El presidente regional de Cataluña, el independentista Artur Mas, declaró este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia regional por presunta desobediencia al impulsar en 2014 una consulta sobre la independencia de esta región española, de la que se declaró "máximo responsable". Mas acudió a la instancia acompañado por su ejecutivo, parlamentarios nacionalistas y más de 400 alcaldes de la región.
Para Albert Royo, secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, el caso refleja la baja calidad de la democracia española. "Es impresentable que el Estado español, en pleno siglo XXI, se querelle criminalmente contra el presidente catalán por haber permitido que su pueblo se expresara libremente. Dice mucho de la falta de calidad democrática de España", aseguró Royo a El Observador.
"Obligar al presidente de Cataluña a declarar ante el fiscal el mismísimo día en el que conmemoramos el 75 aniversario del fusilamiento de otro presidente catalán, Lluís Companys, a manos del régimen franquista es una provocación", añadió el representante de esta entidad público-privada catalana.
Durante su declaración, el presidente catalán se escudó en "la libertad ideológica y la libertad de expresión" por haber impulsado esa consulta sin valor legal celebrada el 9 de noviembre de 2014 a pesar de la prohibición decretada por la justicia española.
El tribunal "deberá juzgar si actuar como un demócrata equivale a actuar como un delincuente", dijo Mas, deseando un sobreseimiento porque "por dar la voz a la gente (...) debería comparecer ante un parlamento pero nunca ante un tribunal".
En frente del juzgado, había unos 3.000 militantes que recibieron a Mas como un héroe cuando salió del edificio saludando con cuatro dedos de su mano derecha, símbolo de las cuatro franjas rojas de la bandera catalana, y cantó junto a su amplia comitiva el himno regional.
"¡Todos somos Mas!" o "¡Esto no es justicia, es inquisición!", gritaban sus simpatizantes, cuyas movilizaciones fueron criticadas por el poder judicial como "un ataque directo y sin paliativos" contra la independencia de la Justicia.
El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, en declaraciones desde Bruselas a los medios españoles, calificó de "absolutamente inaceptable" estas manifestaciones por "amenazar e intentar disminuir la justicia".
