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Con o sin LUC, Ancap importa crudo de acuerdo a los precios internacionales y no reflejarlos afecta su balance

Economía y Empresas > Tarifas de los combustibles

El debate por el precio de la nafta y el gasoil: qué muestran los números de este gobierno y el FA

En las administraciones pasadas Ancap cobró sobreprecios millonarios; la administración actual todavía no aplica del todo su propia regla y persiste la discrecionalidad política 

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07 de marzo de 2022 a las 05:00

Por Juan Andrés Sainz 

Desde que asumió la administración de Lacalle Pou, hubo siete ajustes de combustibles (seis de ellos al alza) y cinco aumentos desde que comenzó a regir el nuevo mecanismo de fijación establecido en la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El 27 de marzo los uruguayos deberán volver a las urnas para pronunciarse en el referéndum contra 135 artículos de la LUC promulgada por el gobierno, donde están incluidos aspectos sobre el funcionamiento del mercado de combustibles en Uruguay.

El artículo 235 —que fue votado por el Frente Amplio en el Parlamento— buscó darle un mayor peso al regulador en la decisión sobre las tarifas de Ancap. En ese marco, se acordó el uso de un informe técnico de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), previo a la fijación de las tarifas por parte del Poder Ejecutivo. La Ursea ya elaboraba un informe sobre Precios de Paridad de Importación (PPI), sobre el cual se aplicaron ajustes metodológicos para que pueda reflejar de forma más eficiente el precio teórico al que Ancap debería vender los combustibles en Uruguay si estuviera en competencia con un privado.

En el punto de partida, el gobierno reconoció un sobreprecio de hasta $ 2,97 por litro (llamado factor x) en la tarifa del gasoil y las gasolinas por la incidencia del subsidio que tiene el supergás, el sobrecosto por la mezcla con biocombustibles, las pérdidas de Ancap en el pórtland y otras ineficiencias del ente. En la hoja de ruta del gobierno, el objetivo era que ese sobreprecio se suprimiera en un plazo de tres años. 

La puesta en marcha del nuevo esquema de fijación se aplazó por la pandemia y el gobierno recién anunció su aplicación desde julio del año pasado, aunque desde entonces ha recogido parcialmente lo pautado por el informe PPI de la Ursea. 

La semana pasada, el presidente Lacalle Pou justificó los ajustes efectuados hasta ahora. "Nos tocó hace un año y poco un petróleo en US$ 40 y poco (por barril), hace un mes estaba en US$ 90, ahora rebota arriba de US$ 100... Está muy volátil, la Ursea sugirió determinados aumentos y nosotros (por el gobierno) decidimos aumentar la mitad de lo sugerido", remarcó. El viernes el valor del barril Brent cerró a US$ 118 —su máximo desde 2012— y en la apertura de hoy casi llegó a US$ 140, cada vez más cerca del récord absoluto de US$ 147,50 dólares en 2008.

Tarifas vs salarios

Los economistas Martín Vallcorba y Braulio Zelko —asesores de la bancada del Frente Amplio (FA) y del sector liderado por Mario Bergara— presentaron el pasado 9 de febrero un informe que mostró la variación anual del precio de la nafta y el gasoil en comparación con los salarios nominales en el gobierno actual y en los tres del Frente Amplio. La gráfica con tales valores, exhibida en el programa Informe Capital del canal TV Ciudad, fue rápidamente objeto de polémica en Twitter. 

En filas de la izquierda la imagen fue compartida y comentada por el intendente de Canelones Yamandú Orsi, la senadora Liliam Kechichian y la propia cuenta oficial del Frente Amplio, entre otros.

No obstante, el análisis no estuvo exento de críticas. El director del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) Agustín Iturralde escribió que sólo ve "sentido político partidario" a una comparación de esa naturaleza y el exdirector de OPP en la administración de Lacalle Herrera Javier de Haedo la calificó de "irrelevante, al menos sin dar información adicional".

El CED presentó recientemente un boletín macroeconómico donde valoró que "no tiene valor particular comparar el precio del combustible con la evolución de los salarios" y que más bien tiene sentido que estos últimos "sean comparados con los precios de la canasta representada en el IPC. En el caso de los combustibles, la comparación relevante es con los costos que implica producirlos y ponerlos en el surtidor", sostuvo el documento.

Vallcorba y Zelko también detallaron su posición en una extensa columna publicada en La Diaria, donde complementaron los datos con un índice que ponderó las variaciones de impuestos, petróleo, precios al consumo, cotización del dólar y salarios, todos componentes de peso en los costos del petróleo refinado en Uruguay.

Los autores llegaron a la conclusión de que mientras las subas de estos elementos promediaron el 4,7% anual, la nafta lo hizo en 4,5% durante las administraciones del Frente Amplio, por lo que el resultado "descarta de plano cualquier posibilidad de considerar que se registraron 'tarifazos' y que hubo 'voracidad fiscal'", según el artículo. Los técnicos también volvieron a apuntar contra el magro crecimiento de los salarios en la actual administración, aunque no mencionaron en qué medida podría ser adjudicable al gobierno sin contar el efecto de la pandemia sobre el mercado de trabajo.

Problemas de temporalidad y sobrecostos 

Vallcorba y Zelko elaboraron un promedio anual de los aumentos de las tarifas de combustibles durante los gobiernos del Frente Amplio. Pero si solo se toma los dos extremos de un período y se calcula un promedio, se pasa por alto qué ocurrió entre medio de esos momentos, pudiendo omitirse importantes variaciones. Algo similar a esto ocurrió respecto a la década pasada.

La siguiente gráfica muestra la evolución del precio del Brent — principal insumo de importación para Ancap— quitando el efecto del dólar y la inflación, junto al precio de la nafta por litro (también descontando la inflación).

Aunque no se refleje en los promedios, en el transcurso de los gobiernos frenteamplistas hubo varios años en que los precios al público no mostraron rebajas en insumos clave como el Brent —particularmente en el segundo de Tabaré Vázquez—.

Según el informe del CED, entre 2010 y 2014 "la nafta tuvo un precio subsidiado por US$ 78 millones mientras que, en caso contrario, el gasoil evidenció un sobreprecio de US$ 1.181 millones" en relación al PPI. En la misma línea, durante los años 2015 a 2019 "la nafta presentó un sobreprecio de US$ 443 millones, mientras que los consumidores uruguayos de gasoil pagaron aproximadamente US$ 1.337 millones más que la referencia de PPI", observó el documento.

Es decir, en la década de 2010, compartida por los presidentes Mujica y Vázquez, entre nafta y gasoil los consumidores habrían puesto de su bolsillo US$ 2.883 millones por encima de lo que cuesta el combustible refinado en mercados de referencia de Ursea acuerdo a las estimaciones del CED.

Los anteriores sobreprecios significaron un promedio de US$ 288 millones por año durante una década. En contraste, entre 2020 y 2021 ese número disminuyó a US$ 40,5 millones anuales, según se deduce de los números publicados por el think tank.

En el análisis de Vallcorba y Zelko también se considera el peso de los impuestos en el precio de la nafta (el Imesi sumado al impuesto al CO2 representan más del 40%) y así está ponderado entre los factores usados para contemplar la evolución de los costos de Ancap y compararlos con las subas de tarifas. Estos impuestos crecieron a menor ritmo que la inflación y que la propia gasolina.

El balance de Ancap

En el debate en torno a quién ha subido más o menos los combustibles —o cuanto influyó la LUC en las subas recientes— el gran ausente ha sido el balance de Ancap.

La LUC estableció una regla que teóricamente alinea los precios al público con los precios internacionales. Independientemente de ello, no es infrecuente encontrar opiniones en redes (o incluso en políticos) que olvidan que Uruguay no es un país productor de petróleo, por lo que depende de los valores mundiales del crudo con o sin LUC y no reflejarlos en la pequeña pantalla del surtidor sólo determina que la diferencia sea absorbida por Ancap.

Por lo tanto, este es un factor fundamental para completar la discusión acerca de qué gobiernos pusieron más presión sobre el bolsillo de los uruguayos estando a cargo del manejo tarifario: siempre se puede bajar los combustibles mientras la petrolera estatal sea la que quede con números rojos, que en definitiva acaban financiando todos los contribuyentes, sin importar que consuman nafta en su vehículo, viajen en el transporte público o se desplacen a pie.

Solo entre 2011 y 2015 la empresa monopólica perdió US$ 665 millones. La situación provocó que en enero de 2016 el Parlamento aprobara una capitalización por US$ 622 millones aportados por el MEF, más un préstamo por US$ 250 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

Los sobrecostos del quinquenio siguiente son tomados por algunos como la compensación que necesitó la empresa para solventar sus déficit anteriores. El jueves pasado, el economista Gabriel Oddone interpretó la postura de los asesores frenteamplistas, contraria a la LUC, como la de "el manejo discrecional tradicional" del país en materia tarifaria. "Amortiguamos algunos aumentos de precios y en algunos momentos nos quedamos con el cambio para enfrentar otros problemas", explicó a Fácil Desviarse de emisora DelSol. A ello agregó que "la caja" que hizo Ancap en la década pasada respondió a "pagar una factura de una fiesta que había tenido lugar en el período anterior".

Entre 2020 y 2021, el ente monopólico acumuló un balance negativo en US$ 56 millones. Días atrás, el actual presidente de la empresa Alejandro Stipanicic fue consultado acerca de la "impopularidad" de la última alza en nafta y gasoil y contestó que "peor podría ser que Ancap tenga que salir a endeudarse o que tenga que ser capitalizada en el futuro".

Discrecionalidad

A pesar de estar vigente la Ley de Urgente Consideración, el informe de Ursea solo fue seguido en las primeras recomendaciones. El trabajo publicado por el CED aseveró que "desde el pasado mes de noviembre (esto es, apenas cuatro meses después de comenzar a regir la normativa), el Poder Ejecutivo decidió apartarse de la recomendación técnica de la Ursea" por lo cual se sigue constatando que "al menos desde 2010 en adelante, los precios de venta al público no reflejaron (en ningún sentido) los costos asumidos por Ancap para producir y distribuir los combustibles".

Desde filas del oficialismo se apela a los buenos resultados de Ancap y a la "espalda" financiera del ente para desobedecer los aumentos indicados por el PPI. Sin embargo, recientemente Lacalle afirmó que al gobierno ya "no le va quedando mucha" espalda para seguir sosteniendo los precios de los combustibles al público si la valorización del crudo se mantiene.

Entretanto, otros interpretan la decisión como una intención de no volcar el ánimo de la gente contra la nueva metodología de cara al referéndum contra la LUC.

Oddone opinó que la opción del gobierno de no seguir el mecanismo responde a que, en la coyuntura actual de apreciación del crudo, "aplicarlo a rajatabla  supone aumentar los precios de los combustibles —algo que es impopular— y por lo tanto también este gobierno, por razones de economía política, ha usado argumentos para romper su propia regla". Con una óptica similar, Vallcorba y Zelko reprocharon en su trabajo que "paradójicamente, quienes criticaban el manejo tarifario de los gobiernos del FA, que prometieron transparencia y reglas claras, ahora manejan las tarifas con criterio electoral. Sin duda, una muy mala política", insistieron.

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