directora del Inisa, Gabriela Fulco, dijo a El Observador a fines de agosto que extender más de 90 días la imposición de la justicia de una medida privativa "implica un retroceso histórico"
Según informaron a El Observador fuentes políticas, este martes los legisladores frenteamplistas se reunirán de apuro y sobre la mesa estará una solución que pasa por establecer en 120 días el plazo de la prisión preventiva para menores, período que irá acompasado con la duración del proceso judicial y el límite para dictar sentencia.
"Lo que vayamos a resolver mañana (por este martes) tiene que estar de acuerdo con el Senado", comentó la diputada por la 609 Cecilia Bottino. En tanto, la senadora Daniela Payssé (Frente Líber Seregni) se limitó a decir que el tema está siendo negociado.
Al ser consultada sobre la propuesta, la diputada Gelman dijo a El Observador que ante esta alternativa habría que analizar con cuidado su redacción y los matices que puedan surgir. La legisladora adelantó que no va a acompañar en caso de que se vote lo ya aprobado en el Senado, ya que su posición es mantener el régimen vigente que establece que si el juez no tiene una sentencia firme en un plazo de 60 días para delitos graves y 90 días para delitos gravísimos, el joven debe quedar en libertad.
A raíz de esta situación, la comisión de Constitución se reunirá este martes a mediodía, cuando normalmente lo hace los miércoles. Además de tratar el punto de la prisión preventiva, la Cámara de Diputados votarán una treintena de modificaciones al nuevo Código del Proceso, que fueron propuestas por la Fiscalía y que necesariamente deben ser aprobadas antes del 1° de noviembre.