La puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) dio protagonismo a una figura desconocida en la aplicación del derecho penal uruguayo: los procesos abreviados, en los que la Fiscalía llega a un acuerdo con el victimario. Desde el 1 de noviembre del año pasado, 80% de los casos que se judicializaron terminaron bajo ese proceso, según dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, en entrevista con el informativo de radio Sarandí.
"Es el corolario de este sistema acusatorio donde pierde protagonismo el juez, que queda relegado a su función tradicional de tercero imparcial que termina decidiendo. Y aquí en realidad terminan decidiendo las partes. Hay una suerte de autocomposición, dado que la Fiscalía –por las razones que estime cada fiscal convenientes– no quiere transitar el proceso ordinario", señaló el ministro. Eso significa que no se requiere diligenciar la prueba en la audiencia y "prefiere hacer una oferta para terminar el problema, bajando la eventual condena proyectada".
El beneficio para el victimario puede llegar a que se le reduzca 30% la condena, a cambio de que acepte su responsabilidad y, por ende, el acuerdo que el fiscal le ofrece. El juez en esos casos debe homologar lo resuelto, pero no tiene capacidad de decisión sobre esa medida.
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Para Chediak, lo que está sucediendo es que al haber un porcentaje tan alto de casos donde se aplica el proceso abreviado "se tiende a un a penas más bajas que tradicionalmente", por esa rebaja de hasta 30% que habilita el CPP. Hay casos, dijo el ministro, donde son "sorprendentemente bajas". "Por lo cual, yo acompaño esta situación del proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo tratando de acotar en algunos casos las posibilidades que tiene el proceso abreviado obligando a transitar el juicio", en referencia al proyecto que está a estudio de la comisión de Constitución y Legislación del Senado, que seguirá siendo tratado este martes y puede ser votado en el plenario de la cámara alta la semana que viene.
Los cambios propuestos incluyen que el proceso abreviado se aplique cuando el delito en cuestión no tenga una pena mayor "a los seis años de penitenciaría o una pena de otra naturaleza, cualquiera sea su entidad". También busca que la prisión preventiva sea obligatoria en casos de delitos gravísimos.
Chediak afirmó que el sistema penal "va mejorando" a medida que pasan los meses, pese a que el CPP "todavía está en pañales". "Viene mejorando, se viene reacomodando el sistema y estamos seguros de que en algún momento se va a generar el mismo nivel de eficacia (que antes)", dijo, y reiteró que "hay que ir haciendo los ajustes que sean necesarios".
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