Lo acusaron de matar a su novia, el juicio duró 10 años y finalmente lo encontraron inocente
En 2009 Ricardo de la Fuente fue procesado con prisión por el crimen de su novia Laura Busquet (17 años). A la adolescente la mataron a golpes y según el estudio de un médico forense, las heridas de Busquet "coincidían milimétricamente" con la forma de los anillos de su pareja.
Diez años y varios estudios después, la Justicia comprobó que ese análisis era errado, que las heridas no coincidían y no podían situar a De la Fuente en la escena del crimen. Era inocente. De esos diez años, estuvo preso siete, hasta que la Suprema Corte de Justicia –por gracia– le otorgó la excarcelación preventiva. Los otros tres años esperó el juicio en libertad, pero siente que sus derechos fueron vulnerados por el Estado y ahora lo demanda por $ 85.009.716.
Para De la Fuente, el daño moral que sufrió se refleja en tres situaciones. Primero, que hubo un pronunciamiento judicial que cercenó su libertad durante siete años, luego la estigmatización social a partir del delito que se le imputó y por último, la pérdida de ingresos que sufrió por estar preso injustamente.
En la demanda a la que accedió El Observador, se cita un estudio de la psicóloga forense Amaranta Mieres quien afirmó que De la Fuente quedó afectado por su paso por la cárcel. "En diferentes momentos le vienen imágenes de cuando estaba en prisión (flashback) recuerdos de momentos traumáticos en cualquier momento del día. El flashback forma parte de los síntomas de trastorno por stress post traumático", valoró la especialista.
Los abogados de De la Fuente –Santiago Alonso y María Villalba– señalan que si bien el informe de los peritos del Instituto Técnico Forense descartó técnicamente la correspondencia perfecta entre las marcas del cuerpo de la víctima y los pinchos del anillo, en dos instancias la Justicia se opuso a los reiterados pedidos de excarcelación.
"Durante casi 8 años (la prisión) le causó un daño irreparable: pérdida del período de la juventud, daño psíquico y un evidente daño moral", expresaron. Durante todo ese tiempo fue sometido a audiencias, pruebas de ADN, pericias de semiólogos, polígrafo y "suero de la verdad".
Los $85 millones que exige se deducen del lucro cesante, lo que hubiera percibido por sus actividades laborales, lo perdido en materia de ingresos de patrimonio y por depósitos en el Brou a plazo fijo en dólares, así como también la pérdida de aportes al BPS y AFAP. También por daño emergente y moral a él y su madre.