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El FA pide investigar si Cardoso le ocultó información al presidente Lacalle Pou
El miércoles 8 de setiembre la Cámara de Diputados se reunirá en forma extraordinaria. En lo que se sabe será una prolongada sesión, deberá discutir los dos informes que proponen indagar a nivel parlamentario lo ocurrido en el Ministerio de Turismo durante la gestión del colorado Germán Cardoso y unficarlos en una sola comisión investigadora.
Por un lado, el Frente Amplio pide indagar en todo lo relacionado a las denuncias que, a través de la prensa, realizó el entonces director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, y que derivaron en la salida de Cardoso del ministerio.
Cardoso, por su parte, pide investigar las políticas de contratación de medios, eventos realizados por la cartera y montos pagados desde 2010 hasta el día de su renuncia. El objetivo del exjerarca, tal cual lo declaró, es comparar los procedimientos utilizados en las diferentes administraciones. Su argumento es que son los mismos por lo que, si él cometió alguna irregularidad, el Frente Amplio también incurrió en ello.
Lo cierto es que, a diferencia de lo presentado por la oposición, el planteo original de Cardoso giraba en torno a una investigación genérica, sin mencionar ningún caso en particular. Así fue observado por los integrantes de la comisión pre investigadora que sesionó entre jueves y viernes de la semana pasada.
A partir de esa situación, Cardoso “amplió” su denuncia introduciendo seis puntos concretos.
Confuso y sin fundamentos
Por voto mayoritario la comisión consideró de “entidad” el tenor de la denuncia presentada por Cardoso y consideró “serio” su origen debido a su condición de exministro. La decisión de recomendar a la cámara la formación de una investigadora fue tomada en forma unánime, aunque la diputada Cecilia Bottino (FA) planteó una serie de salvedades.
La legisladora del Movimiento de Participación Popular aludió a la “precipitada” solicitud del exjerarca al saber que el Frente Amplio iba a proceder en el mismo sentido. Para Bottino, el pedido del exministro “resulta confuso y carece de fundamento”, además de “no desarrollar argumentos” que lo fundamenten.
La diputada aludió al hecho de que el propio Cardoso dijo no poder presumir de alguna irregularidad o ilicitud en el período que pretende investigar, por lo que la comisión que pide “no puede tener como finalidad defenderse de los hechos ilícitos que a él se le imputan”.
Ocultamiento al presidente
El diputado frenteamplista Eduardo Antonini planteó dos elementos relevantes a su juicio, a la hora de analizar las irregularidades que se le señalan a Cardoso y que, si bien no forman parte del informe, la investigadora deberá analizar. Por un lado, el hecho de que la propia Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado haya decidido indagar sobre el accionar del exministro.
Pero también que el entonces jerarca le “ocultara” información al presidente Luis Lacalle Pou
Antonini remarcó que, cuando surgieron las primeras denuncias de Pérez Banchero, Cardoso concurrió a la Torre Ejecutiva y le presentó al mandatario expedientes que fundamentaban las compras cuestionadas.
“La explicación que me da es jurídicamente válida, que no se aparta de la ley”, había afirmado Lacalle Pou luego del encuentro.
Horas después, sin embargo, Pérez Banchero aportó más elementos sobre una serie de contratos que se pretendían adjudicar por compra directa, luego de lo que Cardoso renunció a su cargo. La reflexión de Antonini es que Cardoso “no le llevó” al presidente parte de los expedientes cuestionados.
“Podemos inferir que pudo haber existido un ocultamiento de información al presidente de la República, lo cual también es grave”, concluyó el diputado frenteamplista.
Antonini valoró que la adjudicación directa es un mecanismo válido en un ministerio como Turismo, debido a que la lentitud de los procesos licitatorios pueden alterar campañas de publicidad sobre hechos concretos.
“Se usó ahora y se usó antes”, remarcó Antonini. La diferencia, apuntó, es que durante la gestión de Cardoso se adjudicaron montos nunca vistos a una sola empresa.
Antonini apeló una vez más a Pérez Banchero, que sostuvo que, entre 2015 y 2019, lo invertido por esa vía fue US$ 210 mil anuales, repartidos entre seis empresas.
Cardoso, sin embargo, le habría otorgado directamente US$ 800 mil a la firma Satenil para una campaña en la vía pública, sin el informe técnico correspondiente.
“Para que quede bien claro, ni el diputado Antonini ni el Frente Amplio están haciendo acusaciones porque sí”, remarcó. “Todas refieren a las afirmaciones hechas por el exdirector nacional de Turismo” dijo, en referencia a Pérez Banchero.
Antonini apuntó que, comparado con el período 2019-2020, la inversión en publicidad efectuada entre el año pasado y este se duplicó, en un mundo paralizado y sin la presencia de turistas extranjeros. “Es por lo menos extraño que para promover el turismo interno se gastara el doble de lo que se gastó antes, cuando se promocionaba Uruguay al mundo”, concluyó.
Los temas propuestos por Cardoso
El exjerarca pide investigar la contratación de pautas publicitarias a nivel local e internacional por parte del ministerio en 2018, bajo la gestión de Liliam Kechichian, a una misma empresa y por vía de excepción, insistiendo en el gasto pese a reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas.
Según afirmó, al año siguiente se le volvió a comprar a la misma empresa y a través del mismo mecanismo sin licitación, “pese a que no existía pandemia ni emergencia sanitaria”. Cardoso también propuso investigar los criterios que la gestión de Kechichian aplicó para la adquisición de servicios por vía de excepción desde el año 2010.
Otro de los puntos a indagar pasa por un “cockctail” realizado en Argentina por valor de US$ 55 mil en 2016, también observado por el Tribunal de Cuentas.
Además, pidió que se explique por qué la pasada administración transfirió a una cuenta bancaria en España US$ 500 mil a la Entidad Gestora de los Derechos de Productores Audiovisuales (Egeda).
En el pedido incluyó la compra, en 2017, de un inmueble ubicado sobre la calle Cerrito, en la Ciudad Vieja, en el que estuvo la histórica sede del Lloyd´s Bank. También en este caso Cardoso argumentó que fue una compra directa y observada por el Tribunal de Cuentas.
Lo cierto es que esa compra fue anulada en abril del año pasado, pero no bajo la sospecha de irregularidades. El actual gobierno sostuvo en esa oportunidad que se necesitarían US$ 4,5 millones para poner el edificio en condiciones, un gasto “inoportuno” en medio de la emergencia sanitaria.
El pedido de investigación abarca a su vez los montos e inversiones realizadas en el proyecto del Corredor de los Pájaros Pintados, un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el litoral del país.
Durante la sesión en que tuvo que fundamentar su solicitud, el diputado Iván Posada (PI) le preguntó a Cardoso si sobre los puntos denunciados tenía alguna presunción de irregularidades o ilicitudes.
“A mí no me compete juzgar si hay ilegalidad o no”, respondió el exministro. “Eso surgirá de las actuaciones de la comisión que pretendo se constituya”.
Cardoso dijo carecer de la “irresponsabilidad” y de la “mala intención” de la que fue “víctima” por parte del Frente Amplio a través de los medios de comunicación. “A mí ni me compete, ni me corresponde, ni deseo entrar en ese barro”, insistió.
“No estoy dispuesto a tolerar, bajo ningún concepto, que se prejuzgue, que se ponga en tela de juicio mi transparencia, mi ética y mi accionar en la vida pública”, dijo y agregó que su objetivo al pedir la investigación, es defender su honor. “No todo vale en la vida política. Cardoso se definió a sí mismo como un “hombre de bien” que tiene detrás “una familia y un honor que defender”.
El exministro y ahora diputado elevó al Parlamento dos tomos con 1.674 páginas de documentos y recortes de prensa que aluden al tema. Entre ellos las versiones web de las notas publicadas por el semanario Búsqueda que dieron origen a la polémica.
En algunas se utilizó para relevarlas el nombre de usuario de Paola Riani, asesora en Comunicación del Ministerio de Turismo. Técnicamente, esa documentación fue presentada en el Parlamento cuando Cardoso ya había renunciado a la cartera.
Consultada por El Observador, la asesora explicó que eso forma parte de sus tareas y que el documento en cuestión había sido impreso en el momento de su publicación, como parte de un trabajo rutinario y cuando Cardoso aún era ministro.
