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Presidente de EEUU, Joe Biden

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El proyecto de presupuesto del presidente Biden

El aumento del gasto es consistente con la prédica de los demócratas. 

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27 de junio de 2021 a las 05:00

El Presidente Biden acaba de presentar su proyecto de presupuesto a la consideración del Congreso, proponiendo un aumento del gasto público de US$ 6 billones, financiada en parte a través de una suba de los impuestos sobre las empresas y las personas de mayores ingresos. 

El proyecto incluye a las dos iniciativas recientes de Biden por más de U$S 4 billones, que ya están a estudio del Congreso: el Plan de Inversiones (principalmente en carreteras, puentes, acceso a la banda ancha y generación de energías limpias) y el Plan para las Familias, (diversos beneficios sociales mayoritariamente orientados a favor de las de menores ingresos). En adición, el proyecto prevé nuevos gastos por algo menos de US$ 2 billones principalmente para prevenir el cambio climático impulsando a las empresas y hogares para que mejoren la eficiencia energética, cuidando el mantenimiento de los reactores nucleares y ayudando a los países en desarrollo a cumplir con el acuerdo de París. 

La expansión del gasto habrá de llevar el actual nivel del 22.5 % del PBI a un 24,5% durante la próxima década. La Secretaria del Tesoro Janet Yellen declaró que el objetivo es aumentar la presencia pública en la economía a través de una mayor inversión en infra estructura, innovación, la niñez temprana y la educación, para mejorar la productividad global de la economía. Pese a ello, el proyecto no prevé una aceleración del crecimiento económico, que se estima será del orden del 2 % anual, una vez superada la pandemia. 

El aumento del gasto propuesto por Biden es consistente con la prédica de los demócratas y, a la vez, contrario a la posición de los republicanos, más aun después de Trump. Aún cuando es una comparación simplificada, de ser aprobado, dejaría a Estados Unidos con un sector público de mayor dimensión que hasta ahora pero menor que en la mayoría de los países desarrollados.  Para financiar el aumento del gasto, el presupuesto prevé una suba de impuestos del orden de los US$ 3.6 trillones. Así, propone un aumento de la tasa del impuesto sobre las ganancias de las empresas del 21 % al 28 % y una tasa mínima, que está en proceso de negociación con los países más desarrollados, para gravar a sus ganancias globales. También hay una propuesta de suba de impuestos sobre los sectores de mayores ingresos, que se compone básicamente por una suba de la tasa sobre los que están en el tramo superior a US$ 400.000 anuales y un aumento de la tasa más alta sobre las ganancias de capital y los dividendos de quienes ganan más de US$ 1 millón al año.  

En conjunto, esta propuesta de aumento de impuestos los llevaría al mayor nivel de la historia moderna de Estados Unidos. No obstante, este incremento será parcialmente compensado por nuevos créditos tributarios para impulsar el desarrollo de nuevas energías limpias y ampliar el acceso de las familias de menores ingresos a la vivienda y la atención sanitaria. También habrá un alivio para los sectores de ingresos menores y medios, volviendo permanente un crédito fiscal para el cuidado asistencial de la infancia y extendiendo hasta el 2025 el aumento recientemente aprobado del crédito fiscal por niño. 
También esta propuesta de aumento de impuestos es objeto de debate.  

El gobierno descarta el argumento de un aumento de impuestos puede tener un efecto contrario sobre las posibilidades de crecimiento de la economía. Pero a la vez se abre un debate sobre el destinatario final de la carga del impuesto, dado que hay una corriente de pensamiento que sostiene que a la larga, todo aumento de los impuestos sobre el capital será en parte financiado por los trabajadores, debido a sus efectos negativos sobre la inversión y la productividad.

Además, con el mismo argumento que resulta de la comparación con otros países desarrollados, también se ha señalado que los gobiernos europeos con un sector público mayor que el de Estados Unidos, no lo financian en su mayor parte con impuestos directos, sino que los complementan con impuestos sobre el consumo, como el IVA. También se ha señalado que en algunos de esos países, los impuestos sobre el capital son de menor importancia que en Estados Unidos. 

Hay un tercer tema de controversia sobre el proyecto presupuestal de Biden y es su resultado deficitario, que habrá de derivar en un aumento de la deuda pública. En principio el aumento de los impuestos sólo financia dos tercios del aumento del gasto, creando por tanto una diferencia que será cubierta en parte por el aumento de la recaudación relacionado con el crecimiento de la economía y en parte por un mayor nivel de deuda. 
De nuevo hay aquí dos posiciones divergentes. A favor de la propuesta oficial se aduce que con los actuales niveles de la tasa de interés, la carga de la deuda será mínima. En oposición, hay quienes sostienen que el nivel de la deuda pública ya es muy alto, por lo que no es aconsejable presentar un presupuesto que habrá de agravar el problema en los próximos años. 

Más allá de estas consideraciones, lo cierto es que como todo proyecto de presupuesto, su contenido final será el resultado de una intensa negociación en el Congreso, con una participación activa de los grupos de presión del sector privado. En estos días parece asomar un atisbo de compromiso entre demócratas y republicanos sobre el plan de inversiones. Habrá  que esperar por el resultado final de este proceso de discusión, así como sobre los beneficios sociales y más aún, los impuestos.

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