Las autoridades cubanas dieron a conocer este sábado el informe nacional sobre la trata de personas y delitos afines, en el que se expone que a lo largo del año pasado se condenó a una docena de personas con penas de hasta 20 años de cárcel.
El informe denuncia también el incumplimiento de los acuerdos migratorios por Estados Unidos y el estímulo a la migración ilegal que coloca a las familias en situación vulnerable frente a la trata de personas en terceros países.
Publicado este fin de semana en la página oficial de la cancillería isleña, el documento reitera la política de “tolerancia cero” para estos flagelos, al tiempo que advierte sobre la presencia de “empresarios extranjeros y cubanos” investigados por reclutar sobre todo mujeres para trabajar en bares en otros países.
La mayoría de los delitos señalados en el texto son de índole nacional, sobre todo las 12 personas encontradas culpables de proxenetismo y de corromper a menores, en este caso todas niñas menores de 16 años.
Para los delitos de alcance internacional, el documento informa que se trabajó con los departamentos policiales de otros países y con Interpol.
“El accionar delictivo se concentró en la captación de jóvenes, principalmente del sexo femenino, por parte de empresarios extranjeros y cubanos, para brindar servicios de bares y centros nocturnos en Rusia, México, Nicaragua, Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Japón, China y Chipre”, señaló el reporte oficial, que no ofreció mayores detalles sobre el particular.
El informe oficial reconoce, además, que “persiste la incidencia en Cuba de extranjeros que interactúan con prostitutas a cambio de dádivas”, así como la venta en línea de videos e imágenes de contenido sexual “cuyo pago se materializa mediante transferencias bancarias desde el exterior e interior del país”.
En el documento se puntualiza que en el período abarcado se realizaron varios intercambios con el gobierno y sectores de la sociedad estadounidense para abordar el trabajo de las brigadas médicas cubanas, particularmente en medio de la pandemia de la Covid-19 y la política de descrédito lanzada por la administración del país norteño.
En 2021 se extendió por un año adicional la implementación del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas y se comenzó a elaborar el nuevo Plan de Acción Nacional para el período 2022-2024.
Agrega el documento que continuaron las acciones de cooperación y el intercambio oportuno de información con las organizaciones internacionales, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el sistema de las Naciones Unidas y los organismos homólogos de países de la región y europeos.
También se mantuvo la atención especializada a las víctimas de trata, así como a aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
El informe reseña las principales actividades de los organismos de la administración central del Estado implicados en el tema, entre ellos los Ministerios de Justicia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud Pública y Trabajo y Seguridad Social, entre otros.
También se puntualiza que Cuba cuenta con diversos instrumentos jurídicos para prevenir y enfrentar la trata de personas y conductas asociadas a esta como el proxenetismo, la pornografía y prostitución infantil, en coherencia con el espíritu de la Convención de Palermo, sus Protocolos y otros instrumentos internacionales de los que la isla caribeña es signataria.
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