Y, además, se confirmó que la exención del IVA a los alimentos -que Mauricio Macri había decretado a mediados del año pasado como forma de afrontar la crisis- quedó sin efecto. A partir de ahora, solamente van a poder gozar de esa exención los beneficiarios de los planes sociales, en el marco de la emergencia alimentaria.
De esa manera, Fernández volvió a dejar en evidencia la vocación fiscalista del gobierno, que se impuso incluso sobre aquellos que advirtieron por el riesgo de que se produjeran aumentos bruscos de precios en los rubros que a partir de ahora vuelven a tributar el IVA. Sin embargo, el presidente desestimó ese peligro con el argumento de que los empresarios ya habían absorbido ese incremento de costos con los últimos reajustes de precios.
Lo cierto es que, mientras la mayoría de los bancos y consultoras de economía prevén una inflación elevada, por encima del 50 por ciento, el gobierno deja entrever un optimismo sobre el inicio de una tendencia decreciente.
Otra vez la tentación del dólar congelado
Pero claro, el gran factor estabilizador en este momento, el que garantiza que no habrá sobresaltos y que la inflación podría controlarse es el virtual congelamiento cambiario, con el dólar anclado en un nivel de 63 pesos argentinos desde hace más de dos meses.
Es una estabilidad a la que muchos en la city porteña miran con desconfianza, porque está basada enteramente en la vigencia de un estricto “cepo” que prácticamente impide la compra de divisas. Y, por otra parte, se apoyó en una facilidad estacional que está por desaparecer: siempre en fin de año hay empresas que salen a vender dólares, ante la necesidad de pagar obligaciones en pesos, tales como el aguinaldo de los empleados. Al mismo tiempo, los particulares no ejercieron una demanda fuerte de dólares, en parte por la caída de los salarios y en parte porque quienes tienen poder de ahorro ya habían adquirido los billetes verdes antes de las elecciones.
Pero ahora, ya con el 2020 iniciado, ese esquema se da vuelta. Es decir, los vendedores de dólares desaparecerán de la escena al tiempo que los que cobraron sus aguinaldos y mejoras salariales volverán a presionar al tipo de cambio.
Esto hace que todas las miradas estén sobre el dólar paralelo, el famoso “blue”, que en los últimos días se mostró extrañamente calmo, todavía por debajo de los que se considera su piso natural, que es 82 –o sea, un 30% encima de la paridad oficial, debido al impuesto para el turismo y las compras dolarizadas-.
Los economistas se empiezan a preocupar por los números monetarios: desde que se abandonó el plan comprometido con el FMI, en las últimas semanas del año hubo una expansión de pesos por 300.000 millones –unos US$ 4.700 millones, al tipo de cambio oficial-. Y al mismo tiempo, se aprobó legalmente un permiso para que el Banco Central use reservas por unos US$ 4.500 millones para cancelar obligaciones externas.
En definitiva, se expande la base monetaria para asistir al tesoro, y esos pesos tendrán cada vez menos respaldo de reservas en el Central. Por ahora el mercado luce calmo, pero hay quienes creen que no pasará mucho tiempo para que vuelva a notarse la tensión cambiaria, sobre todo porque la actual paridad no es tan alta como aparenta, luego de la elevada inflación de los últimos meses.
De hecho, uno de los grandes puntos de debate entre economistas y empresarios es si el gobierno resistirá la clásica tentación de congelar el tipo de cambio para generar la sensación de estabilidad y anclar los precios o si, como le recomiendan desde fuera, permitirá un deslizamiento de la paridad, de manera de que la economía no pierda competitividad.
Por lo pronto, con este nivel de dólar y con la aplicación de los nuevos impuestos en forma de retenciones a la exportación, hay actividades del campo argentino que alegan estar otra vez al borde de no ser rentables.
Un estudio preliminar ya prevé que este año se sembrarán 845.000 hectáreas menos que en la campaña anterior.
En tanto, ejercicios de simulación sobre rentabilidad muestran que una hectárea de soja en la zona núcleo de Buenos Aires tendría un costo operativo de US$ 602 en un campo arrendado, y que ese costo ascendería a US$ 860 con los costos de comercialización y los impuestos. Como contrapartida, el ingreso sería de US$ 825, lo cual arroja un quebranto de US$ 35 por hectárea para el cultivo estrella del campo argentino.
Con estas cifras, resulta claro que más temprano que tarde el gobierno empezará a sufrir la presión. Si no puede suavizar la presión tributaria, entonces verá reclamos por una aceleración devaluatoria.
Cristina, con la bandera de la redistribución
Mientras tanto, el plan económico de Alberto Fernández incluye medidas clásicas como el cierre importador, el regreso de los controles burocráticos en las aduanas, el subsidio al crédito para la producción local y otras destinadas a garantizar el funcionamiento del mercado interno sin pérdida de divisas.
Los más críticos menosprecian estas viejas medidas, a las que ven como un mero “parche” de corto plazo. Otros creen que se trata de un paquete estabilizador necesario para poner en marcha la negociación con los acreedores por los vencimientos de deuda pública.
Pero llegado a este punto hay otro factor que no se puede obviar: mucho ven la mano de Cristina Kirchner, que siempre adhirió a la teoría de la “suma cero”, según la cual si se quiere beneficiar a un sector es inexorable castigar a otro.
Y es así que, además de la preocupación por los números del sector externo y por las cuentas fiscales, se está desarrollando una renovada puja entre las regiones del país por los recursos coparticipables de la torta tributaria.
Y la ahora vicepresidenta dejó bien en claro cuál será su objetivo político: que el conurbano bonaerense resulte la nueva región ganadora en desmedro de la ciudad de Buenos Aires. Cristina alega que en la zona suburbana vive una gran cantidad de población sin recursos fiscales para obras de infraestructura básica, mientras el distrito más rico del país es tratado con preferencia a la hora del reparto.
Una postura, por cierto, que se contradice con la que ella misma ostentó durante sus ocho años de gestión presidencial, cuando estaba en una guerra por los recursos contra el entonces gobernador Daniel Scioli y licuó progresivamente la participación de la provincia de Buenos Aires en la coparticipación.
Pero las cosas cambiaron: ahora la provincia de Buenos Aires es el bastión del kirchnerismo puro y la agrupación La Cámpora, bajo la conducción del gobernador Axel Kicillof.
Siguiendo la filosofía de la suma cero, el primer acto de gobierno del ex ministro de economía fue un rebalanceo impositivo, en el cual se alega que no hay un aumento de la presión fiscal en términos netos. Kicillof se enoja porque el periodismo titula que hay subas de 75% y argumenta que ese aumento máximo sólo aplica a unos pocos millonarios en la punta de la pirámide de ingresos, pero dentro del propio gobierno hay quienes alegan que también se afecta a la clase media.
Ahí reside, de hecho, el gran desafío del nuevo gobierno. Ante la crudeza de los números fiscales, se corre el riesgo de afectar no solamente al sector “privilegiado” de la sociedad sino también a la misma clase media que ha llevado al binomio Fernández-Fernández al poder. Las próximas semanas dirán hasta qué punto puede ser factible llevar a cabo un plan que implica nuevas formas de ajuste pero suavizadas por una dosis de “relato”.
