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El huracán Visa es solo el primero

El proceder del Frente Amplio recuerda al de las clásicas estructuras del marxismo: no es la Justicia la que juzga y condena

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12 de septiembre de 2017 a las 05:00

Tan pronto se conociera la renuncia del no licenciado Sendic, las redes en Argentina explotaban con un comentario unánime: “Tomen ejemplo de Uruguay, no tolera la corrupción, por unas mínimas compras no justificadas sacan al vicepresidente”. Como el lector no ignora, del otro lado del río estas travesuras menores con los gastos son simples bromas de fin de curso al lado de los raids del kirchnerismo y asociados, de modo que el comentario es comprensible, como ha expresado con tanta precisión el expresidente José Mujica, mentor del ahora renunciado. Pero, más allá de superficialidades, caben algunas consideraciones, análisis, preguntas y dudas.

Como se ha dicho, luce evidente que el Frente Amplio no quiso pagar el precio de tener el peso del fantasma del desprestigiado jerarca sobre sus espaldas durante el complejo período que debe recorrer hasta las elecciones. Además de la bronca de la gente, como sostienen algunos, el enojo interno frentista con las actitudes y los dichos posteriores del vice terminaron por no dejar alternativas. Entonces, como predijera Adam Smith, la mano invisible hizo que el egoísmo de los partidos les hiciera hacer cosas que redundaron en beneficio de la sociedad. Irónico y paradójico. Pero innegable. Luego del fallo notablemente probo del Tribunal de Conducta Política, no primó ya la ética ni la honestidad, sino la conveniencia política.

Pero hay otro análisis posible. El proceder del Frente Amplio recuerda al de las clásicas estructuras del marxismo: no es la Justicia la que juzga y condena. No hay ni siquiera una información precisa, hay un vago y mascullado disgusto, una caída en desgracia y alguien que se retira a su dacha en silencio. Para ponerlo en términos que luzcan más técnicos, no funcionó la república, sino el partido. La mejor prueba de esta afirmación la constituyen las declaraciones y trascendidos de quienes habrían preferido mantener en el cargo al renunciado, y tuvieron que ceder ante la inexorabilidad política, no ante las pruebas.

En esa línea de ideas, sería muy dañino que Uruguay importara de Argentina su desprestigiada y morosa justicia, como suele hacer con otras barbaridades. Porque tal circunstancia tendría efectos más graves aun que en el país vecino. Un sistema verticalista como el que conforman hoy el gobierno y su mayoría parlamentaria, sin una justicia totalmente independiente, contundente y rápida, desvirtuaría el concepto republicano y golpearía en sus mismas bases tanto a la ideología como al mismo formato de la alianza de izquierdas y a la confianza que pudieran merecer.

Porque, si se huye de la lógica de los partidos, de los analistas políticos y de quienes ven la realidad desde un ideario, una especulación electoral, una disciplina partidaria, una lógica de facción, se advertirá que la sociedad necesita y espera muchas precisiones de la Justicia, que exceden los resúmenes de cuenta de una tarjeta de crédito, que de todas maneras tampoco han sido exhibidos completos. Algunas de esas dudas involucran la gestión del exvicepresidente y otras no lo incluyen, pero todas son importantes. La suma de los valores involucrados en los casos dudosos o sospechosos conocidos y que no han merecido ninguna explicación, salvo dialéctica, raya en el escándalo. También son escandalosos los mecanismos casi infantiles de procedimiento o razonamiento que llevaron a resultados ruinosos, que difícilmente serían aceptados como coartadas por un juez experimentado actuando con libertad de conciencia.

¿Se pensará tapar todo eso con la hoja de papel de una renuncia?

El sistema de seudoempresas del Estado vigente carece de mecanismos de control de gestión y de auditoría. Eso permite que se diluyan las responsabilidades con administraciones con formato socialista de cooperativismo que no sirve para gestionar ni para evitar los abusos o fraudes. Pero eso no excluye la acción de la Justicia. La acción oportuna de la Justicia. No solo no la excluye, sino que es obligatoria y debe demandarse. Esto es especialmente importante cuando el estado-gobierno-partido toma a su cargo la tarea de planificación central, siempre bajo el supuesto de que está mucho mejor preparado que los propios interesados para manejar, su vida, su bienestar, sus decisiones y sus propios destinos económicos y personales.

Esto significa que, cuando algún jerarca comete la torpeza (sustantivo generoso) de incurrir en la seguidilla de errores (sustantivo generoso) en el manejo de Pluna y anexos, de ANCAP y anexos, por ejemplo, no solo es importante que se conozca hasta el último detalle de lo actuado desde el punto de vista de la trasparencia y la lucha contra la corrupción, sino que es imprescindible que quienes se han arrogado la capacidad de manejar los intereses del individuo mejor que el propio individuo, deben también enfrentar el juicio social que merezca su incapacidad técnica o su inutilidad. Y eso solo será posible cuando la Justicia se expida, ya que el Frente Amplio los ocultará por sistema o los tapará con una renuncia o una lealtad.

Esta tendencia al olvido y la licuación parece ser acompañada por la oposición, como se puede advertir en las bondadosas negociaciones de la comisión investigadora sobre financiación de los partidos políticos, camino a la nada, como toda comisión legislativa.

La lista de casos conocidos, sospechados o semiocultos y la lista de casos que no se conocen, debe ser enunciada con claridad e investigada por jueces sin compromisos ni condicionamientos. Y ciertamente, el problema no se arregla con renuncias, ni cambiando la exposición pública de los errores de todo tipo por discusiones internas suavizadas por la lealtad partidaria o corporativa entre compañeros. No se trata de un centro de estudiantes y de la rendición del ingreso por fotocopias, se trata de un país.

Porque en un sistema altamente estatal, cada caso de desmanejo, implique corrupción o simplemente impericia o incapacidad, requiere de un doble juicio: al funcionario y al sistema de gestión centralizada estatista, que indiscutiblemente también debe ser juzgado por la opinión pública como responsable en cada uno de los casos cuestionados. Los jerarcas pueden renunciar por cualquiera de las razones que se han expuesto. Pero la sociedad no debe renunciar a que se le explique lo que se hace con sus impuestos, sus ahorros y sus esperanzas.

La temporada de huracanes recién ha comenzado.

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