El gobierno no entiende al agro

Después del acto del pasado martes 23, donde una gran cantidad de productores en forma por demás civilizada y correcta hicieron públicos sus reclamos al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales con aspiraciones que trascienden a su sector y miran el bien del país, pareció que el gobierno ponía el oído atento. Convocó a las gremiales agropecuarias para el pasado lunes 29 y, en un gesto sorpresivo y positivo, el presidente Vázquez se reunió con los autoconvocados cuando llevaron una propuesta a la Torre Ejecutiva. Fue un gesto muy apropiado: tender una mano en un momento de tensión, escuchar de propios labios sus problemas, buscar descomprimir una situación muy tirante, máxime cuando el propio Vázquez había dicho públicamente que solo iba a recibir a gremiales representativas.

Pero la respuesta oficial que entregó el gobierno el lunes 29 a las gremiales –tres medidas de escaso monto para tres sectores referidas a tarifas eléctricas, combustibles e IVA– demostraron que el gobierno no entendió o no decodificó la señal del martes 23. Allí no hubo tanto un reclamo de medidas sectoriales y puntuales, sino un reclamo más amplio y generalizado respecto al manejo del Estado, del gasto público, de evitar situaciones como las de Ancap, Pluna, Alur y Fondes, sueldos incomprensiblemente altos en empresas estatales, del control del manejo de las tarjetas corporativas, de la burocracia estatal que hace difícil emprender e invertir. En fin, no se reclamaban tanto unas medidas concretas como un ajuste general de un Estado gordo e ineficiente, un cambio de una gestión en empresas públicas rayana a lo ridículo y muy poco profesional, el uso de las empresas públicas como caja de auxilio para financiar el déficit generado por la incompetencia que se asentó en Ancap en la administración anterior, el uso desprolijo en el manejo de dineros públicos aunque fuera en cuestiones de poca monta y el no rendir cuenta de los viáticos recibidos en ejercicio de la función. Se reclamaba sobre el incumplimiento de la promesa de no reponer todos los funcionarios que se van (solo dos de cada tres). Se reclamaba por el hecho de que los 70 mil empleados que incorporó el Frente Amplio en sus tres gobiernos implican hoy un gasto anual de entre US$ 1.000 y US$ 1.200 millones, que son un 2% del PIB.

Lo que esperaba el agro y todos los sectores productivos no eran medidas puntales que al fisco no le cuestan nada, sino un plan para reducir el gasto (aunque ello lleve tiempo), reducir la carga tributaria, adecuar las tarifas de combustibles y energía a los precios de producción a efectos de retornar competitividad a las empresa, dejar de financiar el déficit con deuda que pagará el próximo gobierno o la próxima generación. Y ya que este gobierno habla tanto de solidaridad, es bueno recordar lo que dijo Eduardo Blasina en estos días: solidaridad es no endeudar al país para que lo pague la próxima generación.

Porque salta a los ojos que reducido el gasto, se reducirán las presiones sobre el tipo de cambio que quitan competitividad al sector productivo. El agro no pidió una maxidevaluación ni eliminar el Mides. Pidió prudencia en el manejo de los gastos públicos y esa prudencia ha faltado por no tener la tan mentada regla fiscal. Y pidió eficiencia en el manejo del Estado, cuando desde la fiesta de Ancap se percibe ineficiencia de arriba hacia abajo. Y además el presidente reconviene al sector arrocero, uno de los más eficientes del mundo, en que procure ser eficiente.

Son esas cosas, quizá pequeñas o dichas sin pensar o sin conocimiento de causa, las que aumentan la irritación del agro. La irritación de no saberse escuchados. La irritación de sentirse ninguneados. La irritación de quien es motor de desarrollo (porque si alguien mejoró su productividad en la bonanza ese fue el agro), pero que es vapuleado con argumentos traídos de los pelos y de la ideología como el valor de la tierra y de los arrendamientos.

El gobierno no entiende al agro y quizá tampoco a los demás sectores productivos. Sabe sí dar incentivos de inversión y mejor si son a empresas grandes y extranjeras. Pero a las pequeñas y uruguayas ni siquiera se les quita la carga tributaria extra que se les impone para sanear inexcusables errores del mismo partido.

Lo que necesita el agro es alguien que escuche, alguien que entienda, alguien que tenga voluntad de poner en marcha las necesarias reformas, empezando por la educativa, en la que todos están de acuerdo pero en la que nadie se anima a meter mano. Hoy se vuelve a reunir el agro en Durazno. Pero es todo el país el que espera una señal de que se quiere transitar el rumbo adecuado.

PD: otro que no entendió nada es el intendente Sergio Botana, que se jacta de haber incorporado 202 cargos confianza por fuera de la norma por razones que el considera "de justicia".