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Estado deberá pagar US$ 400 mil diarios si se frena obra del tren de UPM, según Saceem
El Estado uruguayo deberá pagar US$ 400 mil por día a la constructora y a los bancos que están financiando el proyecto si se llega a detener la obra del tren de UPM, según dijo el director de Saceem, Alejandro Ruibal. El director de la constructora aseguró que además se debería echar a todos los trabajadores. “No creo que pase porque en Uruguay siempre triunfa el sentido común”, apuntó.
El próximo viernes 28, el abogado constitucionalista y diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, presentará en Durazno las firmas recolectadas para modificar el trazado de las vías del tren de UPM. En los siguientes días, hará lo mismo ante la Junta Departamental de Florida y luego de Canelones con el objetivo de paralizar la obra y que se cambie el recorrido del tren para que no pase por el medio de centros poblados.
El director de Saceem, que junto con Berkes, Sacyr de Espña y NGE de Francia conforman el consorcio que está llevando adelante la obra, descartó que el paso del tren por medio de centros poblados represente un riesgo. “El tren pasa un 80% en la faja existente y el 20% en otra, pero ahí ya pasaba el tren. Además este es un tren más moderno, que no va a pasar a una velocidad mayor a 40 kilómetros por hora por los poblados, con un sistema de doble barrera, cercos olímpicos y con menos vibración y menos ruido", aseguró Ruibal en declaraciones recogidas por El País.
La inversión del proyecto asciende a los US$ 1.000 millones y está 100% financiada. “El Estado va a empezar a pagarnos a partir de que esté pronta la obra, por allá por mitad de 2022", expresó.
El expresidente y actual senador Julio María Sanguinetti aseguró la semana pasada que el mecanismo que está llevando adelante Lust es el correcto y que puede paralizar la obra. “Esto inviabilizaría la obra”, dijo Sanguinetti en Desayunos Informales.
Recolección de firmas
Desde que el gobierno dio a conocer por dónde pasará el tren, Lust asesora a varios grupos de vecinos sobre las posibles formas de frenar el proyecto y modificar el trazado. En estos grupos hay personas de ocho localidades: Santa Bernardina (Durazno), la ciudad de Durazno, Sarandí Grande (Florida), 25 de Mayo (Florida), la ciudad de Florida, Juanicó (Canelones), La Paz (Canelones) y la ciudad de Canelones.
"Lo que la gente quiera reclamar puede reclamarlo, nosotros cuando alguien nos diga que tenemos que parar veremos y haremos valer los contratos", aseguró Ruibal.
La ley 9.515 es la que regula la posibilidad de un referéndum departamental y establece que el 15% de los inscriptos residentes en una localidad tendrá derecho de “iniciativa ante su respectiva junta en asuntos de dicha jurisdicción”. Es decir, el 15% puede presentar una iniciativa, en este caso para cambiar el trazado del tren, para que se convierta en decreto ley.
No existe ningún tipo de norma que respalde los referéndum locales, pero el artículo 332 de la Constitución establece que "los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas". En este caso la ley análoga es la 9.515 que establece los pasos a seguir para un referéndum departamental.
En caso de que la Junta lo apruebe se transforma inmediatamente en decreto ley y, según Lust, tiene mayor peso que una ley nacional por lo que sería obligatorio cambiar el trazado del tren. Si la Junta no se pronuncia dentro de los 60 días o vota negativamente, se deberá convocar un referéndum.
