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El embajador de Daniel Ortega ante la Organización de Estados Americanos, Luis Alvarado

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Embajador de Nicaragua ante la OEA dijo que el gobierno de Lacalle Pou es una dictadura y que quiere ponerle un bozal a los medios

"No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza", respondió el representante uruguayo, Washington Abdala, al tiempo que Cainfo repudió los dichos

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23 de junio de 2021 a las 16:02

El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado, representante del gobierno de Daniel Ortega, definió este miércoles a Uruguay como una "dictadura que sigue impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación".

"Según el séptimo informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (...) en julio se aprobó la ley de urgente consideración, que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión, de reunión y prohibía las manifestaciones y protestas sociales. Así que, ¿qué consejo nos viene a dar, señor embajador?", declaró Alvarado dirigiéndose al representante de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala.

Abdala rechazó "enfáticamente" las palabras del representante nicaragüense, y lo acusó de desconocer "absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno de la República Oriental del Uruguay, del doctor Luis Lacalle Pou".

"No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza", añadió y le advirtió de que si vuelve a decir algo similar actuaría "en consecuencia y como corresponde".

Washington Abdala, embajador de Uruguay en la OEA

Cainfo: “Uruguay no es una dictadura”

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) repudió los dichos de Alvarado y afirmó que el gobierno uruguayo es “democrático, surgido en elecciones libres, que no encarcela ni persigue periodistas o candidatos presidenciales de la oposición, como sucede en Nicaragua”, según consta de un hilo de Twitter que se hizo desde la cuenta oficial.

“La acusación del embajador de Nicaragua en la OEA al gobierno de Uruguay es injusta, y la utilización del informe de Cainfo para fundamentar ese ataque es improcedente y deshonesto”, indica. El informe aludido da cuenta de episodios que afectan la libertad de expresión, pero, según Cainfo, “no hay ninguna intención –ni explícita ni oculta– de atribuir intenciones dictatoriales al gobierno uruguayo”.

Por último, recuerda que Cainfo “forma parte de redes de organizaciones de libertad de expresión que vienen denunciando los atropellos del gobierno de Nicaragua contra periodistas y medios críticos, así como las permanentes violaciones a los derechos humanos”.

El Senado uruguayo había aprobado el martes, por unanimidad (27 votos), una resolución de rechazo a la "persecución y encarcelamiento de dirigentes políticos y sociales de Nicaragua", según el senador Gustavo Penadés.

Asimismo, la cámara alta exhortó al gobierno de Ortega a que "restablezca un clima institucional que haga posible la celebración de elecciones con garantías para todas las partes".

CIDH pide proteger a opositores

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), órgano judicial de la OEA, proteger a cuatro opositores políticos en Nicaragua ante la "extrema situación de riesgo" que enfrentan.

La solicitud reivindicaba la adopción de medidas provisionales para proteger los derechos de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera, así como sus respectivos núcleos familiares. Todos ellos fueron detenidos a propósito de sus críticas contra el gobierno de Daniel Ortega

https://www.elobservador.com.uy/nota/ortega-no-para-ya-son-17-los-opositores-detenidos-por-el-gobierno-de-nicaragua-2021621154136

"La privación de libertad de estas personas guarda estrecha relación con una intención dirigida a silenciarles mediante represalias y con ello enviar un mensaje de castigo" a quienes "protesten en contra de las acciones estatales o que busquen ser oposición al actual gobierno de Nicaragua en las próximas elecciones generales de noviembre", sentenció la Comisión en un comunicado.

La CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares en favor de estas personas en 2018 y 2019, pero dijo que, ante el incremento del riesgo en que se encuentran decidió instar a la Corte IDH a requerir a Nicaragua que garantice su seguridad.

La Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, emite medidas provisionales "en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas" y éstas tienen carácter obligatorio para los Estados miembros del sistema interamericano.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió el martes a Nicaragua a un "cambio urgente" de actitud en el proceso electoral y a "liberar" a los opositores detenidos "arbitrariamente".

El gobierno de Nicaragua justificó el arresto de aspirantes a la presidencia acusándolos de tramar un golpe de Estado contra Ortega, a quien la comunidad internacional señala de estar limpiando el camino para intentar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones programadas para el 7 de noviembre.

Exiliados

Este martes, el exguerrillero sandinista, Luis Carrión Cruz informó a través de su cuenta de Twitter que su esposa y él habían abandonado el país "para continuar la lucha por la democracia y la libertad de todos los presos políticos"

También comunicó su salida de Nicaragua el periodista Carlos Fernando Chamorro, antiguo comandante de la revolución sandinista. Esto supone su segundo exilio en un periodo de tres años luego de una serie de manifestaciones contra el Gobierno que fueron consideradas, por parte del Ejecutivo, como un "golpe de Estado".

"Mi esposa Desirée Elizondo y yo salimos de Nicaragua, para resguardar nuestra libertad. Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo, en libertad, desde fuera de Nicaragua", escribió. 

Actualmente, Nicaragua ocupa el puesto número 121 dentro de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de este año de Reporteros Sin Fronteras (RSF). La organización denunció que "desde abril de 2018, (...) la represión de la prensa independiente se ha vuelto feroz" llevando al exilio a un gran número de periodistas, así como a prisión a otros que fueron acusados de terrorismo.

Por otra parte, RSF exigió la "liberación inmediata y el respeto a la integridad física" del periodista deportivo y bloguero, Miguel Mendoza; y del periodista y precandidato a la presidencia del país, Miguel Mora.

El Observador y AFP

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