La reacción fue inmediata, aunque se fue diluyendo con el paso de los días. Apenas conocida la decisión del gobierno de gravar con un impuesto (progresivo que va del 5% al 20%) por dos meses a los más altos cargos políticos y a los funcionarios públicos mejor pagos, los sectores más a la izquierda del Frente Amplio reclamaron por un mayor gravamen al capital y la riqueza, con el fin de contar con mayores recursos para sortear la crisis sanitaria y económica que vive el país.
