La comisión que estudia el proceso de adquisición de las patrullas océanicas OPV al astillero español Cardama tuvo este lunes su segunda sesión con la comparecencia del exministro de Defensa, José Bayardi, mientras sigue sin dilucidar si se trata de una comisión investigadora o no. Ese aspecto generó otras discusiones respecto al manejo de la información y de las versiones taquigráficas que generaron un nuevo intercambio entre oficialismo y oposición.
Luego de varias idas y vueltas, de propuestas y contrapropuestas, el sistema político se puso de acuerdo y decidió crear una comisión investigadora sobre el denominado Caso Cardama en la Asamblea General. La oposición quería hacerla en Diputados –donde tiene mayoría– y el oficialismo en el Senado –por la misma razón–.
La solución a la que se llegó generó un hecho que no tiene precedentes: hasta ahora nunca se había creado una investigadora en la Asamblea General (donde están empatados en votos). Eso generó, en la primera sesión, una discusión jurídica sobre las potestades de la comisión que continuó en la de este lunes.
“Creo que un aspecto que deberíamos dilucidar –que quedó planteado en la sesión anterior– es que esta comisión, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, no es una comisión investigadora sino una comisión especial con fines de investigación. Entonces, tenemos que definir qué alcance vamos a darle a la forma de funcionamiento de la comisión”, dijo en la sesión el diputado blanco Pablo Abdala, según consta en la versión taquigráfica.
La diferencia entre una investigadora y una permanente o especial tiene que ver con su funcionamiento. En las primeras, según dijo el propio Abdala, no pueden participar ni siquiera los suplentes (actualmente Carmen Asiaín está supliendo a José Luis Falero) y las versiones taquigráficas no se distribuyen ni se publican –pese a que se puede acceder a ellas–.
Si bien hay cierto consenso sobre que se trata de una comisión especial con fines investigativos, no una investigadora, los legisladores aun está a la espera de un informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento para dilucidar la cuestión. El diputado Álvaro Perrone ya adelantó en la coordinación interpartidaria de este martes que si no se trata de una investigadora, Cabildo Abierto va a plantear una con potestades de investigadora en la cámara baja.
En ese marco, además, se planteó otra discusión vinculada a las sesiones secretas o reservadas y también a la información clasificada que la comisión puede recibir del Poder Ejecutivo. Fue el diputado frenteamplista, Joaquín Garlo, el que introdujo el tema luego de una charla con algunos legisladores de la oposición.
“Entendemos necesario aclarar, con respecto a su funcionamiento y teniendo en cuenta la facultad que tiene de declarar sus sesiones y de atribuir a sus versiones taquigráficas el carácter de información secreta, la responsabilidad que cabe a sus miembros en cuanto al manejo de los datos que surjan en las reuniones que sean declaradas secretas –concretamente, lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República y en los artículos 162 y 163 del Código Penal–“, empezó diciendo el diputado por Maldonado e hizo la misma apreciación sobre la información que pueda recibir la comisión para señalar que recibir información clasificada no significa que se desclasifique.
Ese intervención del diputado Garlo generó algunas dudas en la oposición que realizaron planteos. El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, dijo que de las palabras del diputado oficialista se desprendía que la mayoría de la comisión –que ostenta el Frente Amplio– puede, cuando quiera, declarar secreta la comisión.
“¿O existe la posibilidad de que nunca pueda declararse secreta? Lo digo porque si existe la posibilidad de que nunca puede declararse secreta, es un escenario. Si no, no se entiende lo que dijo el señor legislador Garlo porque si siempre puede declararse secreta, no puedo menos que tomar como una advertencia que la mayoría, cuando quiera, puede impedir que la sociedad conozca la respuesta que den los comparecientes”, preguntó.
Garlo contestó que no se trata de una advertencia sino simplemente de la reafirmación de los establecido en la ley y más adelante la senadora oficialista Liliam Kechichián dejó constancia de que la intención del Frente Amplio "está muy lejos" de querer declarar todo secreto. "Considero importante que conste en la versión taquigráfica que nosotros creemos que la sociedad debe tener luz sobre todo este episodio", dijo.
Antes el diputado cabildante Álvaro Perrone había intervenido para decir que “cada vez queda más claro que no estamos en una comisión investigadora”. “Agrego que Cabildo Abierto pretende que en esta comisión –a no ser que se trate de algún tema de mucha seguridad nacional, personal, que se declare secreta– se trabaje con transparencia total, con las versiones taquigráficas publicadas, y que todo se sepa”, dijo.
Fue en ese marco que el mismo diputado planteó que la comisión “haga averiguaciones” con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre la “seguridad de los teléfonos”. “Saber si nuestros teléfonos están intervenidos o pueden serlo. Que nos den garantías”, dijo.
Las palabras de Bayardi
Una de las principales incógnitas que despejó el exministro de Defensa, José Bayardi, fue si el Frente Amplio había tenido planes de comprar patrulleras oceánicas antes de 2020. Esa era una de las preguntas planteadas por diputados de la oposición y el exjerarca fue claro.
"Vayamos por partes. La primera parte tiene que ver con la formulación que hizo el legislador Schipani: «Durante este período, ¿qué fue lo que se hizo por parte del Ministerio de Defensa Nacional para adquirir las OPV?» Voy a contestar sobre el período 2019, de abril a febrero. Entonces, ¿qué se hizo en el Ministerio de Defensa Nacional para adquirir la OPV? ¡Nada! Para la adquisición de las OPV, desde el mes en que asumí hasta el final, no se hizo nada", dijo Bayardi que fue ministro entre abril de 2019 y febrero de 2020.
El exministro, que también ocupó ese cargo entre 2008 y 2009, aseguró que cuando el Ministerio de Defensa quiere adquirir bienes tiene que pasar por un "contencioso de primera línea" que es el Ministerio de Economía. "Integra la pelea permanente con el MEF. Y en ese contexto, de abril de 2019 a febrero de 2020, no había ninguna condición para que fuéramos a pedir que se encarara la compra de la OPV. Así que, ¡nada!", apuntó.
