El referéndum como punto de inflexión

Con este parecer, no estamos dramatizando el resultado de una consulta popular, pero tampoco minimizando el impacto político de las urnas sobre una emblemática norma jurídica del gobierno de Luis Lacalle Pou, que apuntala o impulsa un conjunto de reformas fundamentales para un mejor futuro en diversos  planos de la vida del país. 

Los promotores del referéndum –el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales– aspiran a tirar abajo buena parte del andamiaje jurídico que cristalizó aspectos medulares de las promesas electorales con las que Lacalle Pou, en representación electoral de la coalición multicolor, ganó las elecciones en segunda vuelta frente al candidato frentista, en noviembre de 2019.

Y qué decir, entonces, de la forma civilizada que alimentó la conversación política de marras en torno a la iniciativa. En enero de 2020, es decir, antes de que se iniciara el período legislativo y de que asumiera la nueva administración, dicho proyecto ya circulaba en el sistema político; luego hubo un fecundo debate legislativo en comisiones y en los plenarios de las cámaras, enriquecido por todos los sectores de la sociedad civil que se interesaron en ofrecer su punto de vista.

La LUC no se aprobó entre gallos y medianoches, y menos a libro cerrado aunque sí es cierto que incluyó múltiples temas que podrían haber sido objeto de una ley propia. Pero si la objeción es hacia el método de legislar, donde se meten muchos temas en una misma bolsa y hay que resolverlos en poco tiempo, lo lógico hubiera sido buscar la derogación de toda la ley y no solo de un tercio de ella.

Desde el punto de vista de la convivencia democrática, y del papel que debe jugar el sistema republicano de gobierno, nadie puede desmentir la prolijidad que tuvo el Poder Ejecutivo en el proceso previo y en el proceso legislativo. Es un buen ejemplo de la entereza institucional que distingue a Uruguay. 

Si a ello se suma la alta popularidad del presidente, una lectura pertinente es que la LUC debería ser apoyada por una mayoría robusta de la ciudadanía.

La pregunta cantada, entonces: ¿Por qué las encuestas no son tan concluyentes en este sentido?

Una campaña electoral sucia, contaminada de medias verdades –que es mucho peor que la mentira burda–, de emociones identitarias muy alejadas de las razones de la consulta popular, de estrategias de propaganda que infundieron miedo en los sectores más alejados de los pasillos de poder, los “indecisos” en los estudios de opinión pública, serán determinantes en el resultado del referéndum.

Y la verdad es que la LUC se ha revelado como un instrumento apropiado para empezar a recuperar aspectos de la seguridad pública que son significativos para la convivencia pacífica. El mejor proceder de la Policía ante la delincuencia, contribuyó a recuperar la confianza ciudadana en quienes tienen que velar por la seguridad interna y el respeto a la conducta social que emana de las leyes, una realidad que está reflejando una baja sistemática de todos los tipos de delitos. 

Ha significado un afianzamiento del Estado de derecho al proteger tanto el derecho de huelga como el de la libertad de trabajo, regulando la ocupación obrera y prohibiendo los “piquetes” que impiden la libre circulación. 

La nueva gobernanza de la educación también es importante, al haber acotado el poder corporativo que ha sido un enorme obstáculo para mejorar la calidad de la enseñanza. Aunque aún queda mucho por hacer en este campo. En el campo económico, la regla fiscal para mantener a raya el déficit de las cuentas públicas, cuya cancelación deja sin sentido las mejores prácticas de las empresas públicas, vigiladas por agencias reguladoras más potentes. 

Asimismo, cambios en la regulación del mercado de petróleo y sus derivados, en régimen monopólico de Ancap, de una gestión históricamente ineficiente y prácticas clientelares, de una enorme carga para la competitividad empresarial y el presupuesto de los hogares. 

La eventual derogación de esta parte de la LUC, no compromete  la legitimidad de un gobierno a toda ley, por cierto, pero, es probable, que suponga un alto en un ambicioso camino reformista, tan necesario como urgente. 

El apoyo de las urnas a esta importante ley, reforzaría el ya contundente respaldo con el que la ciudadanía ha reconocido la gestión del presidente Lacalle Pou.