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Entre la coalición y la alianza
En las tres décadas largas desde la restauración institucional se han elegido siete gobiernos, tres de los cuales han contado con mayoría absoluta parlamentaria monopartidaria, tres con una mayoría parlamentaria bipartidaria producto de una coalición explicita y uno con una arquitectura especial producto de la excepcional circunstancia de la transición institucional y la necesidad de afianzar las instituciones. Es decir, que en esta etapa de un formato de algo más de dos partidos relevantes (en términos estadísticos de dos partidos y medio) se ha estado en una mitad de tiempo de gobiernos monopartidarios y una mitad de tiempo de gobiernos de coalición.
En materia de coaliciones la experiencia es diferente a la europea, seguramente por el peso político que supone para un partido la tenencia de la Presidencia de la República. Mientras que el criterio europeo tiende más a una relativa proporción entre bancas parlamentarias y miembros del gobierno, en Uruguay ha habido un peso decisivo del partido titular de la Presidencia.
Por ejemplo, en el periodo 1995-2000, producto de las elecciones de 1994, en que el Partido Colorado y el Partido Nacional tuvieron un equilibrio electoral (1,1% de diferencia entre uno y otro, sobre el total del electorado), el partido auxiliar en el gobierno tuvo la presencia de tan solo 4 miembros de los 14 miembros del Consejo de Ministros, mientras el partido titular de la Presidencia de la República contó con 10 miembros (además del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con rango de ministro, y el secretario de la Presidencia de la República). Inclusive una distribución parecida se dio en el periodo 2000-2005, producto de las elecciones de 1999: 9 miembros del Partido Colorado y 5 del Partido Nacional, cuando la representación parlamentaria ameritaba una relación más hacia el 8 a 6. Y eso que en esas elecciones -primera en la aplicación del balotaje- el presidente de la República resultó elegido por la coalición electoral explícita de ambos partidos tradicionales, es decir, con el decisivo apoyo del segundo partido coaligante, del Partido Nacional.
Tras tres periodos de gobierno monopartidario y otros tres de coaliciones explícitas, se observa la demanda de la sociedad de gobernabilidad, es decir, de que el próximo gobierno cuente con mayoría parlamentaria. En el caso del Frente Amplio -de retener la Presidencia de la República- todo indica que no contaría con mayoría absoluta propia (para que ello ocurriese se requieren vuelcos extraordinarios de la opinión pública, lo que aunque no se descartan, resultan con un bajísimo nivel de probabilidades de ocurrencia) En tanto el Frente Amplio no asuma de manera explícita su gran dificultad de revalidar una mayoría parlamentaria, es difícil prever cómo gobernaría sin ella, que admite al menos dos formatos: la conformación de una coalición formal y explícita, o la búsqueda de apoyos puntuales.
En la oposición tradicional aparece con fuerza la idea de ir hacia entendimientos previos a la elecciones nacionales de octubre.
Hasta ahora el único antecedente de acuerdo previo es el de 1999, pero previo al balotaje y posterior a las elecciones nacionales (las de octubre). En la actualidad se manejaría la búsqueda de acuerdo previos plenos, con anterioridad a octubre, y en base a dos cosas: Una es el compromiso de todos los coaligantes de apoyar en el balotaje al candidato presidencial que emerja de esa coalición, dicho en otros términos, a la fórmula del partido que obtenga más votos entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Otra, coadyuvante, es el compromiso de gobernar en conjunto, en coalición, en base a un programa mínimo común.
La alternativa a la coalición de gobierno es la coalición electoral integral, vale decir, el votar toda la oposición tradicional bajo un mismo lema. Ello tiene sus ventajas y desventajas. Si el área tradicional (partidos Nacional, Colorado y de la Gente) pudiese tener exactamente la misma cantidad de votos yendo bajo un mismo lema que bajo lemas separados, sería probable que bajo un mismo lema obtuviesen alguna banca más en una u otra cámara, o en ambas, que yendo separados, en función de la lógica del método d’Hondt.
Las desventajas que se aprecian son de dos tipos. Una es que deberían concurrir con una sola fórmula presidencial para los tres partidos, lo cual sin duda significaría pérdida de votos hacia otros partidos. La otra desventaja es que un estudio reciente de la Encuesta Nacional Factum demuestra que en este momento (dato puntual, que no es una proyección para el año que viene y susceptible de modificaciones profundas) los tres partidos sumados, concurriendo por separado, podrían totalizar 53 bancas (aún con los efectos negativos del d’Hondt), mientras que votando bajo un solo lema llegarían a las 49 bancas. Naturalmente que son estudios puntuales en base a escenarios imaginarios, pero seguramente la lógica de que los tres partidos por separado obtengan más bancas que en alianza bajo un mismo lema, se mantenga independientemente de los niveles que alcancen en el momento de la elección.
En principio, parecería que la concurrencia por separado aventaja a la concurrencia conjunta, en lo que están convencidos los dirigentes de ambos partidos históricos. Sobre lo que corresponde reflexionar es si la ciudadanía acepta una coalición de gobierno con los formatos habidos anteriormente (1990-2005) o por el contrario la aceptación requiere de una participación equitativa de todos los partidos coaligantes. Dicho en términos más teóricos que prácticos, si para los electores es indiferente que la lógica sea de tipo presidencialista o le es más relevante una lógica de tipo parlamentarista. Esta duda no está zanjada y requiere de estudios que la profundicen.
