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En un país sin perreras
Las protectoras lo pedían desde hacía 20 años y la ley de bienestar animal de 2009 terminó de darles la razón: las perreras, establecimientos donde los canes eran sacrificados o incluso usados para experimentación si nadie los reclamaba, debían dejar de existir en Uruguay. Y así fue.
El problema es que no se implantó un sistema alternativo y los refugios, con o sin ayuda gubernamental, pasaron a cumplir con la función de darle hogar a los perros callejeros o maltratados.
“La válvula de control de población canina antes era cruel”, dijo Homero Cabanas, presidente de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal (Conahoba). “Pagaban la culpa de la tenencia irresponsable los animales, que eran inocentes”.
Ahora queda librada a la buena voluntad, formación y financiamiento que consiguen particulares para castrar, alimentar y hospedar a los perros mientras se les busca un hogar definitivo.
La Conahoba recibe entre ocho y diez denuncias de maltrato animal semanales. De ellas, explicó Cabanas, por cuestiones presupuestales y de personal, solo pueden atender las urgentes. En lo que va del año, tuvieron que intervenir en tres situaciones de gravedad en dos refugios de Soriano y uno de Rocha.
Denuncia internacional
Hasta ayer, 1.400 personas habían firmado una petición online en la plataforma de acción social Change.org para ayudar a los perros del refugio San Salvador de “Dolores City”. Escrita en inglés y español, y promovida por la ONG Worldwide Events to End Animal Cruelty (Weeac), la carta abarca 16 puntos, algunos tan básicos como que “se les ofrezca atención veterinaria integral a los animales allí alojados, castraciones, tratamientos y vacunación”.
La petición está dirigida al alcalde de Dolores, Javier Utermark, e incluye impactantes imágenes de perros desnutridos, lastimados y hacinados. A la Conahoba llegó la misma versión a principios de este año.
Según Cabanas, se comprobaron tanto la malas condiciones de los animales como el manejo poco claro de fondos. Utermark desmintió que la situación fuera tan grave, pero destacó que de todos modos la alcaldía invirtió entre $ 40 y 50 mil para lograr las condiciones sugeridas por Conahoba.
Cercar el predio de 300 metros cuadrados, contratar a un veterinario fijo y comprar cuchas para parte de los 150 perros que viven allí fueron algunas de las medidas que se tomaron. Los cambios atrajeron donaciones, socios y voluntarios, dijo Utermark, quien contó que planifican hacer una reinauguración del refugio en junio.
“Hubo una mejoría sensible gracias a la colaboración de la alcaldía y de la gente. La contra cara es lo que está pasando en La Paloma”, dijo Cabanas.
Del camping al basural
Al principio, el refugio de La Paloma se instaló en el Camping Andresito. El peligro que significaban los perros en un lugar tan concurrido durante el verano, hizo que el alcalde, Alcides Perdomo, este año decidiera trasladarlos a un basural.
Las medidas provisorias se volvieron definitivas y las mejoras jamás llegaron, contó Cabanas. El caso tocó fondo cuando una joven denunció por Facebook que un perro estuvo al menos tres días muerto en un encierro compartido por otros animales. Y por los bichos que llegaron cuando empezó la descomposición del cuerpo.
“Los perros están en modestas condiciones, pero no hay voluntad de maltratarlos”, dijo Perdomo. En su opinión, este es “un tema contradictorio”: “No podemos hacer caniles de lujo y que la gente esté mal”. De todos modos, aclaró que una ONG trabaja con la Intendencia de Rocha para remodelar el lugar.
A la espera
Mientras la Conahoba espera que el Ejecutivo apruebe la reglamentación de la ley de bienestar animal que elevaron a fines de 2011, sigue interviniendo en casos extremos con el escaso poder de la recomendación.
El viernes pasado, sin ir más lejos, intervinieron en un refugio de Mercedes donde el dueño, por falta de información, alimentó a los más de 350 perros que tiene con achuras crudas, generando un foco de riesgo de hidatidosis.
En Uruguay, la necesidad también tiene cara de perro.
