Nacional > Punto final
El oficialismo trae el pasado a la agenda y le disputa el relato al Frente Amplio
El pasado volvió a decir presente en el discurso político uruguayo. De la mano del recuerdo de varios de los hechos más trágicos de la historia reciente, hace ahora medio siglo, el oficialismo impulsó en las últimas semanas una nueva discusión, en la que la intención parece ser imponer un relato diferente al emanado de las filas de la izquierda. El disparador lo ejecutó Cabildo Abierto.
En el partido liderado por Guido Manini Ríos existe el convencimiento de que en Uruguay se necesita un debate a fondo sobre el pasado reciente. Un debate que “esclarezca a nuestros jóvenes, que no vivieron aquellos años de sangre, que les haga conocer los efectos negativos de la violencia política sobre la vida democrática del país”. Un debate que, en los hechos, está instalado. Así lo entiende el senador Guillermo Domenech. El punto de partida, sostuvo, fue la exposición que Manini Ríos hizo el miércoles en el Senado para recordar que, hace 50 años, la Asamblea General tuvo que declarar el Estado de Guerra Interno ante una situación de violencia de la que “todo el sistema político tuvo su responsabilidad”.
“El debate ya se está llevando a cabo” comentó Domenech a El Observador. Cabildo Abierto marca el origen de la violencia en los “grupos marxistas” de la época, alentados por la Unión Soviética y por la intervención política de la Cuba castrista en toda América Latina. Todo eso, dice, “sin justificar para nada el golpe de Estado ni las torturas o apremios ilegales cometidos con posterioridad”.
Domenech sostiene que las nuevas generaciones ignoran los “secuestros de numerosas personas, encarceladas en prisiones clandestinas en las que " se violaban los más elementales derechos humanos”. También dice que hubo decenas de policías y militares que murieron al cumplir su deber de combatir a una guerrilla que, por la vía armada, pretendía ganar el poder en Uruguay. “Es imprescindible aprender de la historia y conocer la historia”, dice.
Al respecto, el senador dijo entender que el objetivo debe ser que todo este debate sobre el pasado llegue a un “punto final”, que debe pasar necesariamente por un reconocimiento concreto, moral y visible, a las víctimas del accionar guerrillero. Y que está contemplado en un proyecto de ley presentado por su partido, aún sin discusión en el senado. Entre otros aspectos plantea indemnizaciones a las víctimas o sus herederos y “adecuar” los programas y libros de texto para “darle cabida” a ese relato.
El “punto final”, apuntó, debería llegar con los votos del Movimiento de Participación Popular (MPP). Domenech admitió no ser optimista, pero insistió en que sería un “gesto hermosísimo, que enaltecería” al mayor sector del Frente Amplio.
A esa reelectura del pasado parece querer contribuir el gobierno, que desde este mes habilitó las visitas públicas a la “cárcel del pueblo”, en el que el MLN mantuvo secuestrados al entonces presidente de UTE Ulysses Pereira Reverbel y al ministro de Ganadería de la época, Carlos Frick Davie. Según el ministro de Defensa, Javier García, la decisión se tomó en consulta con el presidente Luis Lacalle Pou. Fue con la intención de presentar “la historia sin recortes” en un lugar en el que hubo “violaciones a los derechos humanos”.
Nada se dice del destino posterior de esa casa, como centro de detención y tortura por parte de los militares a las víctimas de la “Operación Morgan”, dirigida a militantes del Partido Comunista a partir de octubre de 1975.La senadora frenteamplista Silvia Nane advirtió en este sentido de que la coalición está llevando a cabo una “restauración histórica”. En diálogo con La Diaria, acusó al Ministerio de Defensa de “poner en pie de igualdad el terrorismo de Estado y la violencia civil”.
García consideró “agraviante” esta afirmación y que Nane “justifique violaciones a los derechos humanos” si son “violencia civil”. Consideró que la “cárcel del pueblo” es una expresión del “brutal terrorismo que asoló la democracia en 1972”.
Nunca más
En el Partido Colorado, el senador Raúl Batlle lamentó que la mayoría de los uruguayos sigan siendo rehenes de las discusiones sobre el pasado. La sociedad, dijo, merece que el sistema político, en forma madura, ponga “absolutamente todo sobre la mesa” con respecto a aquellos años.
Batlle sugirió en el Senado la creación de una “comisión del punto final”, a la que comparó a la Comisión para la Paz formada por su padre Jorge Batlle al inicio de su Presidencia para encontrar la verdad sobre el destino de los desaparecidos.
El senador remarcó su postura de que “de un lado y del otro” se atacó al pueblo uruguayo. Por eso, dijo esperar que los responsables, “los últimos que quedan” con vida,“saquen lo que tengan que sacar”. Se les deberá dar, dijo, la “tranquilidad de que no les va a pasar nada”. Batlle propuso así que se abran “todos los secretos de Estado” sobre esos sucesos. “Hagamos este proceso hasta el final”, pidió.
Con este planteo coincidió la nacionalista Graciela Bianchi, que se sumó a la iniciativa de creación de un “grupo por el nunca más”. Bianchi, que revindicó su cercanía en la época con la Unión de Juventudes Comunistas, cuestionó que la visión “sesgada” que existe hacia las víctimas de un lado y del otro.
El grupo, dijo, debería ser integrado por historiadores que realmente sean objetivos. “Si me dicen que la dictadura empezó en 1968, obviamente voy a decir que no”. Esa comisión, a su entender, debería también tratar de dilucidar qué pasó con los desaparecidos. Un cometido al que “no debemos renunciar jamás”.
Bianchi consideró que blancos y colorados deberían asumir su “cuotaparte” en todo el proceso, dado que que fueron en parte responsables del proceso que desembocó en el golpe de Estado, más allá de los “iluminados” que “empezaron a los balazos” para tomar el poder. La senadora insistió con que los responsables del MLN aún con vida “le pidan disculpas” a todos los uruguayos, y sugirió algunos puntos que se deben aclarar.
Por ejemplo, qué sucedió en las conversaciones que tupamaros y militares mantuvieron en 1972 en el Batallón Florida. También por qué al dirigente comunista Rodney Arismendi “lo sacaron de prisión y lo llevaron a tomar vodka a Moscú” mientras a Jaime Pérez lo torturaban salvajemente en Montevideo. Bianchi coincidió en que los jóvenes ingnoran lo que realmnte sucedió. “O no se estudia, o se estudia sesgado”.
Mi abuelo es un héroe
Domenech lamentó que, “salvo la honrosa presencia” del expresidente Julio María Sanguinetti, solo con Cabildo Abierto “la política se hizo presente” en un acto que este jueves se desarrolló en la Plaza de la Bandera. Allí se tributó homenaje a el exministro del Interior Armando Acosta y Lara, al capitán de corbeta Ernesto Motto, al subcomisario Oscar Delega y al agente Carlos Leites, asesinados el 14 de abril de 1972 por el MLN. Los tres primeros, acusados de integrar el “Escuadrón de la muerte”.
Con bastante más público de lo habitual, se reclamó que ese día sea reinstalado como un homenaje oficial. Algo que sucedía en la dictadura, en recuerdo de los “caídos en la lucha contra la sedición” que desde 1985, por decisión del entonces presidente Sanguinetti recordaba a los que murieron “en defensa de las instituciones democráticas” y que fue eliminado por decreto por parte de Tabaré Vázquez en 2006.
El pedido de restitución fue presentado ante el presidente Lacalle Pou por la Asociación Patriótica 14 de Abril. Así lo dijo su dirigente,Daniel García Pintos. Su conclusión es que el acto debería ser encabezado por un ministro de Estado. En diálogo con El Observador el exdiputado colorado reivindicó la ley de Caducidad, una de las “dos patas” en las que, junto a la ley de Amnistía que favoreció a los tupamaros, se podrían haber sustentado las bases de una reconciliación que fracasó. Entre otras causas, por la ley que anuló en la práctica los efectos de la Caducidad.
Una reconcialiación que sí llegó entre blancos y colorados, pese a las sangrientas guerras civiles que se sucedieron hasta 1904, con batallas como Tupambaé y Masoller, que “tuvieron más muertos” que los que hubo en los sucesos del pasado reciente.
Entre otras organizaciones, dijeron presente en la plaza los “Familiares de Prisioneros Políticos”. Eso provocó que otro de los ejes del acto fuera la defensa de los policías y militares en prisión por delitos vinculados al terrorismo de Estado.
“Mi abuelo es un héroe”, “mi abuelo no es una ‘mochila’, es un soldado uruguayo”, decían los carteles que portaban varios niños colocados cerca del estrado. “No pueden ir a esperar a un nieto a la escuela, es terrible” comentó García Pintos sobre la situación de los encarcelados.
El concepto es rechazar que estas personas estén condenadas por delitos de lesa humanidad, sino por delitos comunes, que por la época en que presuntamente fueron cometidos ya prescribieron. Así lo expresó uno de sus integrantes, Diego Flores, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Flores reclamó la aprobación del proyecto de ley que, presentado por Cabildo Abierto, “disminuirá el padecimiento” de los militares y policías encarcelados al establecer que los mayores de 65 años en su situación deberán cumplir prisión domiciliaria. “Cada dos meses fallece un preso”, advirtió. “Actuamos contra el tiempo. Según su información, hay 24 detenidos hoy en la Cárcel de Domingo Arena, otros cuatro en la Guardia Republicana y 16 en prisión domiciliaria por motivos médicos.
“Tenemos casos de prisioneros que están en clínicas de salud, inconscientes, pero con tobillera” dijo Flores, que cuestionó la calidad de atención sanitaria estas personas. “Hay una suerte de empecinameinto en martirizar a los prisioneros que, claramente, tiene una orientación política”, dijo.
Flores negó que su organización defienda la dictadura ni ninguna situación aberrante. “También manifestamos nuestra indignación ante los desaparecidos”, dijo. “Ante los 24 cuerpos que no aparecen”, señaló. La asociación de Familiares de detenidos desaparecidos tiene registrados 196 uruguayos desaparecidos en Uruguay y Argentina.
Victoria Ubillos, otra integrante de la agrupación de “familiares de presos políticos se mostró de acuerdo en que el tema del pasado reciente debe tener un punto final. “No tenemos derecho a pasar este problema a las generaciones futuras”, dijo ante la comisión. Allí pidió que, desde las dos partes, haya una decisión. “Ya está, perdonemos”, concluyó. l
