En el medio del tironeo queda el Frente Amplio.
Para la izquierda, la ética es (o era) uno de sus intangibles más importantes. Durante décadas, y de la mano del líder histórico Líber Seregni, el Frente Amplio hizo culto de ello.
Tanto es así que es el partido político uruguayo que más importancia le da a su Tribunal de Conducta Política (TCP). Si bien blancos y colorados tienen en sus estructuras organismos similares, en ninguno tiene tanto peso como en el Frente Amplio.
Tal vez por ello, Sendic decidió poner su cabeza en manos del tribunal. Si se lo eximía de responsabilidad era acallar gran parte de sus problemas.
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Pero también en la izquierda siempre se diferenciaron los problemas éticos de los jurídicos.
En algunos casos podía no haber delitos, pero sí fallas éticas. Y en el Frente Amplio la cultura predominante durante las épocas de partido opositor y los primeros años de oficialismo era que ambos asuntos caminaran por carriles separados. Los asuntos legales a la Justicia, pero los éticos se resolvían en la interna y sin miramientos. Claro, nunca estuvo en juego el prestigio de un vicepresidente. Ahora, el posicionamiento de la Lista 711 es esperar la resolución judicial sobre la investigación de la gestión en ANCAP, más allá de lo que diga el tribunal sobre el uso de la tarjeta corporativa del ente por parte del jerarca.
Varios sectores oficialistas le piden la renuncia porque consideran que si el fallo del tribunal encontró desvíos éticos, lo que corresponde es aceptar el veredicto, como siempre hizo el Frente Amplio con esos dictámentes. Fuentes del oficialismo consultadas por El Observador recordaron además que Sendic se presentó ante el organismo de contralor interno por su propia voluntad, por lo que no debería desconocer el fallo.
Sin embargo, todos esas idas y vueltas generan nuevos focos de tensión.
La relativización realizada por la Lista 711 sobre el fallo del organismo de contralor del Frente Amplio, que ya entregó su resolución, generó sorpresa en dirigentes del partido de gobierno.
Los cruces aparecen en un momento en que el TCP comenzó a ser cuestionado en público por las garantías brindadas durante el proceso en que juzgó a Sendic, al advertir que hubo filtraciones.
El Partido Comunista de Uruguay (PCU) salió a criticar al tribunal integrado por Jorge Brovetto, Nicolás Grab, Ennio Martínez, María Elena Martínez, Jaime Igorra y Juan Carlos Ferreira.
"Duele tener que reconocer que estamos en presencia de una forma de filtrar información de adentro de los organismos del Frente Amplio que lastima y que plantea problemas serios. Más aún porque en este caso hablamos de un ámbito que para nosotros era casi inmaculado. El Tribunal de Conducta Política era un espacio de garantías", dijo el secretario general del PCU, Juan Castillo, durante una entrevista con El Popular, la publicación oficial de los comunistas. "Por más complicado que fuera el caso nunca había ocurrido que se filtraran tantas cosas a los medios de comunicación. Esto genera un gran daño", agregó.
Las garantías brindadas por el TCP también fueron cuestionadas por dirigentes de la Lista 711 en conversaciones informales que mantuvieron durante los últimos días los allegados a Sendic.
