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Entre la propiedad, el alquiler y la ocupación: la desigualdad en el acceso a la vivienda
La vivienda es el bien de mayor valor que compra un hogar y es uno de los costos fijos más importantes que tienen las familias y, en particular, los inquilinos. El Plan Quinquenal 2020-2024 del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) sostiene que comprar o alquilar se relaciona con los ingresos presentes del hogar y, sobre todo, con las expectativas del hogar sobre los ingresos a futuro.
Según el documento, la tendencia de la vivienda se distribuye de forma desigual y, entre los que tienen mayores ingresos, predomina la propiedad y el alquiler, mientras que las formas de tenencia menos seguras están entre los hogares más pobres.
El 39% de los hogares de menores ingresos son propietarios y esa proporción aumenta al 64% entre quienes tienen mayores ingresos. A su vez, las posibilidades de que un hogar acceda a una vivienda a través de un alquiler aumentan sistemáticamente a medida que incrementa sus ingresos.
Quienes son “propietarios solo de la vivienda” en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) están asociados a los asentamientos. A esta categoría, dice el texto, se le puede agregar los “ocupantes sin permiso” y considerarlos como indicadores de inseguridad de tenencia, porque estos hogares pueden ser constantemente desalojados de sus viviendas. El 47% de las personas que ocupan sus viviendas bajo algunas de estas modalidades están entre el 20% de la población que tiene menores ingresos.
Según los datos de 2019, un 6,8% de los hogares del país residen en viviendas con al menos una carencia de vivienda. Esto representa cerca de 84.500 hogares y de los cuales 16 mil tienen más de una de estas carencias a la vez.
Las tres principales carencias de estas viviendas son la existencia de cocina y baño de uso único para el hogar, así como la relación entre las habitaciones y la cantidad de habitantes.
El acceso a la vivienda en alquiler es más frecuente entre los hogares que presentan ingresos medios y altos, los que cubren este costo sin afectar una proporción alta de sus ingresos en el 75% de los casos.
En los hogares de ingresos medio bajos y bajos, la alternativa de alquiler es muy costosa. Un tercio de quienes acceden a una vivienda a través de esta modalidad destinan un alto porcentaje de su salario al costo del alquiler.
Para los sectores de ingresos medios altos, el alquiler es una alternativa a la compra. Para los sectores de menores ingresos –para quienes alquilar implica resignar buena parte del ingreso– es una alternativa a la ocupación.
Los costos de los alquileres formales son un 37% más alto a los alquileres “de palabra”, dice el documento aunque a partir de datos de la encuesta del INE de 2014. “Esto plantea desafíos fuertes, ya que la inestabilidad de ingresos, combinada con la informalidad en la forma de acceso a la vivienda está asociada al crecimiento de los procesos de expulsión de la ciudad formal hacia las alternativas de tenencia menos seguras, como la ocupación irregular del suelo en las ciudades”, se expresa en el plan quinquenal.
El déficit
Son 57 mil las viviendas que presentan un déficit habitacional cuantitativo y que merecen ser atendidas por el sector público, según una estimación del plan quinquenal presentados por el Ministerio de Vivienda a los legisladores.
Para llegar a esta cifra, la cartera tomó en cuenta un indicador diferente al del plan anterior, en el que, para llegar a la definición, considera que los hogares compartan una misma vivienda, que sean construidas con materiales “irrecuperables”, o que sean hogares en asentamientos que deben ser realojados.
Pero si se considera el déficit habitacional cualitativo, el número de hogares en esta situación llega a 169.573, que representa un 21% del total de hogares particulares.
En el plan quinquenal del período anterior se definió al déficit habitacional cualitativo cuando hay más de dos personas por habitación para dormir, cuando el agua por cañería no está a al menos 100 metros de distancia o cuando no hay servicio higiénico o servicio higiénico con o sin cisterna.
En referencia a la tenencia precaria de viviendas, el último relevamiento de asentamientos irregulares concluyó que desde 2011 surgieron 45 nuevos en todo el país, mientras que se regularizaron en el mismo período 42, según los datos del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).
El PMB estima que existen 39.400 viviendas asentamientos irregulares en Montevideo, 9.500 en Canelones y 16.100 en el resto del país. En total son 65 mil viviendas con estas características en todo el país. Estos datos son solo “indicativos” y no “concluyentes”, afirma el documento, porque no se trata de un censo sino de “resultados provisorios” de una investigación que está haciendo el PMB para estimar la cantidad de viviendas existentes en asentamientos, basado en la interpretación de imágenes satelitales y fotografías de la Infraestructura de Datos Especiales (IDE).
Los objetivos del gobierno
El plan quinquenal prevé que en el período 2020-2024 se terminen –o estén en ejecución final– 23.728 soluciones habitacionales. De este total, 12.501 serán viviendas de cooperativas, 1.358 viviendas por licitación pública –que se destinarán a los programas de vivienda nueva o de alquiler con opción a compra–, y 607 viviendas por licitación pública –destinadas a jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social (BPS)–.
A su vez, se plantean 2.250 viviendas en pequeñas localidades a través del plan Mevir, 4.500 a través de préstamos o subsidios para la adquisición de viviendas en el mercado y 1.352 relocalizaciones de familias asentadas en terrenos inundables o contaminados.
Sin embargo, la diputada del Frente Amplio, Cecilia Cairo, –exdirectora del Plan Juntos e integrante de la Comisión de Vivienda– dijo a El Observador que en ese total se están contando viviendas que "están en ejecución" actualmente. A su vez, criticó que no se están pensando sorteos de cooperativas para este año.
