2 de diciembre de 2015 5:00 hs

El Parlamento aprobó en diciembre de 2014 la ley 19.310, que otorgó un aumento de 8% para todos los funcionarios del Poder Judicial, en lugar del 26% de aumento salarial que se desprendía de cambios en el Presupuesto aprobado en 2010. Los sindicatos de actuarios y funcionarios presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el aumento de 8% y reclamaron que se cumpliera el aumento de 26%. La Suprema de Corte de Justicia, integrada por ministros de Apelaciones, resolvió que los trabajadores no tienen legitimidad para presentar tal reclamo, por lo que dejaron firme el artículo 3 de la ley, que establece el aumento de 8%.

La ley preveía una partida de $ 246 millones para pagar ese 8% de aumento que debe ser ejecutada en el marco del actual presupuesto, es decir, antes del 31 de diciembre. Por esa razón, el gobierno tiene los días contados para reglamentar la ley y ejecutar la partida.

"Sentimos que una situación que estaba congelada, se descongela. Estábamos en un impasse (...) Ahora lo que corresponde es que el Poder Ejecutivo proceda a la reglamentación de este articulo 3º y ahí avanzaremos. Tenemos la absoluta convicción de que avanzaremos hacia la solución de este problema", expresó ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.

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Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, advirtió que esa resolución tiene un gran impacto para el gobierno.

"Estábamos discutiendo algunos aspectos menores para este Presupuesto. Con la sentencia de la Corte tendremos que discutir cosas mayores", dijo el ministro en declaraciones recogidas por Subrayado. "Se comprobó lo que dijo el gobierno. La resolución de la Corte tiene impactos mucho más grandes que lo que estábamos negociando para este Presupuesto", agregó. "Fue correcta la actitud del gobierno de esperar la sentencia de la Corte para luego ver" qué hacer, dijo Murro, en referencia a un comunicado de Presidencia de la República en el que se anunciaba que esperaría el fallo de la Suprema Corte para analizar posibles soluciones para resolver el conflicto con los judiciales. "Vamos a estudiar la sentencia de la Corte y después veremos", señaló Murro.

El asesor de la Asociación de Funcionarios Judiciales, el abogado Roberto Rinaldi, dijo el lunes a El Observador que el fallo de la Corte "genera una escenario totalmente distinto" para retomar las negociaciones con el Ejecutivo.

El fallo de la Corte integrada declaró además inconstitucional el artículo 9 de la ley 19.310, que establecía que el máximo órgano judicial debía encargarse del pago de las condenas en su contra. "Hemos tomado con alivio esa situación, sobre todo por el artículo 9, que obligaba a la SCJ a hacer frente a las condenas en su contra con fondos propios", expresó ayer Chediak en rueda de prensa.

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