El laberinto catalán entrampado

Septiembre es un mes de fiestas patrias en buen número de países de América Latina. El 7 en Brasil, el 15 en México y Centroamérica, el 18 en Chile… Días que permiten la exaltación de la nación y la excitación del entusiasmo identitario. Cataluña no ha sido ajena a ello. Quien fuera su presidente entre 2010 y 2016, el periodo en el que se incubó la crispación política entre esa Comunidad Autónoma y el estado central que estallaría en 2017, Artur Mas, declaró el 14 de septiembre pasado: “no puedo acabar mi trayectoria política en un proyecto que puede llevar a la separación”.

La separación a la que se refería no era de España sino con respecto a las fuerzas del nacionalismo independentista profundamente dividido. Su trayectoria política estaba acabada no solo desde que cedió la presidencia del gobierno catalán a Carles Puigdemont sino antes, aunque él pretendiese no saberlo, cuando se frustró la validación de su proyecto político en las anticipadas elecciones de noviembre de 2012 convocadas para ampliar su mayoría y que trajeron consigo la pérdida de 12 escaños de su formación. Una derrota que en cualquier democracia parlamentaria habría traído consigo la salida de la política del líder que convocó los comicios.

Este podría ser el cierre a las efemérides del catalanismo que se celebran en torno al 11 de septiembre. Esta es la fecha en la que la mitología nacionalista hace descansar los supuestos agravios de España contra Cataluña a resultas del pleito dinástico de 1714 para regir la monarquía española en el que los partidarios de la Casa de Austria, integrados por buena parte de los notables catalanes, fueron derrotados por los ascendentes Borbones.

La lánguida expresión popular de los eventos convocados para ese día como consecuencia, sin duda, de las restricciones a la movilidad que comporta la COVID-19 maquilló, no obstante, la seria fractura del frente independentista como consecuencia de, al menos, tres factores que se hacen cada vez más perentorios.

En primer lugar, se encuentra la grieta ideológica que separa a sectores conservadores de otros centristas y de unos terceros que se ubican en una izquierda que a veces coquetea con expresiones antisistema. En segundo término, existe una pugna notoria en el liderazgo ya que se confrontan figuras de naturaleza muy diferente que, además, con el paso del tiempo han reflejado estilos de actuación opuestos.

Carles Puigdemont no solo es un político fugado que no confrontó su responsabilidad, como si lo hizo su vicepresidente, Oriol Junqueras, sino que maneja de manera vicaria al gobierno catalán y, más en concreto, a su actual presidente, Quim Torra. Este en sus dos años de actuación ha mostrado una preocupante inoperancia política y se encuentra imputado por un delito de desobediencia judicial. Finalmente, la pérdida de capital político que arrastran los casos de corrupción por financiación ilegal del partido y por enriquecimiento ilícito de quien fuera su líder incuestionable y presidente catalán por más de dos décadas, Jordi Pujol, mina las bases de la credibilidad de ciertos sectores del nacionalismo hoy independentista.

Todo ello no es óbice para que el 11 de septiembre fuera utilizado, una vez más, en el escenario ineficiente y enervante trazado en muchas ocasiones por el gobierno español, para intentar consolidar el relato de afrenta. Este esno de los hitos sobre los que el independentismo catalán pretende consolidar su reclamo junto con mitos que exacerban las diferencias. Como bien enseñó Benedict Anderson en Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, si la nación es “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana… la magia del nacionalismo es la conversión del azar en destino”.

Es en esa dirección en la que hoy se elabora el discurso según el cual en España hay presos políticos o que es un país donde la violación de los derechos humanos es sistemática. Sin embargo, la evidencia muestra la existencia de políticos que han sido juzgados y condenados, no por cuestiones que atentaran contra la libertad de expresión, sino por serios delitos probados de sedición y malversación de fondos públicos en procesos con garantías plenas y total transparencia, habiendo sido transmitidas en directo las sesiones judiciales.

Sin embargo, la situación así descrita se aleja de una realidad más compleja que se inserta en un territorio en el que el independentismo, sumando sus diferentes familias, nunca ha tenido una mayoría social en una comunidad con unas cuotas de autogobierno superiores a los estados federales latinoamericanos. Cuotas como la elección por el voto directo de la ciudadanía de sus autoridades, amplia autonomía fiscal, respeto absoluto a su cultura con un uso del catalán como idioma oficial, que en muchas ocasiones ha relegado al castellano, y con fuerzas de seguridad pública propias.

Se trata de un proyecto independentista con políticas que proyectan expresiones xenófobas contra quienes, supuestamente, no se integran en la comunidad organizada que ensalza exclusivamente lo diferente sobre la base de una constante manipulación de la historia, que propugnan la vía de una sola lengua y, en el caso de la ruptura, excluyen de la nacionalidad española a todos los catalanes que hubieran expresado su voluntad de querer ser españoles.

Un escenario que no acoge el diálogo sino la imposición unilateral y cuya articulación ignora la complejidad, estructurando su quehacer en una permanente campaña publicitaria que oculta la realidad y la responsabilidad de personajes tan tristemente relevantes como Artur Mas. Un personaje que resulta que ahora ha dejado la política, como lo hizo su predecesor, Jordi Pujol, por la puerta falsa.

Manuel Alcántara es Catedrático y profesor de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

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