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Jorge Díaz deja la Fiscalía de Corte después de casi 10 años

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Entre la reformulación institucional y la política: los nueve años de Díaz en la Fiscalía de Corte

Impulsó el nuevo Código del Proceso Penal y la descentralización de la Fiscalía; también tuvo que pelear contra las críticas del sistema político y las sospechas por el caso Calloia

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06 de octubre de 2021 a las 05:02

Atrás de las cámaras, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, encolumnados, no le sacaban los ojos de encima a Jorge Díaz. Caras serias que prestaban atención, algunas con lágrimas en los ojos, escuchaban que el fiscal de Corte dejaría su cargo después de 10 años. Ya lo habían escuchado antes, él se los había dicho luego de haber oficializado la decisión en una reunión con el presidente, Luis Lacalle Pou, en Suárez y Reyes, pero una vez comunicado públicamente, era realidad. "Los logros son de todos, los errores, solo míos", repitió varias veces en un relato en el que destacó todos los años de trabajo en equipo y la dedicación con la que, dijo, sirven sus funcionarios. Se retiró de la sala aplaudido por sus compañeros. 

"Ciclo cumplido", aseguró al ser consultado sobre por qué decidía dejar el cargo ahora y no en abril del 2022, cuando terminaría su mandato. Sostuvo que lo viene pensando desde el año pasado, pero "hubiera sido un acto de deslealtad institucional porque no había fiscal adjunto y no podíamos tener a alguien que realizara la transición". Este abril, se designó por venia del Senado al fiscal adscripto Juan Gómez. En estos meses, tuvo tiempo de adaptarse y ver cómo es la gestión. Por eso, el mes pasado Díaz le solicitó una reunión al presidente, la cual se le fue concedida para el día de hoy y le comunicó la noticia. 

Según supo El Observador, la idea inicial de Díaz era dejar el cargo el próximo diciembre y en su círculo laboral la noticia fue percibida como repentina. Si bien no lo esgrimen como un motivo específico, sostuvieron que los embates constantes hacían mella en su carácter. 

Juan Gómez será el fiscal de Corte subrogante, por lo menos, hasta abril próximo, pero su suplencia podría extenderse hasta que el Senado, a través de una venia de tres quintos, designe a su suplente. Para ello, tiene que contar con todos los votos de la coalición -incluido el de Beatriz Argimón- y uno más. 

El futuro de Díaz está en debate en la palestra pública desde hace varios meses, desde antes que se supiera que su salida iba a hacer tan cercana en el tiempo. Se lo manejó como uno de los candidatos para la vacante en la Suprema Corte de Justicia, pero esa posibilidad quedó por el camino luego de que Guido Manini Ríos dijera que nunca apoyaría su nominación. Dentro de los blancos, las posiciones tampoco eran unánimes por ser visto como un hombre demasiado atado a la izquierda. La voz cantante de esta posición la lleva Graciela Bianchi.

En julio de este año, el diputado colorado Gustavo Zubía y antiguo adversario de Díaz, propuso un proyecto de ley para que la Fiscalía de Corte pase a ser un órgano colegiado de tres miembros. "Es necesario limitar las facultades" que ha asumido el fiscal general de la Nación, había dicho entonces el legislador a El Observador. 

En conferencia de prensa, el ahora exfiscal de Corte anunció que este martes se cierran, para él, 26 años de servicio público. Según contó, dedicará su energía a  trabajar en proyectos en la actividad privada que lo "ilusionan" y "entusiasman", pero de la que no quiso dar más detalles. "Hoy se termina mi vida en el servicio público y paso a ser un ciudadano común y corriente. Obviamente este país es muy chico y más adelante nos seguiremos encontrando", aclaró, cerrando la puerta al ejercicio de cualquier otro cargo público. 

Repasó lo que entiende son los emblemas de su gestión, en una última instancia de "rendición de cuentas". Destacó el haber impulsado el nuevo Código del Proceso Penal, la consagración del estatuto de fiscales y el mecanismo de las instrucciones generales, entre otros aspectos. 

La aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, el leit motiv de la gestión

Fue su bandera y la defendió contra todo y contra todos. Lo respaldó en el Parlamento, en los medios de comunicación y frente a sus subordinados. Pese a que los primeros meses de entrada en vigencia fueron de ajustes y pruebas, Jorge Díaz nunca le soltó la mano al Código del Proceso Penal del que afloraban las quejas. "Hay que evangelizar" a favor del Código, insistía cuando fiscales, legisladores y población sembraban dudas sobre su efectividad. Algunos todavía lo mantienen. "Había que modificar el estatuto de los fiscales porque seguíamos teniendo una estructura típica del siglo XIX en cuanto a la organización interna de la Fiscalía. Éramos una especie de conjunto de fiscales donde cada uno se sentía un señor feudal en su fiscalía y donde no había unificación de criterios. La consagración de un nuevo estatuto de los fiscales establece los principios de unidad de acción y jerarquía, y el procedimiento de las instrucciones generales", dijo en 2018 a El Observador

Este martes, el día en que dejó su cargo tras casi 10 años en ejercicio, lo volvió a defender. Es un "sistema mucho más eficaz y garantista que el anterior en el que se obtienen mejores resultados de investigación y persecución (...) Ese fue el desafió central y el leitmotiv de mi asunción como fiscal de Corte", reconoció.

"En cuatro años creció el número de denuncias aclaradas, el número de personas imputadas, el número de imputaciones, la cantidad de condenas obtenidas, se mejoró sustancialmente el porcentaje de delitos aclarados sobre los denunciados", enumeró. "Al momento de realizar la reforma había 11 mil personas privadas de libertad y solamente el 30% tenía sentencia condenatoria. Hoy el 84% tiene sentencia y solamente el 16% tiene medidas cautelares", defendió. 

El nuevo CPP dio más protagonismo a los fiscales que, a partir de su aprobación, fueron los únicos encargados de llevar adelante la investigación. También introdujo la figura del proceso abreviado, que permite evitar el juicio oral si se llega a un acuerdo entre la Fiscalía y el acusado para aquellos delitos que tengan una pena menor a seis años de penitenciaría. 

En el medio sufrió embates de colegas e integrantes del oficialismo y la oposición. Uno de sus principales críticos fue el exministro del Interior, Eduardo Bonomi. 

A dos años de su puesta en práctica el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, escribió un artículo de la Facultad de Derecho donde afirmaba que el Nuevo Código no defendía a la víctima y no otorgaba garantías a los acusados. En 2018, el exministro Eduardo Bonomi creía que el aumento de los delitos era una consecuencia de la puesta en marcha del nuevo CPP. Ese mismo año, el diputado colorado y otrora fiscal Gustavo Zubía fue penalizado por incumplir deberes funcionales y él contestó -en diálogo con El País- que la Fiscalía de Corte lo perseguía por ser crítico del CPP. Había dicho que el código lo detenía y debía "remar a contramano". "Los hechos, porfiados ellos, destruyeron el relato" de que el Código del Proceso Penal de 2017 "ataba de manos a la Policía", dijo Díaz.

Descentralización y recursos propios

Cuando Jorge Díaz asumió como fiscal de Corte, la Fiscalía era una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. De la mano de Díaz, alcanzaron una vieja reivindicación que, hasta entonces, no había tenido un lugar protagónico en el debate público: ser un servicio descentralizado. 

Algunos meses de discusión y varias comparecencias al Parlamento después, en el año 2015 se aprobó la ley Nº 19.334. Allí se les otorgó independencia orgánica y se dispuso la designación de un presupuesto propio. En cada oportunidad que tuvo, abogó por la mayor "autonomía" de la Fiscalía. 

"Sin esa reubicación institucional era imposible avanzar en el camino de la reforma", aseguró este martes al despedirse. Lograrlo fue de sus primeros objetivos como fiscal de Corte. 

En esta oportunidad, tampoco se salvó de las críticas. El ahora fallecido fiscal de menores Enrique Viana, que tenía una visión muy crítica hacia la gestión de Díaz, presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que convertía a la Fiscalía en un servicio descentralizado. De ello también acusó recibo el fiscal de Corte en su despedida, recordó con alegría que ninguno de los recursos presentados prosperaron. 

El manto de sospechas sobre el caso Calloia

El jueves 19 de diciembre de 2013, cuando Díaz aún era un recién llegado en la Fiscalía de Corte, asistió al piso 11 de Torre Ejecutiva y le adelantó a los jerarcas del momento que el fiscal Juan Gómez pediría procesamiento de Lorenzo y el presidente del Banco República, Fernando Calloia, por el delito de abuso de funciones, ni bien terminara de tomar declaración a Matías Campiani y a sus socios por el caso Pluna, relataron a El Observador fuentes del astorismo en ese entonces. 

El viernes 20, Mujica –que ya venía molesto con el ministro Lorenzo por otros asuntos– le pidió la renuncia, pero el titular del MEF intentó resistir. Ese mismo día los exsocios privados de la aerolínea de bandera estuvieron 15 horas a disposición de la Justicia. La intransigencia de Lorenzo no duró mucho, y al otro día, temprano en la mañana en la casa de Astori, terminaron de acordar su salida

Luego él lo negó, dijo que el dato se filtró y que alguien quería perjudicarlo. El secretario de Presidencia, Homero Guerrero, también lo negó con vehemencia. Allí manifestaron que el fiscal de Corte acudía seguido a Torre Ejecutiva por materias relacionadas al lavado de activos o por conversaciones sobre el proyecto de ley de reforma de la Fiscalía que comenzaba a tratar el Parlamento. 

El fuego cruzado con Cabildo Abierto

Las críticas de Cabildo Abierto al fiscal Díaz datan casi desde su creación. En octubre de 2019 llamaron a la Fiscalía "brazo" del Ejecutivo por haber imputado a Guido Manini Ríos por presuntamente haber omitido denunciar ante el Poder Ejecutivo las declaraciones que había hecho José Nino Gavazzo ante el Tribunal Militar. Antes de eso, Manini tampoco tenía buen concepto de las imputaciones a diferentes figuras militares. 

Menos de un año después, la bancada de legisladores cabildantes pidieron al Poder Ejecutivo su destitución. En ese entonces el senador Guillermo Domenech había dicho que "la gota que rebalsó el vaso" fue la investigación administrativa que había comenzado la Fiscalía contra la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, que archivó la causa que tenía el intendente de Colonia, Carlos Moreira, por audios que se viralizaron en los que ofrecía pasantías a cambio de sexo. “Es público y notorio y corre el rumor que ha sido militante del Partido Comunista”, sostuvo el legislador. 

El diputado Eduardo Lust lo acusó a Díaz, durante la última interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de lavar US$ 11 millones del sindicalista argentino Marcelo Balcedo. Aseguró que Díaz “negocia” con los presos.

Esta semana, los cabildantes volvieron al ataque tras la condena del alcalde blanco Alfredo Sánchez en Colonia. “A esta altura a nadie sorprende, si digo que mientras se mantenga al fiscal Jorge Díaz y al establishment que hábil e inteligentemente el propio Díaz diseñó y armó, ningún corrupto del FA irá preso. Irán otros”, twitteó Raúl Lozano. Aseguró que los socios de la coalición “siguen jugando a la mosqueta” y “pierden”.

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