En Perú, la comunidad más contaminada del mundo pide justicia ante la CIDH

Tumores, problemas musculares e infertilidad son algunos de los muchos padecimientos que sufren los habitantes de la comunidad desde 1997 por las actividades del complejo metalúrgico de la minera Doe Run Perú, que en 2007 pasó a formar parte del Grupo Renco, con sede en Nueva York, compañía que se declaró en quiebra en 2009. Desde entonces, las instalaciones están cerradas, pero sus afectos todavía se hacen sentir.

En 2006, y ante la ausencia de respuestas, los pobladores, patrocinados por las oenegés AIDA y APRODEH que los representan legalmente, demandaron al Estado peruano por la violación de sus derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 estableció la responsabilidad del Estado y remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta semana, en su 153 período ordinario de sesiones que tuvo lugar en Montevideo, la capital de Uruguay, los siete jueces que integran la CIDH escucharon a pobladores de La Oroya, que durante décadas han estado expuestos a metales pesados, como plomo, cadmio y arsénico, todos ellos provenientes del complejo minero y metalúrgico.

"El Estado fue como un padre que nunca nos dio la cara", dijo Rosa Amaro, de 74 años, quien residió en la localidad hasta 2017. Ante los jueces del tribunal, Rosa atestiguó cómo los cerros quedaron "pelados" y cómo los pobladores “sufren ardor en los ojos y garganta, dolores de cabeza y dificultades para respirar”.

Rosa relató que luego de sufrir dos abortos se sometió a un tratamiento de fertilidad para poder ser madre a los 43 años. De sus dos hijos, uno padece sordera. Entre lágrimas, la mujer, que presidió el Movimiento por la Salud de La Oroya, explicó que debió abandonar el pueblo. La razón: las amenazas que recibió de las familias de los trabajadores de la mina, que consideran que los reclamos van en contra de la fuente de trabajo y reclaman la reapertura del complejo.

Los demandantes argumentan que el Estado peruano no sólo incumplió su obligación de regular y fiscalizar a Doe Run Perú y las empresas que la precedieron, permitiendo que generaran altos niveles de contaminación en detrimento de la salud de los pobladores, sino que tampoco garantizó al acceso a la información por parte de los habitantes sobre decisiones que les afectarían, ni investigó las amenazas y los hostigamientos en su contra.

"No puedo cerrar bien la mano, tengo movimientos involuntarios en el pie", dijo Yolanda Zurita, de 63 años, antes de contar que también ha padecido tumores, convulsiones y dolores en el riñón. "Mi salud ya está destruida. Lo único que busco es que las futuras generaciones gocen de buena salud", afirmó al ser consultada por la agencia de noticias AFP sobre sus expectativas con relación al proceso judicial.

Daño probado

"La presencia de las sustancias químicas puede significar un riesgo, pero no concluye daño", argumentó John Astete, especialista en medicina ocupacional y medio ambiente, al atestiguar como perito del Estado, cuya defensa se basa en que los problemas de salud no pueden ser vinculados directamente a la contaminación. Posición relativizada por la abogada de AIDA, Rosa Peña, quien indicó a AFP que la responsabilidad estatal reside en que se expuso a la población a un riesgo probado.

"Probar el nexo de causalidad entre la contaminación y la enfermedad no es necesario para determinar la responsabilidad", aseguró la letrada, alegando que "el Estado, sabiendo que existía ese riesgo, mantuvo a la población en esos niveles de exposición". Por su parte, el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, quien declaró como perito de los demandantes, indicó que dado que La Oroya sigue contaminada "puede hablarse de una vulneración continua" de los derechos de sus habitantes.

Doe Run Perú fue propiedad del estadounidense Grupo Renco, que operaba el complejo metalúrgico, se declaró en bancarrota en 2009 y, tras un largo proceso, cedió en julio pasado a los trabajadores la propiedad de las instalaciones. Actualmente, la planta no está operativa, pero los 1.305 mineros que son acreedores laborales reclaman al gobierno reactivar las instalaciones.

La audiencia por el caso de La Oroya tuvo su segunda y última audiencia el jueves pasado con los alegatos finales de ambas partes. Ahora, se espera que los jueces de la Corte IDH dicten sentencia en unos seis meses, falló que será inapelable y determinará si hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por el Estados peruano.

Liliana Ávila, también abogada de AIDA y representante legal de los demandantes, subrayó durante las audiencias que el complejo metalúrgico tuvo varios operadores, tanto públicos como privados, y que "las sustancias tóxicas han permeado la tierra, el agua y el aire” con niveles que superan largamente los estándares internacionales.

"Expertos internacionales han documentado a La Oroya como un caso gravísimo, único en el mundo, que requiere medidas urgentes", señaló Ávila, quien subrayó que "el daño ya está causado y es irreversible". Posición que contrastó durante la audiencia en la del abogado del Estado peruano Carlos Reaño, quien sostuvo que "no toda la presencia de metales pesados implica un daño a la salud".

“Para imputar responsabilidad internacional debe existir un nexo causal entre los actos reportados y sus consecuencias, no es el caso”, dijo Reaño. “Las enfermedades no pueden vincularse directamente con la contaminación. La relación de causalidad es y ha sido un aspecto usado por la Corte para determinar reparaciones, por lo tanto es posible usarla para una exención de responsabilidad", argumentó el abogado.

Efectos del plomo

Según los médicos, el plomo se absorbe y al no cumplir ninguna función se deposita dentro del organismo, especialmente en los órganos blandos y en los huesos. Entonces, y sin mayor aviso, ataca el corazón, el cerebro, los riñones y se manifiesta en alteraciones en el sistema nervioso central, anemia, cáncer, leucemia.

“Todos los trabajos realizados muestran que el noventa por ciento de los niños que participaron de los estudio, una muestra representativa de la población de La Oroya, tenían niveles de plomo en sangre por encima de lo que recomienda el organismo mundial de la salud”, explicó en su momento José de Echave, investigador de CooperAcción, una de las oenegés peruanas que han se han ocupado del tema.

Preguntada por los medios peruanos, Tania Chancasanbampa, directora del Centro de Salud de La Oroya, relativizó que a nivel internacional se haya catalogado a la ciudad como una de las ciudades más contaminada del mundo señalando que la empresa no funciona desde hace ocho años. En efecto, la magnitud del escándalo ambiental obligó a cerrar el complejo.

Chancasanampa explicó que en la actualidad, lo que buscan las autoridades “es que las familias tomen medidas preventivas, sobre todo hábitos de vida saludable, como el lavados de manos y mejorar la alimentación”. Una respuesta insuficiente y no repara los daños causados, pero que tiene cierto apoyo en una población para la cual la contaminación es, simplemente, parte de su vida.

El caso de la La Oraya no es el único. Repetidas veces, los pobladores de otras ciudades mineras de las regiones Junín y Cerro de Pasco han llegado hasta la capital peruana para denunciar la contaminación de ríos, lagos y el medio ambiente en general. Algunos hasta se han encadenado frente a la sede del Ministerio de Salud para que el gobierno los escuche. Un clamor que aún hoy no es escuchado. Una situación que, ahora, la CIDH tiene ahora la posibilidad de comenzar a revertir.