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Se trata de una norma "justa" para el gobierno.

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En aplicación de la LUC se desactivaron 21 ocupaciones y cinco piquetes fueron disueltos

El gobierno valoró el resultado de las normas que garantizan la “libertad de trabajo” y que para el PIT-CNT vulneran un “derecho humano fundamental”

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20 de marzo de 2022 a las 05:00

En mayo de 2006, a través de un decreto,  la ocupación de los ámbitos de trabajo privados pasaron a considerarse una extensión del derecho de huelga.  En diciembre de 2010, otro decreto establecía el desalojo inmediato de las oficinas públicas ocupadas. En ellos estuvo el origen de una situación “inequitativa” que el actual gobierno, una década después, corrigió a través de la ley de urgente consideración (LUC)

 Así por lo menos se lo dijo a El Observador el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, al defender la vigencia de una norma “justa”, que corre riesgo de quedar por el camino si triunfa el Sí en el referéndum de este 27 de marzo. El artículo 392 consagra “la libertad de trabajo” al garantizar, “el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el de los no huelguistas a acceder y trabajar en los establecimientos” y “el de la dirección de las empresas a ingresar libremente en las instalaciones”

Está relacionado con otros artículos impugnados: el 468, que declara “ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público”, y el 469, que habilita al Ministerio del Interior a disponer de las “medias pertinentes” para garantizar la libre circulación y el orden público. 

Su aplicación supuso, hasta este viernes, 26 intervenciones por parte de las autoridades: se desarticularon 21 ocupaciones y se disolvieron cinco piquetes. 

El periplo comenzó el 2 de setiembre de 2020. Fue en local central de la UTU . Docentes y funcionarios protestaban por “recortes presupuestales”. El local volvería a ser ocupado el 20 de octubre de ese año. La última intervención según los datos oficiales, fue el 18 de febrero de este año,en una estación de servicio en Salto.

En el medio fueron ocupados la Reguladora de Enseñanza Secundaria, el Instituto de Perfeccionamiento Docente, diez liceos,el Instituto Tecnológico Superior, la Escuela Técnica del Cerro, la de Santa Catalina, la planta potabilizadora de Aguas Corrientes y siete oficinas de OSE, cinco de ellas en forma simultánea También fueron ocupadas la sede de Ancap, la planta Capurro de Alcoholes del Uruguay (ALUR), la planta de Acodike y un establecimiento rural en Canelones. Solo en las dos ocupaciones de UTU central y en una de las de OSE fue necesaria la presencia policial. En el resto, bastó el aviso para que la medida fuera desactivada. 

Mieres valoró los resultados. “Hubo un diálogo permanente. Cuando se llegó al punto de tener que pedir la intervención del Ministerio del Interior, se hizo de manera ordenada, dentro de las reglas de juego”. La excepción fue el violento desalojo del piquete que en diciembre de 2021 tuvo lugar en la entrada de la Terminal Tres Cruces. Un manifestante fue herido por balas de goma de la Policía. “Nunca debió haber ocurrido eso”, sostuvo el ministro. 

Deberían ser permitidos

Mieres defiende que la normativa es una “copia textual” de un dictamen del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que había objetado en su momento los decretos que puso en vigencia el Frente Amplio. 

En su exposición al Parlamento cuando la ley se discutió, el representante de esa oficina, Humberto Villasmil, no puso reparos a lo relativo a las ocupaciones. Apuntó sí que las acciones de huelga suelen ir acompañadas de piquetes a la entrada de los lugares de trabajo, para así asegurar el éxito de la medida. Por ende deberían estar permitidos, siempre que se desarrollen en forma pacífica. “Sería preferible que las restricciones se limitaran a los casos en que estas acciones dejen de ser pacíficas”, dijo. “Solo se debería recurrir a la fuerza pública en circunstancias excepcionales”. En todos los casos, remarcó, deber garantizarse que los no huelguistas puedan acceder a trabajar, así como la dirección entrar en los locales de la empresa. 

En su informe al Parlamento, el PIT-CNT cuestionó que el artículo 398 asimile un derecho fundamental, como es la libertad de trabajo, con la potestad del empleador de dirigir y organizar el trabajo dentro del establecimiento. “No lo entendemos procedente”, se indicó. El movimiento sindical advirtió que el gobierno hacía un “uso inadecuado” del mecanismo constitucional de leyes de urgente consideración y así regular un “derecho humano fundamental” como la huelga. También, que la reglamentación restringe ese derecho, su ejercicio y su efectividad, consagrado en el artículo 57 de la Constitución sin condiciones previas.

Con respecto a los piquetes, el PIT-CNT asegura que la LUC no distingue entre el realizado como una acción civil del efectuado como modalidad de derecho de huelga. “No solo se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente, sino también a hacerlo en calidad de trabajadores”, se concluye. 

La interpretación del PIT-CNT es que el artículo 57 del texto constitucional habilita el piquete, ya que es una modalidad que puede ser asumida por una huelga. l
 

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